Duras críticas lanzaron la Procuraduría y la Fiscalía al proyecto de sometimiento de las bandas criminales presentado ayer al Congreso por el Gobierno y sobre el que ya se habían hecho advertencias en el Consejo Superior de Política Criminal.
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Apenas unas horas después de que los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Justicia, Néstor Osuna, acompañados por varios congresistas radicaron la iniciativa, llegaron las primeras críticas.
Esto a pesar de que según declaró el ministro Osuna durante la radicación del proyecto, se tuvieron en cuenta las observaciones realizadas por los integrantes del Consejo de Política Criminal y que, por ejemplo, este nuevo proyecto “contiene un robusto capítulo de protección de derechos de las víctimas, amplía los términos de investigación judicial, le asigna las investigaciones a la Fiscalía, en la dependencia interna que el propio Fiscal General determine. Establece un tope para el estímulo que pueden recibir las personas que entreguen sus bienes. Y, en general, la mayor parte de las observaciones tanto de la Fiscalía como de otras instituciones que allí tienen presencia fueron incorporadas al proyecto”.
Los bienes habrían sido adquiridos a través de actividades ilícitas.
Fiscalía General de la Nación
Sin embargo, la Procuradora Margarita Cabello dijo que la iniciativa, que fue radicada con mensaje de urgencia, requiere una explicación previa con estadísticas y cifras antes de avanzar en los debates.
“Los presupuestos para la sujeción podrían pactar cualquier cosa, como por ejemplo la no extradición. Ese es el mico que yo veo ahí, porque no puede estar tan amplia, cuando lo correcto es que los presupuestos para la sujeción deben estar en norma. Es peligroso dejar esa ventana abierta”, advirtió. Otro de los reparos de la Procuraduría es que, a su juicio, con el proyecto se siguen protegiendo más a los victimarios que a las víctimas.
“Desde el punto de vista penal, veo que se otorgan beneficios, penas de hasta ocho años, pero sin que opere ninguna condición, y sin que siquiera haya una manifestación de voluntad del sujeto responsable sobre la verdad, eso nos parece peligrosísimo”, dijo.
Por último, indicó que se otorga principio de oportunidad, es decir, la renuncia a la persecución penal, a integrantes de bandas criminales: “¿A quiénes esas cero penas? ¿A quienes realicen actividades delictivas como concierto para delinquir con fines de masacres y asesinatos de líderes y narcotráfico?”.
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A su turno, el fiscal general, Francisco Barbosa, señaló, tras una reunión con los líderes de Cambio Radical, que “muchas de las observaciones hechas por la Fiscalía no fueron recogidas” y advirtió que es muy grave que se envíe mensaje de urgencia para el trámite del proyecto.
Coincidió con la procuradora en que el delito del concierto para delinquir, establecido en la norma, se convierte “en una suerte de indulto a través del principio de oportunidad. Es decir, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de pa de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento”. E insistió que “no se les pueden dar unos beneficios excesivos a aquellos que se someten a la justicia. Tampoco se les puede aplicar el mismo rasero que se aplicó en La Habana”. Cuestionó que 217 conductas establecidas en el código penal se benefician del principio de oportunidad.
“Le solicito al Gobierno, en el marco de la democracia, que reconsidere la posibilidad de enviar mensaje de urgencia (...) este país requiere discusión democrática, deliberación”, dijo Barbosa tras señalar que es un exceso el monto que se permite que los integrantes de las bandas se puedan quedar.
“Se embolsan 2,8 millones de dólares por meterse en la paz total (…) más allá de pensar en darles plata a los victimarios que esté el mecanismo para entregar directamente esa plata a las víctimas”, advirtió.
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