Este año, el 69 % de víctimas de artefactos explosivos son civiles

Este año, el 69 % de víctimas de artefactos explosivos son civiles

En el primer semestre, según el CICR, hubo 181 víctimas de diferentes artefactos, entre ellos minas.

Mina

En el país continúan las labores de desminado humanitario. 

Foto:

Jonh Jairo Bonilla

Por: Milena Sarralde Duque. 
14 de julio 2020 , 09:21 a.m.

En los primeros seis meses de este año, de los cuales en casi cuatro el país ha vivido con restricciones de la movilidad por la pandemia de coronavirus, el impacto del conflicto armado y la violencia no ha dejado de sentirse.

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Uno de los dramas que no cesan, y en el que se sigue calibrando el peso de la violencia, es el de las víctimas de artefactos explosivos, entre los que se encuentran los más conocidos, que son las minas antipersonales, pero también hay otros como los restos explosivos de guerra, los artefactos de detonación controlada y artefactos explosivos lanzados.

Entre enero y junio de este año, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que le hace seguimiento al tema en las zonas donde opera, se registraron en el país 181 víctimas de estos artefactos. De ellas, 27 fallecieron y 154 son sobrevivientes.

Entre las víctimas, 50 fueron afectadas por artefactos lanzados (27 por ciento); 18 por artefactos explosivos de detonación controlada (9 por ciento); y 13 por restos explosivos de guerra (7 por ciento).

Esos restos de explosivos son determinantes porque, según el CICR, pueden ser granadas sin explotar o cualquier otro artefacto que no solo dejan en sus combates o ataques los grupos ilegales, sino también la misma Fuerza Pública.

Pero el explosivo que sigue dejando más víctimas reportadas son las minas antipersonales, con 100 casos documentados por el CICR entre enero y junio, es decir, un 55 por ciento del total.

Una de las últimas víctimas de esos explosivos se registró en el sur del Meta, donde el pasado 10 de julio la Fuerza Pública evacuó a un campesino que perdió una pierna al pisar una mina en la vereda San José, Vista Hermosa. En esa región las autoridades responsabilizaron a las disidencias de estar ocultando nuevas minas para frenar a las autoridades y proteger cultivos ilícitos.

Pero la mayoría de afectados por los artefactos explosivos no son los actores armados.
De las víctimas registradas este año, el CICR asegura que 126 son civiles, lo que muestra que el 69 por ciento de los afectados no hacían parte del conflicto. Entre ellos, 17 eran menores de edad.

Las otras 55 víctimas son combatientes, entre los que se encuentran 45 miembros de la Fuerza Pública y 10 de grupos armados ilegales. Al comparar las cifras con las registradas entre enero y junio del 2019, en ese periodo el CICR reportó 195 víctimas.

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Si bien los casos de este año son inferiores (son 14 menos, para una disminución del 7 por ciento), el número sigue siendo alto si se tiene en cuenta que los accidentes de este 2020 se dan en un contexto de pandemia, en donde se han mantenido medidas de aislamiento –más o menos flexibles– que hacen que la gente deba estar en sus casas.

Así, mientras las cifras de homicidio se han reducido en un 14 por ciento, y otras como las del hurto han caído en un 32,4 por ciento, según la Policía, las de artefactos explosivos no han tenido una baja sustancial.

Que la disminución en plena pandemia no sea significativa y que la mayoría de víctimas sean civiles es un elemento que preocupa al CICR, pues esto es una muestra del drama humanitario que siguen viviendo las comunidades en su día a día, por causa de un conflicto que no cesa.

Víctimas de artefactos explosivos y minas

Víctimas de artefactos explosivos y minas

Foto:

Infografía / EL TIEMPO

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Además, estas cifras siguen rompiendo con la esperanza que había en el 2017, cuando, tras la firma del acuerdo de paz con las Farc, hubo menos víctimas de artefactos explosivos. Ese año, el CICR reportó 57 casos. Al año siguiente, en el 2018, con la reorganización de grupos y las disidencias, el conflicto siguió, y hubo 221. Los casos siguieron aumentando en el 2019, con 352. Y por lo que se expone en los primeros seis meses de este años, es probable que el 2020 termine con una cifra similar.

