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Conflicto y Narcotráfico

La persecución contra personas que vivieron con VIH en medio del conflicto

Imagen de portada del informe 'VIHdas Truncadas'.

Imagen de portada del informe 'VIHdas Truncadas'.

Foto:Archivo Particular

Un informe entregado a la Comisión de la Verdad recoge casos que dimensionan esta violencia.

A finales de los años noventa, el activista e investigador Álvaro Miguel Rivera trabajaba en el departamento del Meta para lograr el acceso a tratamientos de personas que vivían con VIH y educar en el tema a las comunidades y el personal de salud.
En ese entonces, garantizar las condiciones de vida de las personas que vivían con VIH dependía enteramente de trámites legales y de una constante incidencia en las entidades prestadoras de servicios de salud. Esa situación era aún más difícil en zonas rurales, a pesar de los esfuerzos de las redes de apoyo que se formaron en las comunidades.
Pero Álvaro Miguel nunca desistió de su lucha. Participó en la creación de organizaciones como la Red Colombiana de Personas Viviendo con VIH (RECOLVIH), de la Asociación Líderes en Acción y de la confluencia de Planeta Paz, donde dio a conocer la grave situación de personas viviendo con VIH en las zonas de conflicto.
Su historia está incluida en 'VIHdas Truncadas', un informe que la organización Caribe Afirmativo, la Corporación Red Somos y la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de los Andes le presentaron esta semana a la Comisión de la Verdad.
El documento explica cómo en medio del conflicto armado se ha dado persecución contra personas que viven con VIH. El caso de Álvaro Miguel es representativo, pues, según el informe, "revela las relaciones entre la persecución por VIH y las formas del prejuicio hacia personas LGBT".
El activista trabajaba en la llamada zona de distensión, conocida también como El Caguán, que agrupaba municipios de Meta y Caquetá. En enero de 1999 hubo un incremento de violación de los derechos humanos en esa área y Álvaro Miguel no solo fue testigo de ello sino que lideró varias acciones de 'resistencia pacífica', como él mismo las llamó.
Esto lo puso en riesgo, pues ganó visibilidad en su comunidad y lo puso en la mira de los actores armados. Precisamente, el informe 'VIHdas Truncadas' reseña un momento determinante en su vida como activista y en la labor de los procesos de las organizaciones sociales que acompañan a población con VIH.
Durante la vigencia de la zona de distensión, las FARC-EP obligaron a las poblaciones bajo su influencia a realizarse pruebas de VIH. El caso más documentado es el del municipio de Vista Hermosa, en Meta. En 2005, en una entrevista con el investigador William Payne, Álvaro Miguel explicó que se trató de una prolongación de las estrategias de control que la antigua guerrilla ya ejercía sobre las poblaciones.
Álvaro Miguel Rivera, activista.

Álvaro Miguel Rivera, activista.

