“Yo trabajo como cualquier campesino honrado en este país, me levanto a las cuatro de la mañana, desayuno, empaco almuerzo y arranco para la mina. No le puedo dar una hora exacta de regreso porque todo depende del barequeo”, narró a EL TIEMPO Camilo, de 34 años, quien vive en zona rural de Tarazá (Antioquia).
Cada mañana hace un recorrido en moto hasta determinado punto, y de allí camina a la mina, ubicada en la vereda Santa Clara. “Es como una hora y media de camino, el ideal es estar a las seis de la mañana listos para que la maquinaria nos abra el corte; si no hay corte, no se puede barequear, y no hay comida para llevar a la casa”, puntualizó.
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Camilo forma parte del grupo de mineros que hace más de dos semanas protesta por las acciones de la Fuerza Pública, que tiene como instrucción acabar con la maquinaria amarilla (excavadoras, retroexcavadoras, dragones y dragas) que se utilizan para la extracción ilegal de oro de aluvión.
Dependiendo de las condiciones de la mina y de la maquinaria, un barequero puede extraer al día “un tomín, que son dos reales de oro; para que me entienda, un real son seis gramos. En promedio extraemos 12 gramos día”, dijo Camilo, quien reconoció que tiene colegas que no cuentan con el apoyo de la maquinaria y extraen un gramo de oro al día.
Él es solo un eslabón, el más débil de la explotación de oro ilegal, en la que los grandes jugadores son millonarios poderes protegidos por la guerrilla del Eln y los grupos criminales. Estos grupos tienen el dinero para comprar costosas máquinas, trasladarlas a las zonas de exploración y cuentan con el poder corruptor para que las autoridades no vean cómo esos pesados equipos son movidos por las carreteras del país.
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Bloqueos en Tarazá, Antioquia, por el paro minero
Cortesía El Colombiano
Detrás de ese gran negocio, y no el de los barequeros, funcionan sofisticados esquemas para mover los valiosos minerales obtenidos ilegalmente que incluyen empresas fachada, operaciones de papel, documentos falsos y la financiación de grupos armados para garantizar la seguridad de su operación y amedrentar a quien se oponga a sus actividades.
En aguas del río Nechi, que desemboca en el río Cauca (que cruzan el Bajo Cauca antioqueño), se mezclan bajo el inclemente sol de la región los llamados mineros legales y los informales, que se dividen a través de una delgada línea y es la de estar registrados como mineros de subsistencia, unos 165.000 en las listas del Ministerio de Minas y Energía.
Estos mineros de subsistencia son el llamado al primer paso a la formalidad, en una actividad económica que por décadas se ha desarrollado sin mayor control –dejando graves consecuencias en el medioambiente–; de hecho, los mineros registrados logran un cupo anual de 400 gramos para la venta, algo así como unos 37 gramos por mes.
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Camilo, que extrae mucho más que 37 gramos al mes, no está registrado y les vende a terceros su producción. “A mí me pagan por gramo 80.000 pesos”, dice. Y guarda silencio al preguntarle a quién se lo vende. Padre de tres hijos, él no trabaja para una empresa autorizada, de las que cuentan con títulos mineros –que otorga la Agencia Nacional de Minería– para la extracción del oro, que obliga a cumplir con varios temas de ley y el pago de impuestos.
Coca y oro
Tras la explotación del oro, concentrado en Antioquia y Chocó, según las autoridades, se esconde todo un entramado criminal que solo se puede comparar con la producción de cocaína. Mientras que hoy un gramo de cocaína en las calles de Estados Unidos cuesta 20 dólares (unos 96.000 pesos), un gramo de oro en el Banco de la República (con pago de impuestos) estaba el viernes (17 de marzo) a 285.794 pesos.
Es así como el valor actual del oro a nivel mundial es el que ha incidido directamente en el incremento de la minería ilegal no solo en Colombia, sino en Perú, Brasil y Venezuela, ya que hace un par de años una onza del metal (31 gramos) se cotizaba en 400 dólares y hoy el valor está en 2.000 dólares.
