La reunión clave de este miércoles entre el vicepresidente Óscar Naranjo, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, y el fiscal Néstor Humberto Martínez a fin de buscar vías para el sometimiento del ‘clan Úsuga’, planteado hace una semana por su principal jefe, ‘Otoniel’, tiene ya varios consensos.
Mientras no exista un acercamiento en concreto, la orden que tiene la Fuerza Pública, en particular la Policía, es seguir persiguiendo a las cabezas de la banda y asestar nuevos golpes, como la muerte, hace dos semanas, de ‘Gavilán’, el segundo al mando en el grupo ilegal.
Sin embargo, si tras la reunión de este miércoles se considera finalmente que vale la pena apostarle a la anunciada voluntad de entrega de esa banda, que es hoy por hoy el principal cartel del narcotráfico en Colombia, las reformas legales que hagan falta se tramitarían por fast track –la vía rápida en el Congreso por la que se están tramitando las normas referentes al acuerdo de paz– antes de terminar este mes.
Ese paso, que acortaría de forma sustancial la existencia de un nuevo marco jurídico que permita algunos beneficios adicionales para los jefes de bandas, ha sido consultado con sectores cercanos a las Farc que, incluso, han tenido un papel activo en los acercamientos de ‘Otoniel’ con el Gobierno.
Como justificación han presentado uno de los puntos del acuerdo de paz de La Habana que busca habilitar estrategias para la lucha contra organizaciones criminales y las amenazas contra el proceso de paz.
Uno de los temas principales del marco normativo será, según le dijo el ministro Gil Botero a EL TIEMPO, establecer un marco para el sometimiento colectivo de las bandas criminales, hoy inexistente. El clan tiene entre 1.800 y 2.000 integrantes, la mayoría en el Urabá y Córdoba, pero con presencia importante en Nariño, Norte de Santander y los Llanos.
De forma clara, no se trata de una negociación política y, por lo tanto, nadie que esté en esos grupos puede aspirar a beneficios como indultos y amnistías. Este punto es inamovible, aunque el clan insiste en presentarse bajo el ropaje político de ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.
La figura que se discute es la del ‘acogimiento a la justicia’, que iría más allá del sometimiento que actualmente está en la ley y establece beneficios de hasta la mitad de la pena por confesión y principios de oportunidad, pero no para los grandes capos.
‘Otoniel’ y sus lugartenientes tendrían que cesar toda actividad ilegal, entregar sus fortunas fraudulentas y colaborar efectivamente con la justicia para desmantelar las redes de narcotráfico y minería ilegal. En todos los casos habrá pena de privación efectiva de la libertad.
Pero se analiza la eventual concesión de algunos beneficios penitenciarios, siempre y cuando la banda cumpla además con la reparación a las víctimas de los delitos que han cometido asociados al narcotráfico.
El fiscal Néstor Humberto Martínez reiteró este miércoles que para concretarse el sometimiento del clan “se requiere una legislación especial porque en Colombia no existe un régimen, una regulación de sometimiento colectivo, y por supuesto será necesario que, si se avanza en esta dirección, el Gobierno Nacional presente a la consideración del Congreso una iniciativa en estas materias”. Señaló que el Ministerio de Justicia está trabajando en esa iniciativa, que será analizada este miércoles, y ha pedido la coadyuvancia de la Fiscalía General.
Martínez se declaró a la espera de un encuentro con el ministro Enrique Gil Botero y el vicepresidente, Óscar Naranjo, “para conocer cuál es el alcance de esos diálogos recientes que tuvo el Vicepresidente con los voceros de esa organización criminal”. Reiteró que las comunicaciones y el video son anteriores a la muerte de ‘Gavilán’ y no ha habido nuevos contactos.
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