Foto:Archivo Particular

Esas pruebas, además de ser bajo presión, no contaban con las condiciones mínimas de asesoría o confirmación de resultados. Por eso, de inmediato, junto a la Defensoría del Pueblo y otros activistas se adelantó una serie de acciones para apoyar a las personas que testeaban positivo, así como para educar a integrantes de la guerrilla sobre temas de VIH.
En ese proceso, hubo un momento en el que Álvaro Miguel lo arriesgó todo. Consciente del peligro que significaba tomar esa decisión, modificó un mensaje de uno de los comandantes sobre los exámenes forzados para evitar que los encargados de aplicar la orden la siguieran ejecutando.
"Era la única manera que tenía para salvar a toda esa gente porque sino a muchos de los que estaban ahí los iban a sacar de su tierra o matarlos", contó.
Sin embargo, ese hecho llevó a que fuera declarado objetivo militar. Él y su familia empezaron a recibir amenazas de manera constante, al punto que Álvaro Miguel tuvo que abandonar la zona de distensión pocos meses después. Y más adelante, ante el incremento de los hostigamientos, se vio obligado a salir del país y trasladarse a Costa Rica como asilado político.
Años después, regresó a Colombia. Vivió en Cali y allí retomó sus labores de activismo por los derechos de la población LGBTIQ+ y de las personas que viven con VIH. Sin embargo, fue asesinado el 6 de marzo de 2009. Tenía 41 años. Lo encontraron en su casa amordazado, con signos de asfixia y múltiples heridas de objeto contundente y arma blanca. A la fecha no hay capturados por este crimen.
El informe 'VIHdas Truncadas' destaca que la labor de Álvaro Miguel se ha mantenido viva en la memoria de decenas de activistas.
En palabras de una de las personas entrevistadas para esa investigación:
"Es que Álvaro no solamente era un hombre gay: era un hombre que vivía con VIH, era un hombre víctima del conflicto armado, era un hombre de extracción rural. Era un homosexual que no solamente fue desplazado del conflicto armado, sino también fue desplazado por su orientación sexual de la casa de su familia desde su adolescencia (…) Alvarito hizo para el movimiento LGBTI en Colombia y para todas las personas viviendo con VIH algo inconmensurable".

Sobre el informe

El informe 'VIHdas Truncadas' aborda la persecución contra personas que viven con VIH durante el conflicto armado, así como la violencia económica usada por los grupos armados que controlaban diferentes territorios y los servicios de salud, lo que desencadenó distintas formas de violencia de género, desplazamiento forzado y discriminación contra la población LGBTIQ+. 
"Fueron crímenes sistemáticos y hechos victimizantes que se dieron sobre las bases de una discriminación inaceptable de acuerdo con el derecho internacional", declaró la organización Caribe Afirmativo, uno de los autores del informe.
Presentación del informe 'VIHdas Truncadas' ante la Comisión de la Verdad.

Presentación del informe 'VIHdas Truncadas' ante la Comisión de la Verdad.

Foto:Cortesía

El documento reúne testimonios de víctimas en Santa Marta, Barranquilla, Montería, Bogotá, La Guajira, Urabá, Cali, Valle del Cauca, Villavicencio, Nariño, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, entre otros territorios y departamentos del país.
"Ellos abordaban a la persona y le daban, por ejemplo, un día. Si era la vaina, así como cuando la persona era portadora, le decía, no le daba ni hora ya, ‘te perdés de la zona hijuetantas, que te vamos a dar candela porque vos tenés sida’. Y era hablando y perdiéndose la persona, y a otras personas según los motivos, ‘piérdase de la zona, le damos tres días'", relató una mujer lesbiana del Bajo Cauca antioqueño.

Estas vidas no fueron truncadas por el VIH, fueron rotas por violencias que obedecían a proyectos políticos

Los autores de la investigación consideran que este registro es un hito histórico en el sentido de que reconoce la afectación de las personas que viven con VIH en el conflicto armado, además de que es la primera vez que el sistema de justicia transicional recibe un documento que consolida información sobre este tema.
"Estas vidas no fueron truncadas por el VIH, fueron rotas por violencias que obedecían a proyectos políticos. El decir de la guerrilla en ese entonces era que 'era más barato dar un tiro que pagar un tratamiento'", dijo José Fernando Serrano, profesor de la Universidad de los Andes, durante la presentación del informe.
Por su parte, José Guillén, de la Corporación Red Somos, señaló que "analizar el VIH en relación con el conflicto evidencia cómo el estigma hacia las personas que hoy viven con VIH ha sido reproducido. Esto conforma un crimen de lesa humanidad, que se puede considerar como persecución".
En el evento, que contó con la participación de activistas y organizaciones, se concluyó que las víctimas del conflicto que viven con VIH siguen siendo discriminadas y se hizo hincapié en la necesidad de entender el VIH como un factor que aumenta la vulnerabilidad.
WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
*Periodista de ELTIEMPO.COM
En Twitter: @williammoher

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