Minería ilegal en Antioquia
Gobernación de Antioquia
De hecho, en algunas regiones del país, según informes de la Organización de Estados Americanos (OEA), “la minería ilegal va de la mano del narcotráfico y otras actividades en las que participan los grupos armados ilegales”. Por ejemplo, el oro ilegal “se utiliza como vehículo para blanquear las ganancias del narcotráfico a través de esquemas de lavado de activos basados en el comercio (TBML), así como también a través del financiamiento de operaciones mineras ilegales”.
Dragones que llegan por río
Brasil es pionero en el hemisferio en la extracción minera, y en ese país se adaptaron dos modelos de maquinaria que se conocen como dragones, que son máquinas flotantes que “facilitan la extracción del oro en los ríos”, pero que generan graves daños al ecosistema.
Habitantes de la zona que trabajan en la minería ilegal intentan apagar el fuego de la maquinaria.
Daniel Muñoz. AFP
Las autoridades señalan que los grupos al margen de la ley traen por piezas los dragones desde Brasil, cada máquina está avaluada en 1.300 millones de pesos, y a eso se suma la inversión en retroexcavadoras y excavadoras, cuyo precio base está en los 600 millones.
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En el Chocó se escucharon versiones sobre el traslado, incluso, en helicópteros de partes de dragones que no lograban cruzar por los abundantes ríos de la zona, y que luego eran armados en los puntos de explotación ilegal.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó el viernes la destrucción de tres dragones, avaluados en 4.500 millones de pesos y que podían producir cada mes 7 kilos de oro, lo que equivale a más de 1.800 millones de pesos.
Esta maquinaria, ubicada en el corregimiento La Esperanza, en Nechí (Antioquia), estaría bajo el control de la subestructura ‘Úlder Cardona’ del ‘clan del Golfo’, evidenciando una vez más la presencia de redes criminales que se lucran del millonario negocio a costa del medioambiente.
Respecto de la minería ilegal, lo que ha sido también un planteamiento del Presidente (Gustavo Petro) es que tenemos que redoblar esfuerzos para acabar con esta actividad.
“Respecto de la minería ilegal, lo que ha sido también un planteamiento del Presidente (Gustavo Petro) es que tenemos que redoblar esfuerzos para acabar con esta actividad y eso supone destruir o por lo menos inutilizar o quitar la maquinaria amarilla utilizada por los grandes mineros ilegales”, aseguró el jefe de la cartera castrense.
Según Velásquez, la Fuerza Pública está empeñada en incrementar sus acciones, “tener el control de territorios y asegurar que nuestras comunidades puedan vivir en espacios de tranquilidad, que es lo que se necesita para desarrollar sus actividades”, puntualizó.
Precisamente, el ‘clan del Golfo’, que cuenta con unos 3.618 integrantes, de ellos 1.435 en armas, es uno de los invitados a la propuesta de ‘paz total’ del Presidente, pero el ministro fue enfático al afirmar que “el proceso de paz en el que está empeñado el Gobierno no implica en ninguna medida ni debilidad ni transigencia con el delito, ni aceptación de que continúen en las acciones y las actividades de narcotráfico o de minería ilegal o de extorsión”, y añadió que “todas esas expresiones criminales seguirán siendo combatidas fuertemente por la Fuerza Pública”.
Solo este año, el Ejército y la Policía han intervenido 1.052 minas y la Fiscalía General de la Nación reporta que ha participado en 101 operaciones contra la minería ilegal (en 2022 y lo corrido del 2023), que dejan 278 personas capturadas y judicializadas.
Zonas impactadas
El más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señala que se detectaron 98.567 hectáreas en las que se registra esta actividad en el país. En el documento se indica que en dos departamentos, Chocó (38.980 hectáreas) y Antioquia (37.588 hectáreas), se registra el 78 % de la explotación aurífera identificada.
