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Conflicto y Narcotráfico

En Tumaco ‘se erradica lo de los colonos y se deja lo de los indios’

Relevo en las selvas del Putumayo de un grupo de ‘azules’ que permanecieron 75 días arrancando matas de coca, protegidos por la Policía.

Relevo en las selvas del Putumayo de un grupo de ‘azules’ que permanecieron 75 días arrancando matas de coca, protegidos por la Policía.

Foto:EL TIEMPO

Cómo rebajar a la mitad las 200.000 hectáreas de coca sin fumigación aérea ni grandes fondos.

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“Se erradica lo de los colonos y se deja lo de los indios”. Los nativos no ocultan su realidad ni desmienten las palabras del policía que lleva meses al frente de una compañía centrada en arrancar matas en el área de Tumaco. Admiten de manera abierta que abandonaron la defensa de la Pacha Mama, que por siglos protagonizaron sus ancestros, para echarse en brazos de la coca. Cuentan con la ventaja de que los resguardos indígenas están vetados a la Fuerza Pública, no pueden entrar para eliminar sus hermosos y bien cuidados cocales.
“Estamos navegando en coca, uno no puede tapar la realidad con un dedo. En el pasado hicimos paros, firmamos unos trescientos acuerdos, y nunca el gobierno ha cumplido. Y es con la coca como hicimos nueve puentes y dos van en camino, también construimos kilómetros de placa-huella, y muchos campesinos mejoraron sus casas”, acepta con pragmatismo el gobernador Alberto Martín. “Mucha gente se acostumbró a esta forma de vida, y va a ser difícil cambiarla”.
En el resguardo Inda Zabaleta, situado a hora y media de la cabecera municipal de Tumaco, los awás están decididos a aprovechar la bonanza cocalera de Nariño, que, además de liderar la producción en Colombia, ya ha superado a Bolivia. Se aferran a la esperanza de que les ayude a superar la miseria y el abandono estatal que siempre conocieron.

Estamos agradecidos con esas maticas

“Para el Gobierno, la mata de coca es mala, pero para nosotros no lo es, nos hace progresar”, agrega el guardia mayor, Jesús Alejandro Nastacuás. “Estamos agradecidos con esas maticas”.
Son colonos los que trabajan buena parte de los cultivos en el resguardo, con la autorización de los indígenas. No les exigen arriendo por las tierras, según indicaron los nativos, sino una compensación a la comunidad de manera voluntaria. Hay fincas de diez y veinte hectáreas, dicen, y aportan uno o dos millones cada vez que se lo requieren, así como trabajadores para las obras colectivas. A quienes no cumplen o subarriendan los cultivos bajo mano, se los quitan y los expulsan.
“Tenemos planes de mejoramiento de caminos, de puentes, escuelas, y todo lo hacemos con mingas en las que participa la comunidad y con contribuciones de los cocaleros. Pero necesitamos un acueducto veredal, sufrimos mucho con el agua y no tenemos señal de celular ni internet”, explica el gobernador Marín. “No nos convence el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito), viene del Gobierno Nacional y para el pueblo awá es una gran mentira. Los programas de sustitución, hechos en un escritorio de Bogotá, son un fracaso. Sabemos que la coca es un arma de doble filo, y como autoridades indígenas tendremos que llegar a acuerdos con el Gobierno, que tiene a Tumaco en la lupa. Sustitución, pero de la mano de grandes empresas competitivas que transformen productos agrícolas, proyectos macros, que no vengan con propuestas micros de gallinas ponederas y talleres de panadería”. Lo dice por experiencia, puesto que en el 2007 les fumigaron los cocales y, al no hallar alternativas atractivas, desde hace unos cuatro años volvieron a lo mismo.
Grafiti de la ‘Óliver Sinisterra’ en Guayacana,