En este primer semestre, además, los accidentes con artefactos explosivos se registraron en 14 departamentos, siendo Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Cauca los más afectados, pues, según el CICR, concentran el 78 por ciento de las víctimas.

Estos cuatro departamentos hacen parte de los seis que concentran los enclaves productivos de coca, lo que significa que allí se cultiva, procesa y trafica la droga para uso dentro y fuera de Colombia. Esas zonas de enclave son muy importantes para los grupos armados para mantener la producción de cocaína, pues aunque según el último reporte Simci de Naciones Unidas, entre el 2018 y 2019 hubo una disminución del 9 por ciento en las hectáreas sembradas (pasando de 169.000 a 154.000), también hubo un aumento de la producción de clorhidrato de cocaína de un 1,5 por ciento, lo que coincide con la práctica de cercar con explosivos esos territorios.

Estos departamentos con más víctimas de explosivos también coinciden con los que hoy tienen mayor conflictividad: un informe de la Fundación Ideas para la Paz, con corte a mayo, dice que el 80 por ciento de acciones (hostigamientos, emboscadas y ataques) de los grupos armados se dieron justamente en esas cuatro regiones. Y el 72 por ciento de combates entre la Fuerza Pública y los grupos armados ocurrieron en tres de ellos: Antioquia, Cauca y N. de Santander.

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Que el conflicto siga, también dificulta la tarea de las autoridades para limpiar el país en los 720 municipios que, según el Gobierno, tienen algún nivel de contaminación por artefactos explosivos y en donde hay intervenciones en 156 de ellos. Hay 404 municipios declarados libres de sospecha, lo que, en palabras del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, ha permitido un despeje de 6 millones de metros cuadrados y la destrucción acumulada de 3.733 minas antipersonales.

Pese a esos esfuerzos, la meta de liberar a Colombia de uno de los artefactos que genera más víctimas, las minas antipersonales, sigue siendo lejana. Por eso, en marzo Ceballos le pidió al Comité del artículo quinto de la Convención de Otawa que le dé un segundo plazo de 4 años y 10 meses para limpiar los más de 8 millones de áreas peligrosas identificadas en los 156 municipios donde se adelanta el desminado humanitario.

Más allá de si el Estado alcanzará a cumplir ese objetivo si le dan la prórroga, lo importante, asegura el CICR, es lo que se logre avanzar para poder hacer más segura la vida de las comunidades que siguen sufriendo las consecuencias de la guerra cuando van a la escuela, trabajan sus cultivos o caminan por sus veredas.

‘Las minas no son el único artefacto que genera daños’: CICR
Ana María Hernández CICR

Ana María Hernández, Coordinadora de la Unidad de Contaminación por Armas del CICR. 

Foto:

CICR

Ana María Hernández, Coordinadora de la Unidad de Contaminación por Armas del CICR, habló con EL TIEMPO sobre lo que exponen las cifras de víctimas de estos explosivos. 

¿Por qué mientras los homicidios caen en medio de la pandemia, por ejemplo, la disminución de víctimas de artefactos explosivos es tan pequeña?



Al CICR le preocupan varias cosas respecto a estas cifras. Una es que aunque estamos en un aislamiento preventivo se siguen presentado víctimas de estos artefactos. Lo otro son los sitios donde están ocurriendo estos accidentes, que siguen siendo los más afectados por el conflicto. Esto muestra que, independientemente de la emergencia, las comunidades en esas zonas siguen siendo afectadas por diferentes consecuencias humanitarias.

Al CICR le preocupan varias cosas respecto a estas cifras. Una es que aunque estamos en un aislamiento preventivo se siguen presentado víctimas de estos artefactos

¿Qué implica que la mayoría de víctimas sean civiles?

Estamos hablando de población civil, en su mayoría campesina, que en su cotidianidad están sufriendo estos accidentes. Son personas que salieron a recoger la cosecha, o fueron a buscar agua, y sufrieron un accidente con esos artefactos. El hecho de que sean más las víctimas civiles se explica porque en muchos casos el conflicto se da dentro de las mismas comunidades, como en Catatumbo, Chocó, donde los enfrentamientos y ubicación de artefactos explosivos está muy cerca a la población civil.

