Minería de oro ilegal y cultivos de coca, el azote de 74 municipios

Minería de oro ilegal y cultivos de coca, el azote de 74 municipios

Más de 260.000 hectáreas de ecosistemas naturales habrían sido arrasadas por ambos fenómenos.

Cada año, saqueo de minería ilegal equivale a una reforma tributaria

Foto captada con dron de EL TIEMPO que evidencia el daño causado por la minería ilegal en el sector de Cuturú, Caucasia.

Foto:

Carlos Ortega / EL TIEMPO

Por: Valentina Obando J
20 de junio 2018 , 06:35 a.m.

En solo tres años, Colombia pasó de tener 78.939 hectáreas –un área equivalente a dos veces el tamaño de Medellín– de ecosistemas arrasados por la minería de oro ilegal a 83.620 hectáreas afectadas. Ese crecimiento, equivalente al 6 por ciento, significa que pese a las alertas, ese fenómeno criminal y depredador sigue expandiéndose.

Pero no es el único. Según cálculos del Ministerio de Defensa –preliminares de lo que dirá el estudio Simci que está próximo a salir– los cultivos de coca alcanzaron las 180.000 hectáreas sembradas en el 2017 (23 por ciento más que en el 2016); es decir, con los cultivos ilegales y la minería de oro, fue arrasada un área equivalente a siete veces la capital antioqueña.

De hecho, las mediciones dan cuenta que de los 131 municipios donde hay explotación de oro de aluvión, en al menos 74 también hay cultivos de coca.

Las cifras hacen parte del informe Colombia: explotación de oro de aluvión, el segundo de su tipo que elabora en el país la Oficina para las Naciones Unidas contra la droga y el delito en conjunto con el Ministerio de Minas y que fue revelado este martes.

El estudio, que se hace con el mismo sistema de monitoreo satelital de los cultivos ilícitos (Simci), dice que la coincidencia de cultivos de coca con minería ilegal aumentó 4 por ciento entre 2014 y 2016, al pasar de 38 por ciento a 42 por ciento: sobre todo en municipios de Antioquia y Putumayo, las dos actividades (minería y narcosiembras) emplean a centenares de personas y son a la vez controladas y explotadas por organizaciones criminales, como lo han mostrado varios informes elaborados por este diario.

El informe revela cómo al menos la mitad de la minería ilegal está en zonas de categoría especial (parques nacionales, resguardos indígenas y consejos comunitarios); de hecho, el 42 por ciento está dentro de consejos comunitarios de afrodescendientes.

Pese a que son solo 4 de los 52 parques naturales los que presentan afectaciones por minería, el documento señala que entre el 2014 y el 2016, el área arrasada se duplicó, pasando de 47 hectáreas a 111. Pero otros diez parques están amenazados, pues se detectó la presencia de dragas a menos de 20 kilómetros de distancia.

Durante la presentación del documento, el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, señaló que el 66 por ciento de las zonas identificadas no cuentan con títulos mineros ni licencias ambientales, y que en otro 20 por ciento pese a que tienen títulos la explotación se hace sin licencias.

Chocó y Antioquia, son de lejos los departamentos más afectados con 79 por ciento del área afectada. En el primero hay 33.024 hectáreas y en el segundo 30.897. “Al menos 23 municipios del Chocó, 77 por ciento del total de municipios del departamento, reportan evidencias del fenómeno”, dice el documento.

Le siguen Bolívar, Cauca, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca, que concentran 20 por ciento más. El 1 por ciento restante está distribuido en otros 7 departamentos.

El documento, que compara los resultados con los del 2014, dice que de las hectáreas detectadas ese año 54.910 siguen siendo explotadas, mientras que 24.029 tienen indicios de aparición de pastos, es decir, en ellas se frenó la explotación.

Sin embargo, se afectaron 28.710 nuevas hectáreas en zonas aledañas a las ya afectadas y otras 8 mil en regiones en las que antes no había ese tipo de minería.

Alerta por lavado

El viceministro Cante insistió en que el oro, del que Colombia es el decimoquinto productor mundial, es utilizado por redes de lavado de activos que logran que prácticamente todo el metal extraído ilegalmente termine vendido al exterior, principalmente Europa y Asia (del que India es un comprador importante) con el amparo de algunas empresas legalmente constituidas. Incluso, señaló que 11 compañías en Antioquia ya han sido sancionadas por ello.

La producción del país está hoy sobre las 41 toneladas. Pero en el 2016 se reportaron más de 60, y lo que se cree es que muchas de esas exportaciones en realidad solo existieron en el papel. Los mayores controles han incidido en que la exportación se haya ajustado a la baja.

Las organizaciones utilizaban a los barequeros (explotadores tradicionales) para legalizar supuestas explotaciones que estaban muy por encima de lo que usualmente extrae uno de esos trabajadores del aluvión. La ley protege esa práctica y les permite legalizar una producción de hasta 30 gramos al mes.

Sorprendentemente, estaban apareciendo barequeros con reportes de entre 500 y 1.000 gramos cada mes, es decir, mineros informales que reportarían ingresos de 80 millones de pesos al mes. También se vio una milagrosa reproducción de barequeros: hasta 5 mil en municipios que usualmente tenían unas 100 personas trabajando en los aluviones.

Por eso se han tomado medidas como la creación del Registro Único de Comercializadores (Rucom), que empezó a operar en el 2016 y exige que todos los negocios con el metal pasen a través del SIM Minero y el registro de los barequeros al Registro Unico Tributario (RUT).

En el mismo sentido, se exige a los compradores internacionales que verifiquen el debido cumplimiento de los requisitos legales en la cadena de suministro de minerales.

Las dos zonas más afectadas por esta práctica

El informe afirma que Antioquia y Chocó son los departamentos del país más afectados por los efectos nocivos del mercurio –clave en este tipo de minería– en la salud de los seres vivientes y en el ecosistema.

Igualmente señala que se han reportado y documentado efectos negativos en las personas, tales como daños en el sistema nervioso central, daños a las funciones del cerebro, al ADN y los cromosomas, reacciones alérgicas, irritación de la piel, cansancio, dolor de cabeza, efectos negativos en la reproducción y defectos de nacimientos, así como abortos.

Lo más grave, advierte el documento, es que en la explotación minera a gran escala que se registra en esos departamentos no solo se usa mercurio sino otras sustancias químicas como ácido nítrico, ácido sulfúrico, disolventes, nitrato de amonio, diésel, y explosivos amoniacales como anfo. También combustibles como gasolina y sales de cianuro, que generan otros efectos nocivos para la vida y el ecosistema.

JUSTICIA

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