Grafiti de la ‘Óliver Sinisterra’ en Guayacana,

Foto:SALUD HERNÁNDEZ-MORA

No lejos del resguardo, en La Guayacana, corregimiento de Tumaco sobre la vía que une dicha localidad con Pasto, también la coca es el producto principal. Al tratarse de comunidades afros y colonos, están erradicando sus fincas. Doña Delfina García, de 74 años, me conduce hacia su propiedad, de un cuarto de hectárea, donde le acaban de arrancar todas las matas.
“Hemos sido damnificados de las fumigaciones, de las ‘arrancaciones’, en el 2007, 2012 y ahora. Aquí, el cacao no sirve; el cogollo de la yuca se lo come el venado, el plátano es lo único, pero para la casa”, argumenta. “Yo le dije al policía que me las dejaran, que no arrancaran las mías, pero contestó que no podía, que ya estaba medida la zona”.
Como la mayoría de La Guayacana, Delfina firmó hace unos meses el compromiso de sustitución y siguió sembrando la mata. “Nos ha tocado volver a resembrar, a veces de las mismas arrancadas porque esa mata sí es necia, no se deja vencer. Ahorita, por lo que estamos en verano, si no, ya estuviera vivita. Yo pienso que el proyecto alternativo debería estar listo antes de que nos arranquen todo”.
Por alguna razón, ni ella ni los suyos recibieron pagos después de acogerse al plan de sustitución voluntaria, a diferencia de uno de sus vecinos, que llegó a cobrar dos mensualidades de dos millones de pesos cada una, cantidad prevista en el programa que puso en marcha el anterior gobierno. El señor, cuyo nombre pidió omitir, me mostró su sembradío, algo más grande que el de Doña Delfina, y con las matas en pie. Los erradicadores no llegaron. “Me pagaron esos cuatro millones, y ya nunca más. Dicen que tienen que venir a supervisar que ya no hay coca para volver a pagar. No sé por qué a mí me pagaron y no a otros”, precisa.
Recuerda que solía vivir de la madera, de fácil comercialización, “pero era muy duro. Semanas internado en el monte con la motosierra, picao de los moscos, viviendo mal, y se acaba mucho la ropa por el serrín, para sacar lo mismo que ahora. La coca, que empecé hace quince años, mejoró el modo del trabajo, es más suave”.
Quizá por ello advierte que la sustitución será muy compleja. “En el 2007, Uribe nos ilusionó con el cacao por el precio alto, pero nadie se tomó ni un tinto con lo que sembró. Bajaron los precios, y acá se negrea, no se da bueno. Las gallinas tampoco, se apestan. Podría servir cultivar pescado, pero la gente envenena las aguas para pescar en los ríos, luego los lavan y los venden, pero yo tendría que sacar el agua de esos mismos caños y los míos se morirían. No sé qué podría darse”.
A unos kilómetros de ese punto, cerca de la frontera con Ecuador, en la zona rural de la vereda La Balsa, un grupo de policías, con el fusil a la espalda, arrancan matas de coca de raíz bajo un sol que abrasa y en una tierra dura, reseca. Tres de los uniformados están cumpliendo el servicio militar. Originarios de Neiva, Florencia y Cali, jamás pensaron que pasarían semanas realizando labores del campo y no se acostumbran, como les pasaría a tantos jóvenes citadinos. Me murmuran sus quejas resignados.
Tampoco agrada a los agentes profesionales que les asignan idéntica función, consideran que deberían estar persiguiendo delincuentes y no en sembradíos con una pala. Pero, a diferencia de los auxiliares, son conscientes de que la intensa campaña de erradicación ha obligado a la Policía Nacional a echar mano de todos los recursos a su alcance. Sin las avionetas con glifosato que abarcaban grandes superficies y sin los fondos de antaño para contratar legiones de jornaleros, conocidos como ‘los azules’ por el color de su uniforme, deben poner su grano de arena. Se lo transmite en sus arengas el coronel César Sarabia, con una mística y un convencimiento encomiables: “Es nuestro aporte a la lucha contra el narcotráfico”, asevera. “Cada cual cumple una misión”.
En Tumaco completarán los mil policías este mes, no todos para ejercer de jornaleros, puesto que buena parte de ellos están destinados a proteger a los ‘azules’ y a sus propios compañeros. Tienen presente que en la zona ejercen su poderío criminal la ‘Óliver Sinisterra’ de alias Guacho y las Guerrillas Unidas del Pacífico, dos grandes disidencias de las Farc que se alimentan en Nariño de la coca y la minería ilegal. Son tan importantes para sus finanzas los cultivos ilícitos que más de un campesino susurra a la policía que les erradiquen porque ellos no pueden hacerlo. La guerrilla no lo permite.
Los Jungla han destruido este año 498 laboratorios de base de coca en Putumayo.

