El grito de auxilio de Bojayá para que no ocurra una nueva masacre

El grito de auxilio de Bojayá para que no ocurra una nueva masacre

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La presencia del Eln y el ‘clan del Golfo’ tienen en vilo a los habitantes de este municipio.

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El grito de auxilio de Bojayá para que no ocurra una nueva masacre

Están ocurriendo homicidios, desplazamientos, confinamientos, amenazas y reclutamiento
por parte del Eln y el 'clan del Golfo'. La Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana.

La canoa de madera, impulsada por un motor, se detiene con ocho pasajeros a orillas del río Atrato. Uno a uno empiezan a bajar y a pagar los 3.000 pesos que cuesta movilizarse por agua de un sitio a otro, separados por distancias no mayores a 10 minutos. El sol castiga sin clemencia. Varios habitantes se resguardan bajo las sombrillas. Indígenas y negros se mezclan con familiaridad en la entrada del pueblo, donde se encuentran los únicos negocios en los que se oye música a todo volumen. Son las 10 de la mañana del viernes previo a las pasadas elecciones.

Ese pueblo, bañado por el río Atrato e incrustado en la selva chocoana, se llama Bellavista, la cabecera municipal de Bojayá. Fue erigido por completo hace solo 12 años, pero su gente está llena de historia. Historia de antiguas tradiciones y relatos. De dolor y pérdida. De resistencia y superación. De temor y zozobra. Bellavista es el nuevo pueblo, el que fue reconstruido a un kilómetro del viejo, donde el 2 de mayo de 2002 ocurrió la masacre que conmocionó al país y en la que se apagaron 79 vidas por cuenta de un combate entre los paramilitares y las Farc.

Nuevo Bellavista / Bojayá

Panorama del nuevo Bellavista, poblado tras la masacre que ocurrió en el municipio del mismo nombren en el 2002.

Jaiver Nieto / CEET
Viejo Bellavista, donde ocurrió la masacre / Bojayá

Iglesia del nuevo Bellavista. Es una réplica de la que se destruyó por el cilindro bomba en el año 2002.

Jaiver Nieto / CEET
Viejo Bellavista, donde ocurrió la masacre / Bojayá

Mausoleo que se está construyendo para enterrar los restos de las víctimas de la masacre de Bojayá.

Jaiver Nieto / CEET

Hoy, 17 años después de la tragedia, la cotidianidad está marcada por el miedo a que algo similar se repita. Al menos así lo expresan los habitantes, quienes saben con certeza que su territorio está de nuevo invadido por grupos armados ilegales. Esta vez, el Eln y el ‘clan del Golfo’ están en disputa y dejan a su paso extorsiones, confinamientos, desplazamientos, reclutamiento de menores de edad y homicidios.

Por esta causa, en abril de este año, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana y, el pasado 18 de octubre, reiteró su llamado a las instituciones para actuar con urgencia en este municipio, denunciando que aproximadamente 2.250 habitantes de poblaciones negras e indígenas están confinadas por enfrentamientos entre ambas estructuras criminales, las cuales también amenazaron a 16 líderes y residentes que se opusieron a su presencia.

“Y, como estrategia de guerra, estas estructuras armadas instalaron minas antipersonales en las zonas de cobertura telefónica para evitar las comunicaciones en la región”, afirma la entidad.

De voz en voz corre la última desgracia, ocurrida hace no más de 15 días, cuando en la comunidad de Carrillo, ubicada a unas seis horas en bote de Bellavista, falleció Rogelio Palacios, un campesino afro de 65 años que fue alcanzado por una bala perdida durante un combate entre el Eln y el ‘clan del Golfo’. Jeremías Moreno Álvarez, alcalde de Bojayá, cuenta que por esta razón hubo también un desplazamiento de parte de la población.

“Hoy tenemos desplazadas 22 familias de Carrillo, 7 de Bocas de Opogodó, 5 de la comunidad indígena Unión Baquiaza y 3 de la comunidad indígena Unión Cuití. La situación poco a poco tiende a descomponerse porque la historia de la guerra nos dice que cuando hay dos actores armados al margen de la ley es posible que en cualquier momento haya confrontación y pueden caer víctimas inocentes”, manifiesta el mandatario local. Ya hay desplazados que han llegado a la cabecera municipal, a Quibdó (ubicado a 3 o 4 horas en lancha) y a Vigía del Fuerte, vecino municipio antioqueño.

