Una semana después de la muerte de seis campesinos que participaban en marchas contra la erradicación de coca en la vereda El Tandil, de Tumaco –el municipio con más coca en todo el país–, ninguna autoridad se atreve aún a señalar responsables de esa tragedia.
Las comunidades y algunas autoridades insisten en la versión de una masacre a manos de la Policía. Esa institución, que retiró preventivamente a seis de sus miembros mientras se adelanta la investigación, dice que la Fuerza Pública respondió a un ataque armado de las mismas bandas que, sostiene, presionaron las marchas contra la erradicación, y que las muertes no pueden ser atribuidas a los uniformados.
La Fiscalía, entre tanto, desplegó un equipo de casi 100 investigadores que siguen trabajando para determinar lo que realmente pasó.
Pero, más allá de quién mató a los seis campesinos, la única certeza es quién se beneficia con la explosiva oposición a la erradicación de coca en esa zona del país: los narcos puros y duros, que en lo corrido del año han perdido más de 80 toneladas del alcaloide, tan solo en Tumaco, y han visto también cómo los equipos de erradicadores arrasan con más de 9.000hectáreas de coca de las 23.148 que, según la ONU, había a corte del 2016 en ese municipio.
Apenas esta semana, esos mismos intereses criminales fueron afectados por la incautación de un semisumergible capaz de llevar por el Pacífico hasta 17 toneladas de cocaína.
Nadie que conozca el departamento niega que detrás de muchos de los llamados bloqueos sociales a los erradicadores se mueven esos intereses. Pero nadie puede negar tampoco que el Estado está lejos de entregar alternativas reales a las más de 50.000 familias que viven de la coca en Nariño. Unas 30.000, según Juan Daniel Ramírez, coordinador departamental del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, han firmado los pactos voluntarios de sustitución en Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán y El Charco. Pero el programa apenas está arrancando, y las condiciones en contra siguen siendo muchas.
Según el Secretariado Diocesano de Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, la economía ilegal y la cultura cocalera han llevado a que los campesinos, afrodescendientes e indígenas de la zona vean mucho más rentable trabajar en estos cultivos que en los tradicionales.
Así lo expresa el vicario general de la diócesis, padre Arnulfo Mina, quien dice que el precio del cacao el año pasado era de 7.000 pesos el kilo, pero ahora se redujo a 4.000 pesos por los altos costos del transporte. Mientras, al campesino le compran la coca en la misma finca y a un valor muy superior.
El alcalde de Tumaco, Julio César Rivera, dice por su lado que la compleja coyuntura que vive su municipio amerita ahora más que nunca la declaratoria de una emergencia humanitaria y económica. “Nosotros estamos convencidos de que los que no queremos la violencia somos muchos más, con la esperanza de que vamos a superar estos momentos tan críticos con valor y decisión”, sostiene.
En la misma línea, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, señala que antes que la adopción de medidas policivas o militares en Tumaco, se necesitan más alternativas del Estado. Dice que no es coherente que “solo haya 300.000 millones de pesos aprobados por el Congreso para la sustitución de cultivos ilícitos, cuando solo Nariño requiere un billón de pesos”.
En el puerto, el 83 por ciento de los 367.000 habitantes viven en condiciones de pobreza. Y la zozobra que se vive en las zonas rurales apenas ha amainado en las calles del casco urbano, donde el desempleo y la informalidad superan, de lejos, los niveles del 70 por ciento.
Esas son razones de fondo para que los grupos criminales –los que había cuando la columna ‘Daniel Aldana’ de las Farc era el máximo operador de la violencia, y los que han aparecido tras su desmovilización– sigan encontrando carne de cañón barata para sus negocios ilícitos.
Tras el desarme de la ‘Aldana’ han surgido una serie de pequeños grupos, muchos de ellos de milicianos y guerrilleros desertores, que pretenden seguir en el narcotráfico. Grupos como ‘la Gente del Orden’, ‘los Tapita de Huevo’, ‘los Negritos’ y la banda de ‘Guacho’ (se calcula que son 11 bandas) no tienen muchos hombres, pero conocen el modus operandi del crimen en la región y están extorsionando usando los viejos métodos de las Farc.
“Están emergiendo otros grupos al margen de la ley que comienzan a disputarse el casco urbano. Acá en Tumaco, todos los días hay muertos, desafortunadamente, y volvieron las fronteras invisibles”, denuncia el padre Arnulfo Mina. En barrios como Nuevo Milenio, La Ciudadela, Obrero, Panamá, Buenos Aires, Viento Libre y Brisas del Aeropuerto se reactivaron los grupos de jóvenes de entre 14 y 25 años de edad que a punta de palos, piedras, machetes y hasta armas defienden sus territorios.
La tasa de homicidios en el puerto sigue por encima de los 70 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional está en 23.
De contera, el Eln también ha movido gente hacia la zona, donde por años ‘los Úsuga’ han tenido franquicias y negocios con la guerrilla.
Pero hay varias pistas que llevan a las autoridades a pensar que la persistencia de la violencia en Tumaco no depende solo de las condiciones endógenas. Los jefes de todas las nuevas bandas tienen entre 20 y 30 años –‘Don Y’, el jefe la primera disidencia en la zona, tenía apenas 19 cuando lo mataron a finales del año pasado–, y su perfil está lejos de explicar una producción de coca siquiera similar a la que se ha incautado este año.
El análisis lleva incluso a pensar en un actor externo altamente interesado en que las cosas sigan como están; es decir, en que se mantenga el mar de coca. Y ese actor es el poderoso cartel de Sinaloa, el principal comprador de la cocaína colombiana que se mueve por el Pacífico y que lleva casi dos décadas haciendo negocios e incluso ‘inversiones’ en siembras y laboratorios ilegales en la costa de Nariño.
En un laboratorio del CTI de la Fiscalía en Bogotá, peritos determinan si los proyectiles que causaron la muerte de los campesinos fueron disparados por los Policías que se encontraban en el sitio.
Aunque la Fiscalía cuenta con más de 50 testimonios, entre población civil, policías y militares, investigadores señalaron que para tomar una decisión en el caso se dará prioridad a la prueba técnica.
Otro grupo de peritos realiza la reconstrucción en tercera dimensión de los hechos, con imágenes grabadas con drones, para determinar las trayectorias de los disparos.
“Esa reconstrucción nos permitirá evidenciar desde dónde se hicieron los disparos, a qué distancia”, explicó uno de los investigadores.Se espera que esta semana se entreguen los dictámenes para tomar decisiones de fondo en el caso.
JUSTICIA
* Con información de Mauricio de la Rosa desde Pasto
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