Las comunidades no saben dónde está este riesgo. Muchas de ellas antes no estaban siendo afectadas por esos artefactos, o no tienen conocimiento de cuáles son las zonas contaminadas, por lo que la posibilidad de que existan accidentes es muy alta. 

Otra preocupación es el caso de las comunidades donde no hay víctimas físicas, pero como las poblaciones sí saben que hay un riesgo se tienen que confinar o terminan desplazándose. No solo debemos ver el indicador de las víctimas, sino también otros indicadores muy preocupantes como el desplazamiento o confinamiento, así como la incautación o destrucción de estos explosivos que pudieron afectar a la población.

¿Es difícil saber qué tan contaminado está el país por esos artefactos?

El que se continúe ubicado artefactos explosivos, que en ciertos lugares en donde hace mucho tiempo hubo víctimas nuevamente se estén presentando, muestra con preocupación que otra vez se están utilizando estos artefactos en diferentes partes del país.  El Estado usa la georreferenciación donde hay accidentes o destrucción para poder decir con certeza que allí hay artefactos, pero es muy difícil poder estimar en Colombia el grado de contaminación por los diferentes tipos de armas.

¿Quiénes son los responsables?

Como institución no llevamos ese registro porque es muy difícil decir que era de x ó y actor armado. No hay forma de saber o decir de quién es con total certeza. La realidad es que en estos casos los actores armados están generando contaminación por armas. Esos actores armados no solo son los grupos armados, sino también la Fuerza Pública. Cuando hay combates o enfrentamientos, esto genera riesgos para la población porque quedan restos de armas abandonados por parte de todos los grupos. 

En el pasado era más sencillo decir que eran de Farc o Eln. Ahora el panorama es supremamente complejo

En el pasado era más sencillo decir que eran de Farc o Eln. Ahora el panorama es supremamente complejo. Tampoco registramos quién lo hace porque además sería una especulación, y tocaría entrar a decir que en tal parte opera tal grupo, pero no hay forma de saber con certeza quién fue el que lo puso, ya que en los últimos dos años ha habido muchos movimientos de grupos.

Por eso preferimos hablar en genérico de artefactos explosivos -no solo de minas antipersonal- y de actores armados, lo que implica todos los artefactos y a todas las partes. 

Generalmente se habla de minas ¿pero por qué es importante contarle a la gente que los artefactos explosivos van más allá?

Las minas antipersonal son una de las tantas armas que hacen parte de estos artefactos, que pueden ser explosivos de guerra, armas trampa que se camuflan en un objeto común, las municiones de armas pequeñas ligeras, los artefactos lanzados, o los de detonación controlada.

Por eso el CICR, como Institución, no solo en Colombia sino en general decide usar la terminología contaminación por armas para abarcar todas aquellas que generan un riesgo para la población civil. Al final del día no importa si lo activó una víctima, o fue algo que se lanzó y se detonó, o fue un artefacto de forma controlada, o el resto de un explosivo. Lo que importa son las consecuencias que sufren de forma física, psicológica, así como sus seres queridos.

La razón por la cual las minas son tan llamativas para los medios de comunicación es porque es un artefacto que genera daños indiscriminados. Se pone en un lugar y no distingue a su víctima. Pero un artefacto que se lanza sobre civiles, genera también graves daños, lo mismo que esos artefactos de detonación controlada.

La razón por la cual las minas son tan llamativas para los medios de comunicación es porque es un artefacto que genera daños indiscriminados

¿Cuál es el daño que generan los restos de las armas de guerra?

Los restos pueden ser una granada de mano que queda abandonada sin explotar, alguien la coge, la manipula. Es muy peligroso y letal porque están fabricadas con metal y cuando detonan, salen fragmentos que son como cientas de balas disparándose al mismo tiempo. Las afectaciones son grandísimas. Los accidentes por munición sin explotar dejan muchas víctimas porque tienen mucho poder. Entonces pasa muchas veces que la población encuentra un resto explosivo, se lo llevan a sus casas, lo colocan en algún sitio, y luego eso detona.