La misma percepción tienen todos los residentes, pero son conscientes de que el mayor riesgo lo corren las zonas rurales, de difícil acceso y alejadas hasta 10 horas por agua de Bellavista. Bojayá es un municipio con 18 veredas y 16 corregimientos, en los que habitan 36 comunidades indígenas y 18 consejos comunitarios afro y que suman un total de 13.200 habitantes, de los cuales solo 2.200 viven en Bellavista.

Vivir con miedo

Julián Cabrera, indígena de uno de los resguardos, relata en un imperfecto español: aunque hace cuatro meses en su comunidad no ven a los actores armados, la situación es compleja. Dice que en Unión Baquiaza la gente no se puede movilizar con tranquilidad para suplir sus necesidades básicas por el temor a la presencia de hombres armados.

También sabe del caso de un indígena de Opogodó que tuvo que desplazarse a la cabecera municipal a denunciar amenazas en su contra y de cómo todas las familias de un resguardo tuvieron que reunirse en un mismo recinto para evitar ser víctimas de los violentos, tal como ocurrió aquel fatídico 2 de mayo, cuando las personas que se alojaron en la iglesia perecieron por la explosión de un cilindro bomba lanzado por las Farc en contra de los paramilitares.

Cabrera agrega que el reclutamiento también es una realidad y describe que, incluso, a las mujeres se las han llevado obligadas. Dos de ellas fueron recuperadas por los mismos indígenas, según su relato.

Nosotros vivimos con miedo. No sabemos si puedan llegar a nuestra comunidad. Al Eln no lo vemos hace como cuatro meses y tampoco hemos vuelto a ver el ‘clan del Golfo’. Uno no sabe mucho sobre ellos, pero cuando llegan causan desorden”, dice el joven indígena.

El alcalde Jeremías Moreno confirma que están verificando si es cierto que en los últimos días actores armados secuestraron a un hombre de Unión Cuití y agrega que desde el año pasado un indígena que estaba en las festividades del pueblo desapareció sin dejar rastro.

Un religioso de la zona, que pide reservar su identidad, expresa que en las zonas rurales los grupos criminales también están empezando a sembrar cultivos ilícitos y que ello causa reclutamiento, confinamiento, señalamientos a líderes sociales y asesinatos. Asimismo, manifiesta que una de las estrategias paramilitares en los ríos es poner hombres armados para que ejerzan control social y en la movilidad. Los comerciantes y algunos contratistas que llegan al sector también han denunciado extorsiones, situación que ha vivido el mismo mandatario local.

Para el alcalde y gran parte de la población, la presencia de la Fuerza Pública es deficiente en las zonas rurales, lo que podría posibilitar aún más la incursión de los ilegales. Moreno asegura que en mayo de este año un batallón entró a la zona, pero salió luego de tres meses, lo que permitió el regreso de los grupos criminales.

Sin embargo, según declaraciones que ha dado el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, en la zona hay injerencia de las operaciones desarrolladas por la Campaña Militar y Policial Titán, que busca contrarrestar el actuar de dichas estructuras criminales.

“Desde el puesto de mando adelantado del Batallón de Infantería ubicado en Bojayá mantenemos la ofensiva contra el Eln y ‘clan del Golfo’. Esta es una unidad élite conformada por soldados altamente entrenados y listos para proteger a los colombianos en esta región del país”, indica el general, quien confirma que ambos grupos se disputan el control del territorio y las economías ilícitas en la zona, pues es un corredor estratégico que permite llegar fácilmente a los océanos Atlántico y Pacífico y que históricamente fue usado para transportar droga hasta Panamá, ocultar secuestrados, entre otros delitos.

Viejo Bellavista, donde ocurrió la masacre / Bojayá

Caserío antes de llegar a Vigía del Fuerte (Antioquia), cerca de Bojayá.

Jaiver Nieto / CEET
Lancha que se dirige hacia Bellavista / Bojayá

Lancha que se dirige hacia Bellavista.

Jaiver Nieto / CEET

Entre tanto, aunque en la cabecera municipal hay una estación de Policía y a casi un kilómetro, en Vigía del Fuerte, hay una base de la Armada Nacional, los habitantes no descartan que pueda ocurrir un hecho lamentable. Tanto es así que, como cuenta Boris Velásquez Vásquez, integrante del grupo de apoyo del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, hay tensión por la supuesta presencia de miembros de grupos armados ilegales ejerciendo vigilancia, vestidos de civil, en las calles de Bellavista.

“Las alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo se están haciendo para que no pase un suceso de estos, pero puede llegar a ocurrir porque de nuevo se están enfrentando guerrilla y ‘paracos’, ellos no se pueden ver, donde se vean, se dan. Si llega el momento en que uno de ellos se refugie en la población, puede pasar lo mismo que el día de la masacre”, denuncia el líder.