Y, precisamente, varios de los municipios donde se adelanta el paro minero son los que se reportan con mayor impacto: Cáceres, Zaragoza, El Bagre y Remedios (Antioquia); y en Chocó están Nóvita, El Cantón de San Pablo y Río Quito. En Nariño aparecen Barbacoas y Magüí Payán.
En Magüi Payán, Nariño, se intervinieron 10 unidades de explotación ilícita de oro.
Ejército
Armando Sarmiento, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana y experto en el tema, dijo que la minería ilegal “está salida de madre”, al considerar que la problemática es directamente proporcional al valor del metal. Para el académico, el problema solo tendrá solución cuando baje el precio del oro y se desmotive al barequero y a las redes que pueden estar tras su extracción.
Sarmiento recordó que la Agencia Nacional de Minería ha reportado que en los últimos 10 años ha habido una extracción anual en el país de entre 40 y 50 toneladas de oro, y que el 80 por ciento se ha concretado tras la minería ilegal e informal, y solo el 20 por ciento corresponde a una actividad legal y controlada.
Felipe Maldonado, que vive en California (Santander), y con su familia vive de la extracción, señaló: “No usamos las grandes máquinas que se ven en la televisión. Esta es en socavones, en túneles. Somos ilegales, y una de las razones es que multinacionales adquieren títulos de pequeños mineros y conforman proyectos de interés natural”. Se quejó de las dificultades que enfrentan para legalizar sus actividades con papeles en regla, con lo que aspiran a poder llegar a mercados formales que paguen lo justo por el resultado de su explotación.
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Señaló que no les dejan opciones a los mineros y que pese a las trabas iniciaron un proceso de formalización. “Y llevamos a un grupo de 160 familias de 450 que hay en California. Quisieron acogerse a un programa de formalización en un proceso muy complicado, pero con inyección de recursos hemos podido avanzar”, explicó.
En esa línea, el profesor Sarmiento reiteró que para vender el oro se debe estar registrado, pero señaló que hay personas a quienes les pagan hasta 100.000 pesos por inscribirse como minero de subsistencia, y “así legalizan lo que explotan. Ahora se están aprovechando de los ciudadanos venezolanos a los que les pagan 80.000 pesos”, puntualizó.
Sarmiento destacó los controles que ha adoptado Colombia frente al lavado de activos y el ingreso de dineros del narcotráfico –desde Estados Unidos y México– a través de joyas de oro, “las cuales funden y tratan de comercializar sin éxito en estos lugares”. Afirmó que oro en lingotes solo se comercializa, sin ningún tipo de control, en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Hong Kong y en China. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó en 2021 un informe sobre deforestación que concluye que entre 2018 y 2020 se perdieron 360.180 hectáreas.
Pérdida de bosques
El documento fue retomado por la Contraloría General de la República, que advirtió que se perdieron 500 hectáreas de bosque al día, algo así como “1.000 estadios tan grandes como El Campín de Bogotá”.
El organismo de control alertó sobre el creciente fenómeno de la deforestación, ya que en 1990 Colombia tenía unos 65 millones de hectáreas de bosque, y 32 años después se está llegando a 59 millones de hectáreas. Lo que equivale a que se han perdido más de 6 millones de hectáreas. Y alerta también que el 66 por ciento de la minería ilegal se está desarrollando en zonas de reserva, en parques naturales y en reservas forestales.
A la deforestación, por la minería ilegal, se le suma un ingrediente más, el uso del mercurio para el proceso de amalgamación del oro, que “consiste en calentar el mercurio, este es liberado en el aire y deja solo el metal precioso”, se lee en un informe de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional que conoció EL TIEMPO.
De hecho, el mercurio “inevitablemente cae a los afluentes hídricos, en donde se realiza la actividad ilícita sin ningún control”, indica Carabineros, lo que lleva a la contaminación del agua, del medioambiente y, a mediano plazo, a afectar la salud de los humanos (ver nota anexa).
Alicia Liliana Méndez
Redacción Justicia
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