¿Qué tanto cumple el Estado con la tarea con descontaminar el material de guerra que la misma Fuerza Pública genera?


La convención de Ottawa les exige a los Estados hacer la descontaminación de las minas antipersonal, pero hay un protocolo específico sobre la descontaminación de restos de guerra que Colombia no ha ratificado. 

En ese sentido, como Colombia no hace parte de ese instrumento jurídico, no se obliga a hacer esa limpieza. Entonces, su trabajo es reactivo, porque sin en operaciones militares o en desminado humanitario se encuentran ese material, lo tienen que destruir. Pero no es proactivo, porque no es que el Estado por su iniciativa vaya a hacerlo y lleve un registro de cuánta de sus propios restos de guerra ha limpiado.

Hay un protocolo específico sobre la descontaminación de restos de guerra que Colombia no ha ratificado

¿Qué se puede hacer, además de las actividades de desminado y descontaminación para proteger a las comunidades?

Es muy importante los esfuerzos de Colombia para continuar el desminado humanitario, porque hay muchas zonas en donde no hay una alta intensidad del conflicto, tanta presencia de actores armados, y donde es posible realizar esa descontaminación.

Pero también hay que fortalecer la educación en el riesgo, porque en muchas zonas las comunidades o no saben que hay esos riesgos, o no saben cómo manejarlos ni prepararse para mitigarlos. Lo que se busca con esa educación es minimizar los efectos de la presencia de artefactos.

Otro punto es la asistencia de las víctimas, porque las víctimas de esos artefactos tienen afectaciones de por vida, así como sus familias, lo que significa que requieren de un apoyo continuado. El CICR hace esfuerzos para que ellas puedan acceder a la ruta de atención estatal, que está en la ley de víctimas, sin embargo hay personas que no están en esa ruta y hay que continuar los esfuerzos para que puedan acceder a sus derechos, y es importante que autoridades locales sepan cuáles son sus deberes.

No solo es buscar la rehabilitación física ni todo el tema terapéutico, pues estamos ante personas que también necesitan una atención psicosocial para poder salir adelante en sus procesos. Además, como muchas sufren afectaciones tan altas no les es posible volver a trabajar en la formalidad. Es muy preocupante porque cuando se miran edades, son personas del rango de edad productiva y reproductiva. Este es un fenómeno en donde más del 90 por ciento de víctimas son hombres.Esto cambia los roles del hogar, las mujeres se convierten en cabeza de hogar o los hijos, y quien lleva el sustento a la familia se modifica. Muchas también viven de la informalidad, lo que ahora las ha golpeado mucho más en medio de la pandemia y las ha dejado sin sustento. A esas víctimas el CICR las está ayudando este año para pagar arrendamientos o sus gastos.

En materia de minas, hace poco Colombia pidió una prórroga para cumplir con el objetivo de erradicarlas. ¿Cree que se va a cumplir con esa meta si le dan más tiempo?


En el contexto en el que estamos, en el que se continúan presentado víctimas, en el que las comunidades se están viendo afectadas por desplazamiento, confinamiento, más allá de ver si Colombia va a lograr cumplir la meta en ese plazo de la prórroga, lo importante es todo lo que alcance a hacer en ese tiempo, y que pida todas las prórrogas que hagan falta para poder cumplir el objetivo.

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Cada vez que el Estado anuncia tierras liberadas, o zonas sin minas, son ganancias para la población civil. Probablemente la remoción de minas no sea la única necesidad, sin embargo el que no estén esos artefactos reduce muchísimo los riesgos.

Que el Estado siga haciendo esfuerzos por sus medios, o con cooperación internacional, es supremamente importante.

La parte más compleja del proceso es que la expectativa del 2017 era que se terminara la ubicación de artefactos explosivos para pasar a la limpieza. Pero ahora estamos en un escenario donde no solo hay que darle solución a lo que quedó, sino que ahora hay una contaminación nueva que hay que considerar, y que son zonas donde no se puede llevar a cabo la limpieza por razones del mismo conflicto armado que sigue.

MILENA SARRALDE DUQUE
Subeditora de Justicia 
Twitter: @MSarralde
milsar@eltiempo.com

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