Los riesgos que la pandemia de coronavirus trae en medio del conflicto

Los riesgos que la pandemia de coronavirus trae en medio del conflicto

Fundación Ideas para la Paz alerta de peligros para líderes, fronteras y un mayor malestar social.

Ruta de la Salud

El país se encuentra en aislamiento preventivo por el coronavirus desde el 25 de marzo. 

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Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Por: Justicia
09 de abril 2020 , 12:12 p.m.

Mientras en algunas zonas del país el coronavirus podría implicar una disminución en las acciones armadas de grupos ilegales y un descenso en los delitos, en otras esta situación podría ser el contexto propicio para revivir disputas ilegales, o traer mayores amenazas para comunidades en riesgo.

Esa es una de las conclusiones que trae un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) –conocido por EL TIEMPO– que habla de los impactos y riesgos que podría traer la pandemia de covid-19 en las dinámicas sociales, de conflicto y de paz en el país.

En algunas regiones los grupos armados ilegales podrían sabotear las medidas del Gobierno frente a la pandemia, pero en otras zonas podrían tener una postura neutral o incluso ellos mismos tomar restricciones para evitar la propagación del virus que, en todo caso, impactan los derechos de los pobladores.

Por ejemplo, en zonas como el norte de Cauca se han mantenido las agresiones a la población, mientras que en áreas de influencia del Eln este grupo decretó la tregua unilateral por la crisis del coronavirus. También se han conocido supuestos panfletos amenazantes anunciando represalias a quien infrinja la cuarentena en el sur de Bolívar, firmados por el Eln, y en Nariño, por parte del a disidencia Frente Estiven González.

La FIP también advierte que la interrupción en las cadenas de transporte y comercialización podrían tener un impacto directo en las economías ilegales. En el caso del narcotráfico, se podría acumular su inventario de drogas, lo que llevaría a una baja de precio en las zonas donde se produce la cocaína.

En cambio, la fundación afirma que se espera que en la minería ilegal el precio de oro aumente, lo que podría jalonar esta actividad en ciertas zonas del país. Y advierte un incremento en la deforestación, ya que organizaciones como Corpoamazonía afirman que, ya que las autoridades ambientales también están aisladas, organizaciones han aprovechado esta situación para quemar la selva amazónica.

Ante estos impactos diferenciales, la FIP afirma que en ciertas regiones podría verse limitada la capacidad de respuesta para atender los dramas humanitarios que deja el conflicto, y ahora el coronavirus.

Dos de las zonas que más le preocupan son Chocó y Nariño. Por ejemplo, en Roberto Payán (Nariño) se han intensificado los desplazamientos masivos, con el éxodo de 944 personas afrocolombianas. Y en el Alto Baudó, autoridades locales han hablado del confinamiento de 3.082 personas de 23 comunidades indígenas y afro.

En un panorama general, entre enero y marzo de este año, dice la FIP, crecieron los eventos de desplazamiento forzado y confinamiento respecto a ese mismo periodo del año pasado, en los municipios donde hay planes de desarrollo territorial (Pdet), con un 25 por ciento más, y zonas con programas de sustitución de cultivos ilícitos (Pnis), con un aumento de 56 por ciento.

Frente a los homicidios de líderes, si bien la FIP dice que es prematuro conectar sus asesinatos con la coyuntura de covid-19, sí es posible advertir algunos riesgos, pues siguen creciendo pese al aislamiento.

Mientras en el primer trimestre del 2015 fueron asesinados 23 líderes sociales, en ese mismo periodo, este año, ya van 34. En el contexto del coronavirus la situación se torna más compleja debido a que, explica la FIP, el 60 por ciento de los asesinatos a líderes en el 2019 ocurrió en sus viviendas y, por lo tanto, las restricciones a la movilidad pueden aumentar su vulnerabilidad ya que hace mucho más fácil ubicarlos.

También preocupa que en los sectores rurales más dispersos la presencia de fiscales o investigadores “es casi nula”, lo que hace que ante el aislamiento sea mucho más difícil que se conozcan los ataques a los líderes, “aumentando el subregistro”.

Protestas tras aislamiento

Datos registrados por la Fundación Ideas para la Paz.

Foto:

Infografía / EL TIEMPO

También dice la organización que si bien en el corto plazo los homicidios y otros delitos podrían bajar (la Policía reportó una baja del 8,4 % en los homicidios entre enero y marzo, y un 22 % en los hurtos), esto podría cambiar en el mediano plazo por “cuenta del reacomodamiento de actores armados y el desorden social en el marco de una tensa y difícil situación social y económica”.

Y es que desde que comenzó el aislamiento, el 25 de marzo hasta el 31 de ese mes, la FIP documentó 22 movilizaciones.

El 54 % ocurrieron en capitales y el 46 % en otros municipios. La mayoría de quienes las inician (un 45 %) son comunidades en los barrios y veredas, seguidas en un 21 % por gremios como los transportadores. La mayoría de manifestaciones piden mayor inversión social (un 27 %), evitar la propagación (23 %) y garantías laborales (23 %).

“Las consecuencias económicas, sociales y ambientales de la pandemia pueden ejercer una mayor presión en el Gobierno, que tiene el enorme reto de dar respuestas en medio de una situación fiscal desfavorable”, dice la fundación.

Las consecuencias económicas, sociales y ambientales de la pandemia pueden ejercer una mayor presión en el Gobierno

Otra preocupación se asocia con la migración y las fronteras como las de Venezuela y Ecuador, hoy cerradas para prevenir el contagio, pues hay un montón de pasos fronterizos informales no controlados. La FIP advierte que no hay una estrategia clara para atender hoy la situación de los migrantes e, incluso, la cooperación internacional ya ha notificado que suspende algunas de sus intervenciones mientras mantiene a sus funcionarios en aislamiento.

Esto podría agravar las crisis sociales en zonas como Cúcuta, en donde el 80 por ciento de los migrantes en la ciudad están vinculados a actividades informales, medios de subsistencia que se afectan con las medidas de aislamiento.

Los impactos sobre el proceso de paz 

La investigación plantea que la pandemia de covid-19 genera un escenario difícil para la implementación de los acuerdos de paz. Por ejemplo, las restricciones de movilidad y el aislamiento impactan en la ejecución de obras pequeñas de infraestructura, la provisión de bienes y servicios, y también proyectos amplios como el catastro multipropósito. 

Una dificultad es que la implementación de los acuerdos de paz ya tenían limitaciones de presupuesto y, ahora, esto podría profundizarse ya que el Gobierno podría reorientar los recursos para responder a la pandemia. "Ya no será solo un asunto de voluntad y liderazgo, si no también de capacidad real de las instituciones en un contexto de emergencia. La resiliencia de los actores locales, comprometidos con la implementación del Acuerdo será clave para hacer frente a este difícil momento", afirma la FIP. 

Ya no será solo un asunto de voluntad y liderazgo, si no también de capacidad real de las instituciones en un contexto de emergencia

Por ahora, dice la FIP, la Agencia de Renovación del Territorio anunció que los apoyos económicos y el seguimiento a los proyectos productivos de los excombatientes se mantendrán para quienes cumplan su proceso de reincorporación. Así, dijo que seguirá con el suministro de alimentos para 2.893 desmovilizados y que entregará 6.435 kits personales de prevención y 80 kits de aseo. 

Y el Gobierno anunció que continuará con los pagos a los campesinos que hacen parte del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Según la Consejería de Estabilización, en abril se emitirán pagos por 18.478 millones de pesos para estas familias. 

JUSTICIA

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