El Gobierno Nacional, a través de su ministro de la Defensa, Guillermo Botero, aseguró que la Fuerza Pública obra en todas sus acciones operativas y administrativas sobre la base del respeto a los Derechos Humanos.
Botero desmintió tajantemente que hubiera alguna directriz u orden para incrementar el número de bajas por parte de la Fuerza Pública.
“No es cierto, no existe ninguna instrucción en ese sentido, ni existe ninguna directriz”, puntualizó en declaraciones que se anticiparon al informe del diario New York Times conocido en las últimas horas.
Según ese informe, el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, habría dado la orden a sus tropas de duplicar el número de criminales y guerrilleros dados de baja o capturados e incluso hasta aceptar un incremento en la muerte de civiles si eso ayudaba a conseguir los objetivos en el campo de batalla.
El diario señala que la información fue confirmada por al menos tres oficiales colombianos y otras fuentes del gobierno del presidente Iván Duque. Estos oficiales, en las entrevistas, se declaran preocupados por la presión que se está ejerciendo sobre ellos para producir bajas y sostienen que esto podría provocar un regreso a la época de los falsos positivos cuando miembros del Ejército terminaron asesinando civiles.
En sus declaraciones del viernes, el ministro Botero aseguró que, cada vez que encuentran que se ha infringido la ley penal, de inmediato el caso es puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, y señaló que dependiendo de la situación que se presente, esta se reporta a la autoridad competente.
“Todas las acciones de la fuerza pública colombiana están acompañadas de las autoridades competentes”, expresó Botero.
El Ministro también se refirió a la carta enviada por un grupo de congresistas norteamericanos -con base en el informe de Human Rights Watch sobre ascensos de militares de alto rango colombianos, vinculados presuntamente a investigaciones por falsos positivos, entre ellos el general Martínez.
Botero aseguró “ninguno de los oficiales tiene abierta investigación alguna sobre ese punto. No hay ni en la Fiscalia, ni en la Procuraduría, ni en la Contraloría investigación alguna para esos oficiales(...) Ese circunstancia fue explicada clarísimamente en la Comisión Segunda (Senado) esta semana y de manera unánime se votó por el ascenso de estos oficiales”.
“Aquí hay una política clara, construida con muchísimos años, sobre el total y absoluto respeto por los derechos humanos. Esa es la política de las Fuerzas Militares y la Policía. La misma tiene como objetivo fortalecer el Estado, el régimen democrático, el respeto y la protección por los derechos humanos y la construcción de legalidad que es un pilar del Gobierno”, dijo Botero.
Botero señaló que la Política de Defensa y Seguridad de este Gobierno es conocida por todos y que fue presentada oficialmente en enero desde la base militar de Tolemaida. “Está publicada en la página web del ministerio, y desde la página uno hasta la última contiene expresiones claras y categóricas sobre la importancia del respeto a los derechos humanos”, dijo Botero.
El funcionario afirmó que tiene el firme convencimiento de que sólo con el ejercicio de la autoridad y el restablecimiento de la seguridad en todo el territorio colombiano se garantiza el respeto a los derechos humanos.
Botero puntualizó que desde que llegó al ministerio ha buscado fortalecer el respeto por los Derechos Humanos y que en ese sentido se expidió la circular número 13 para fortalecer los canales de comunicación con la oficina de la alta funcionaria de las Naciones Unidas para los derechos humanos, resaltando que con esa oficina se hacen visitas periódicas a todos los batallones.
De igual forma señaló que este año han capacitado a más de 115.000 personas en el tema del respeto por los Derechos Humanos, pues “de agosto de 2018 a abril de 2019 hemos realizado 38 talleres sobre el tema a nivel nacional sobre la responsabilidad del mando y el uso de la fuerza entre otros aspectos”.
Botero afirmó que el 7 de agosto del año pasado recibió la orden perentoria de cero tolerancia con cualquier actividad que vulnerara la ley, y dijo que esa misma instrucción será impartido a todos los comandantes de fuerza, quienes a su vez se la impartieron a las personas que están al frente de cada unidad militar.
Explicó que se han formado 177 asesores que están a lo largo y ancho del país impartiendo la cátedra de derechos humanos en unidades y guarniciones militares, además que esos asesores acompañan a los comandantes militares en cada una de sus decisiones.
Recalcó que otra de las instrucciones impartidas es la colaboración abierta y permanente con las autoridades competentes en caso de que se habrá alguna investigación.
En lo corrido de este gobierno, dijo, el 97 por ciento de los resultados operacionales corresponden a capturas y desmovilizaciones. "Hemos recuperado 35 niños que habían sido reclutados por los grupos armados organizados”, señaló el Ministro.
Por su parte el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez aseguró que no se está desarrollando una política de incentivos operacionales o de presiones para dar resultados y bajas, y dijo que prueba de ello es que se mantienen los comandantes en cada unidad militar, y no los han cambiado.
“Pero claro que tenemos que fijarnos objetivos y metas ambiciosas si queremos ser un Ejército como lo hemos sido, contundentes atacando todas las organizaciones que están fuera del marco de la ley”, puntualizó.
El general Martínez señaló, además, que el pilar de la institución es el respeto por los Derechos Humanos: “ Hicimos unas reglas de enfrentamiento en la cual le dijimos a cada uno que debe hacer durante el combate. De hecho hoy tenemos más de 140 personas que en combate han sido capturadas, heridos a los que hemos prestado todo el apoyo médico y las hemos dejado a disposición de la autoridad competente, esa es la mejor muestra del respeto por los derechos humanos”.
El oficial dijo que no se impusieron metas a los comandantes de las unidades militares, sino que ellos mismos, conocedores de los problemas y de la situación de su región, fueron quienes trazaron sus propios objetivos y metas a cumplir frente al tema del orden público y la seguridad de los colombianos en su zona.
“Quiero mejorar sus resultados, no estamos hablando de muertos ni nada de eso. Las metas son de ubicación de laboratorios, de ubicación de armas, de insumos, de otras actividades y esos son los resultados. Son 32 variables que tenemos y cada uno de ellos los comandantes en su entorno se fijan las tareas”, puntualizó.
El comandante del Ejército dijo que respetaba los pronunciamientos que se han hecho y que lo vinculan a presuntas investigaciones por los llamados falsos positivos: "Estados Unidos es garante de todas las libertades. Nosotros estamos dentro de un marco constitucional. Existen unos poderes y estamos prestos a acudir a los estrados judiciales. Tenemos en nuestra conciencia tranquila y tenemos las manos limpias porque estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer por este país”.
El general Martinez señaló que en lo corrido del año ha estado recorriendo las instalaciones de la Procuraduria, Contraloria, y hasta la misma Jurisdicción Especial para La Paz solicitándoles verificar si hay alguna investigación abierta en su contra por violación de derechos humanos y afirmó que la respuesta es la misma: no hay nada contra él.
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