Él tenía 16 años aquel 2 de mayo. Y vivió en carne propia la desgracia cuando en su casa empezaron a refugiarse vecinos, algunos heridos, para salvarse de la muerte. Allí, los líderes comunitarios decidieron que era mejor huir por el río y, en botes, remando con sus propias manos y agitando banderas blancas. Decenas de personas lograron cruzar a Vigía del Fuerte, el municipio que consideran hermano y al que año tras año le agradecen su solidaridad.

'No nos abandonen'

Desde la pista de aterrizaje que hay en este municipio de Antioquia pueden verse las ruinas del antiguo Bojayá, que luce maleza, edificaciones carcomidas por los efectos de las explosiones y la intemperie, y deja ver la iglesia reconstruida; la misma que quedó hecha pedazos y donde tantas personas perdieron la vida, entre ellas, cuatro familiares de José de la Cruz Valencia, integrante del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá y quien se refugió en la casa de Boris Velásquez, siendo también un adolescente de 15 años.

A De la Cruz, la historia le recuerda que no importa si en el casco urbano hay Fuerza Pública. Dice que ello no evitó que en el año 2000, cuando había presencia de la Policía, hubiera una toma de las antiguas Farc y se presentaran combates toda la noche hasta el amanecer. Pero es enfático en decir que la peor parte se la están llevando las áreas más alejadas.

Por ello, como parte de las actividades que realizarán tras la entrega de los restos de víctimas identificadas, el 17 de noviembre, tendrán un espacio de diálogo con el Gobierno Nacional para exigir acciones profundas alrededor de cuatro temas. El más importante: un plan serio y contundente para que masacres como la del 2 de mayo no se repitan.

“Las garantías de no repetición son más retórica que compromiso efectivo, hoy Bojayá no ha podido salir del conflicto. Nos dio un respiro la firma del acuerdo de paz con las Farc, estuvimos como 8 meses sin actores armados ilegales en el territorio, pero en las últimas semanas esto se ha complicado, tenemos presencia de estos actores totalmente rivales: Eln y autodefensas”, expresa De la Cruz.

Niños jugando en el puerto de Vigía del Fuerte / Bojayá

Niños jugando en el puerto de Vigía del Fuerte.

Jaiver Nieto / CEET
Zona entre Vigía del Fuerte y Bojayá / Bojayá

Zona entre Vigía del Fuerte y Bojayá. Son comunidades muy unidas.

Jaiver Nieto / CEET

Pero a los daños evidentes que causa la violencia que parece ensañada con Bojayá se suman las precarias condiciones en las que viven los habitantes y que también pondrán de manifiesto en noviembre ante el Gobierno. Y saben que no solo se trata de Fuerza Pública, sino de presencia del Estado de una manera integral, que les dé la oportunidad de salir adelante y disfrutar ese pedacito de paraíso en el que viven.

La falta de centros de salud en las áreas rurales, la poca eficacia del hospital que hay en Bellavista, la ausencia de una verdadera red de electrificación, más de la mitad del municipio sin acueducto, la falta de empleo y productividad, las pocas oportunidades de educación superior son algunas de las condiciones que tienen a Bojayá sumido en la pobreza.

Respecto al apoyo de los gobiernos nacional y departamental nos sentimos huérfanos, le apostamos a proyectos productivos pero el gobierno departamental no se siente para nada y el Gobierno Nacional muy pocas veces”, indica el alcalde.

Entonces, los pobladores también le pedirán al Gobierno un proyecto de electrificación para que no tengan que iluminar sus casas con velas y los niños no tengan que buscar lámparas de batería para hacer las tareas.

También, un plan para la generación de ingresos, pues, como dice De la Cruz, “después de la masacre, Bojayá no se ha podido estabilizar económicamente, pese a que era la despensa agrícola de Chocó”. Y, por último, solicitarán la reubicación de la comunidad de Pogue, que está en alto riesgo y es la que más personas perdió cuando paras y guerrilleros se enfrentaron indiscriminadamente en una zona llena de población civil.

Y al pueblo colombiano le piden que los sigan acompañando. “Hemos sentido la solidaridad, se avecina un evento fuerte emocionalmente para nosotros, los invitamos a que nos acompañen en este momento, pero sería muy importante que nos acompañen en las pretensiones de vivir tranquilos en el territorio y en esa exigibilidad de derechos al Estado”, puntualiza De la Cruz.


Por: HEIDI TAMAYO ORTIZ
Enviada especial de EL TIEMPO
Bojayá

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