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Conflicto y Narcotráfico

En lo corrido del año se han destruido en el país 557 máquinas amarillas

Habitantes de la zona que trabajan en la minería ilegal intentan apagar el fuego de la maquinaria.

Habitantes de la zona que trabajan en la minería ilegal intentan apagar el fuego de la maquinaria.

Foto:Daniel Muñoz. AFP

Autoridades trabajan de manera conjunta para frenar la minería ilegal y los daños medioambientales.

Las autoridades del país han venido actuando de manera coordinada para afectar la minería ilegal y los eslabones delictivos que se asocian a esta actividad.
En ese orden de ideas, el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército Nacional le confirmó a EL TIEMPO que en lo corrido del 2023 ha desarrollado 35 operaciones en Antioquia, Caldas, Cauca, Choco, Nariño y Valle del Cauca, logrando la intervención de 163 unidades productoras mineras, que habrían afectado el medioambiente en “aproximadamente 97 hectáreas, donde se han deforestado más de 58.200 árboles nativos de la zona, y se estima que se han removido más de 610.500 m³ de suelo al mes, por el uso de la maquinaría”.
A esto se suma, de acuerdo con el Ejército, que los uniformados han logrado inmovilizar más de 509 máquinas, avaluadas en más de 42 billones de pesos, por lo que se calcula que los grupos delictivos “dejaron de percibir alrededor de 17 billones de pesos por parte de la comercialización del oro”.
Por su parte, la Policía, a través de la Dirección de Carabineros, reporta que este año ha intervenido 889 minas y destruido 557 máquinas, entre retroexcavadoras (38) y dragas (84), además de la incautación de 148 máquinas y 22 kilos de mercurio y 3.671 gramos de oro.
Son diarias las operaciones de Carabineros, que hoy está concentrado en el Bajo Cauca antioqueño, destruyendo la maquinaria amarilla como lo ordenó el presidente Gustavo Petro.
Minería ilegal en Antioquia

Minería ilegal en Antioquia

Foto:Gobernación de Antioquia

Todas las actividades operativas se realizan en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que indicó a este diario que identificó e impactó en 2022 a estructuras como el frente ‘Ernesto Che Guevara’ y el subfrente ‘Luis José Solano Sepúlveda’, del Eln; la subestructura ‘Jesús Carretera’ del ‘clan del Golfo’, así como una estructura del llamado ‘clan de Oriente’, y dos frentes de las disidencias: el sexto y la ‘Jaime Martínez’, dedicadas a extracción ilegal de oro.
Sobre sus actividades investigativas, el ente acusador afirmó que “avanza en varias líneas relacionadas con posibles hechos de corrupción asociados con actividades de minería ilegal, las cuales involucrarían a funcionarios y particulares”.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación le dijo a EL TIEMPO que en enero de este año convocó la primera Mesa Nacional de Mercurio, en atención a las reiteradas denuncias relacionadas con el incremento de las actividades de minería ilegal en diferentes regiones del país, que estarían generando impactos socioambientales, contaminación de fuentes hídricas, el incremento de la deforestación y afectaciones a ecosistemas estratégicos por este metal, especialmente en los departamentos de Santander, Bolívar, Antioquia, Chocó, Caldas y Boyacá.
De acuerdo con el Ministerio Público, convocó a 50 entidades estatales, entre entes de control, corporaciones, autoridades ambientales, organizaciones, universidades, “para consolidar una estrategia nacional de articulación interinstitucional, que facilite el monitoreo y control del uso del mercurio y sus impactos socioambientales”.
Reiteró que se han generado alertas por las afectaciones que el mercurio puede causar en las fuentes hídricas de Cali, y que no obstante existir una acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales del Parque de los Farallones y de las fuentes abastecedoras de agua, en los comités de verificación que se adelantan”, se ha reportado el aumento de la minería ilegal y la identificación de los líderes de la actividad ilícita en el parque”, señala la Procuraduría.
Con respecto a lo que el órgano de control calificó como “flagelo”, señala que habría alertado al Gobierno Nacional sobre la suspensión de operativos contra minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño, advirtiendo falta de control de las autoridades, lo que habría causado “a octubre de 2022, la deforestación de 10.504,91 hectáreas superando las 10.291,35 hectáreas reportadas en el mes de agosto del mismo año”.
Alicia Liliana Méndez
Redacción Justicia
En Twitter: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com

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