ONU urge medidas preventivas de protección a defensores de DD. HH.

ONU urge medidas preventivas de protección a defensores de DD. HH.

En el informe sobre 2018 expresa su preocupación por el aumento de los asesinatos de estos líderes.

ONU urge medidas preventivas

El año pasado fueron asesinados 116 líderes y defensores de DD. HH. en 24 departamentos, según la ONU.

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Cortesía Defensoría del Pueblo

Por: Guillermo Reinoso Rodríguez*
23 de mayo 2019 , 09:55 p.m.

El asesinato de líderes sociales en el país no da tregua. Este es, precisamente, uno de los puntos sobre los que más llamó este jueves la atención la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), en su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia.

Ese fenómeno persistió el año pasado, no obstante las acciones del Gobierno Nacional para contrarrestar las amenazas y homicidios de estas personas y avances en las investigaciones de los casos.

El informe fue presentado este jueves en Cúcuta, en el marco de la situación que se vive en el Catatumbo, y allí la ONU señaló que hasta la fecha había documentado 116 homicidios de defensores de derechos humanos ocurridos en el 2018, una cifra que podría crecer si el organismo multilateral confirma nuevos casos en terreno y con distintas fuentes.

Este año, según conoció EL TIEMPO, la  ONU ya ha recibido reportes de 57 posibles casos de líderes y defensores asesinados, que están en proceso de documentación.
Los asesinatos de defensores de derechos humanos el año pasado ocurrieron en 24 de los 32 departamentos del país y se concentran principalmente en Antioquia, Cauca y Norte de Santander, que representan el 37 por ciento de los casos confirmados.

Solo en Norte de Santander se presentaron 18 asesinatos –el triple del promedio anual registrado en los tres años anteriores– y 10 de esos hechos se presentaron en la región del Catatumbo.

Cabe recordar que el Gobierno Nacional señaló este año que hay más de 4.000 líderes sociales y de DD. HH. con protección individual y hay 35 medidas de protección colectiva para algunas comunidades.

De hecho, en abril pasado, delegados del Gobierno explicaron en La Haya los principales ejes del Plan de Acción Oportuna (PAO) para la protección de líderes sociales y de DD. HH. El plan incluye, entre otros, la articulación de las entidades del Estado, la intervención integral de los territorios, la atención de las alertas tempranas y las necesidades de los territorios.

La Fiscalía, además, ha reportado que los crímenes contra estas personas se han esclarecido en un 55 por ciento.

Ante el aumento del riesgo que corren los líderes sociales, el informe señala la preocupación de la Alta Comisionada porque en muchas ocasiones las medidas de protección otorgadas a los defensores y defensoras no responden a los riesgos y complejidades del contexto en el que estos desempeñaban su labor.

El 93 por ciento de los casos
a los cuales se hizo seguimiento ocurrieron en contextos regionales que registran una débil o nula
presencia del Estado

La Alta Comisionada reitera que debe priorizarse el enfoque preventivo sobre la adopción de medidas de protección de carácter temporal”, señala el documento.
Los principales perpetradores, según el organismo multilateral, son miembros de antiguas estructuras paramilitares (40 %), grupos armados ilegales (18 %), Eln (8 %) y disidencias de las Farc (8 %).

El 93 por ciento de los casos de homicidios ocurrieron en contextos regionales, que para la ACNUDH “registran una débil o nula presencia del Estado, y son también el resultado de sustanciales retrasos en la implementación del acuerdo de paz, particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos”.

De acuerdo con el informe anual, las personas que tienen mayor riesgo son líderes comunales, miembros de organizaciones sociales y funcionarios públicos de la Defensoría del Pueblo y de las personerías.

La Alta Comisionada señala que el 66 por ciento de los asesinatos estarían relacionados con la denuncia u oposición al accionar criminal, a los efectos de la violencia a niveles endémicos que afecta a la población en general o al apoyo a la implementación del acuerdo de paz, y más concretamente a la sustitución de los cultivos ilícitos. Se registraron homicidios relacionados con este último en Cauca y Putumayo.

GUILLERMO RIENOSO RODRÍGUEZ
*CON APOYO DE NACIÓN Y JUSTICIA
Twitter: @guirei24

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