Los Jungla han destruido este año 498 laboratorios de base de coca en Putumayo.

Foto:SALUD HERNÁNDEZ-MORA

La amenaza de las minas antipersonas –cuatro soldados muertos y 16 policías heridos, algunos con graves mutilaciones, en Nariño este año– y posibles ataques exigen seguridad. Cada equipo lo integran 30 jornaleros y algo más del doble de policías para su protección, además de los Esmad que aguardan en la base de Tumaco, por si los requieren ante cualquier protesta social. Si los erradicadores son uniformados, la proporción son 15 arrancando hojas y el doble cuidándolos. Y no solo arriesgan la vida o quedan incapacitados, también están expuestos a graves enfermedades tropicales. Con leishmaniasis van 39, y nueve con paludismo.
Los traslados al terreno los realizan en Black Hawk de la Policía, y el grupo completo permanece 75 días seguidos viviendo en el monte, en campamentos que improvisan para un máximo de 10 jornadas, antes de disfrutar de permisos.
Igual ocurre en Putumayo, en la línea fronteriza con Ecuador. Desde que Rafael Correa exigió que las avionetas no asperjaran a menos de cinco kilómetros de su país, toda la franja limítrofe se inundó de coca al punto de que es el segundo departamento en extensión de cultivos de Colombia.
“Nuestro objetivo diario es erradicar cuatro hectáreas, y para eso tengo un equipo de 14 parejas. Aquí encontramos matas de dos metros, nadie las tocó por años, y demoramos más”, cuenta Vidal Sánchez, capataz de un grupo de ‘azules’.
Para agilizar la titánica tarea de reducir a la mitad las 200.000 hectáreas de coca que dejó el gobierno de Santos, la Policía Nacional ha formado un cuerpo de fumigadores con sus propios hombres, entrenado por el Sena y con un estricto reglamento ambiental. Ocho agentes, custodiados por 25 compañeros, fumigan de manera manual entre 25 y 40 hectáreas por jornada. Aparte del costo de trasladarlos y recogerlos en helicóptero cada día, de no poder trabajar si llueve, la protesta agresiva de los cocaleros y sus raspachines es otro obstáculo que entorpece su tarea.
“La psicología de la ley no me entra por ningún lado”, gritó a los policías uno de los labriegos, que formó una turba para impedirles asperjar un cultivo en el área rural de Puerto Asís esta semana.
Aparte de los sembradíos, los comandos Jungla destruyen laboratorios de base de coca y cristalizaderos, misión que no tiene restricción alguna en los resguardos indígenas. Solo en Putumayo van 498 este año de los primeros, y quince de los segundos, menos numerosos y mucho más difíciles de localizar porque pertenecen a una reciente alianza de la disidencia del frente 48 de las Farc, comandadas por alias Sinaloa, y la banda ‘la Constru’, que lleva años asentada en el departamento. Aunque vuelven a levantarlos a las pocas semanas, las pérdidas tanto en insumos como en ‘mercancía’ son cuantiosas.
Pregunto al coronel Edison Rubiano, comandante de la Regional Dos de la Policía Antinarcóticos, que comprende Putumayo, Huila, Tolima y Caquetá, si no resulta frustrante tanto esfuerzo de sus hombres, que ahora, incluso, ejercen de jornaleros, para bajar las cifras récord de cultivo y producción de coca y volver a las de hace 10 años. “¿Y cómo sería si no se tratara de contener?”, responde.
SALUD HERNÁNDEZ MORA
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
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