Las lecciones que dejó el ‘desarme a la colombiana’ de las Farc

El 15 de agosto de 2017, después de meses de un trabajo arduo, milimétrico y de altísima tensión, terminó la dejación de 9.000 armas por parte de más de 7.000 exguerrilleros de las Farc. Para entonces, ya estaban en las 26 zonas veredales de transición y al mismo tiempo que abandonaban la lucha armada para convertirse en partido político, se adelantaba el proceso de acreditación de los excombatientes por parte del Gobierno nacional.

El 22 de septiembre de ese año, un día como hoy, la Misión de Verificación de la ONU, como instancia internacional y neutral, certificó oficialmente el desarme.

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Tres años después de ese hito histórico para la democracia de Colombia, los politólogos Gerson Arias y Carlos Andrés Prieto recogieron, junto a relatos y detalles inéditos, las lecciones de ese proceso en el libro ‘Lecciones del fin del conflicto en Colombia: dejación de armas y tránsito a la legalidad de las Farc’, publicado por el Instituto para las Transiciones Integrales (Ifit, por sus siglas en inglés).

Arias y Prieto hicieron parte del equipo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que estuvo al frente del fin de las Farc como guerrilla. EL TIEMPO conversó con Gerson Arias, quien en la actualidad es director de Diálogo Social de la Comisión de la Verdad, sobre los hallazgos de este libro a tres años del adiós de las Farc a las armas.

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(Puede consultar el libro, en versión digital, aquí)

¿Cuándo se dio cuenta de que estaba sucediendo algo irreversible?

Hubo dos momentos. Uno, la visita de las víctimas, en agosto del 2014. Ahí hubo un cambio rotundo en los comandantes de las Farc, por primera vez se dieron cuenta de que en efecto causaron víctimas y la lógica de terminar el proceso era responderles a ellas. El segundo fue entre febrero y marzo de 2017, cuando las Farc nos entregaron por primera vez un listado completo de 6.800 nombres con datos y seudónimos. Ahí ya estábamos pasando la página, eso nunca se había hecho.

¿Y específicamente del proceso de dejación de armas?

Cuando estuve en la Décima Conferencia, como uno de los delegados del Gobierno, me encontré con cerca de 30 guerrilleros de la compañía Camilo Tabaco: había una mujer que había tenido once abortos, un exfutbolista de las divisiones inferiores del Santa Fe... Vi que ellos ya tenían en mente la lógica de '¿qué voy a hacer? Voy a reencontrarme con mi mamá, buscar a mi papá'. Los guerrilleros de base ya estaban imaginando su vida y preparando el camino.

Y el segundo, a finales de enero de 2017, yo fui el encargado de acompañar a la zona veredal a la columna móvil Teófilo Forero. Pasamos por San Vicente con los guerrilleros todavía armados. También ahí entendí que esto estábamos a un paso, sobre todo al ver la cara de incredulidad de los habitantes de San Vicente que decían: 'es verdad, ocurrió, ahí van'.

¿Qué es el "desarme a la colombiana" del que ustedes hablan en el libro?

Tiene tres elementos. Primero, que nadie de afuera vino a decirnos cómo nos desarmamos. Un abogado de la ONU dice en el libro que en las demás regiones del mundo ellos dictaminan qué hacer, acá nosotros ya teníamos claro que debía pasar, y ellos venían a garantizar que se cumpliera.

Segundo, la discusión de no tener imágenes de guerrilleros que, en efecto no habían perdido la guerra, entregando un arma a su adversario. Decidimos llamarlo dejación, pero técnicamente la ONU lo referencia como un desarme. Todas las noches, desde el 3 de marzo de 2017, los guerrilleros iban a dejar su armamento y la ONU lo depositaba en un container.

Y último, muy significativo: tuvimos muy en cuenta la dignidad del otro en una discusión que a veces desde afuera no se ve. Los container había que asegurarlos, y para eso estaba la Fuerza Pública y guerrilleros de las Farc, con armas, hasta el último día. Entendíamos que tenían mucha preocupación de su seguridad. Para muchos de ellos el arma era todo.

Para construir este modelo, ¿cuáles lecciones de otras desmovilizaciones tuvieron en cuenta?

Varias. La primera es que se describa el proceso de cómo será el desarme o dejación. Con los 'paras' simplemente se habló de una ceremonia, había un acuerdo general sin especificaciones. Segundo, que no existía, la verificación de los listados: no es suficiente que me entreguen los nombres y yo los acepte, como en el proceso de los 'paras'. Dijimos: esto no puede pasar nuevamente, porque pone en riesgo la legitimidad del proceso. Creamos un comité técnico de verificación de listados y Farc lo aceptó. Cada nombre fue verificado por Fiscalía, Registraduría, Fuerzas Militares, y cada nombre que generara dudas no lo aceptábamos y lo discutíamos con las Farc. El tercero es la rapidez: lo hicimos en seis meses, mientras con los paras duró casi tres años. Y cuarto, aquí decidimos crear un mecanismo tripartito de verificación (Fuerza Pública, Farc y ONU) hasta la fundición de las armas. Y agregaría el compromiso de las Farc de dedicar parte de su equipo a acompañar ese proceso de pedagogía.

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¿Cree que algunas lecciones son replicables aquí o en otros países?

Sí. Una es entender que para la sociedad este es el elemento más significativo, sobre todo en sociedades muy polarizadas. Hay que garantizar un procedimiento muy claro, paso a paso, solo así la sociedad incrédula puede preguntar qué pasó en cada paso. El segundo, que es muy inédito, es la creación de la subcomisión técnica con militares activos, porque son en efecto los que saben cómo es la guerra y porque quien va a dejar las armas tiene al frente a quien considera su adversario, y es muy importante que esas personas les digan: 'yo estoy aquí para garantizar que a ustedes no les pase nada'.

El tercero es el mecanismo tripartito, que tiene una experiencia similar en Nepal. Cuarto, obviamente la verificación de listados. Quinto, que me parece muy clave, es cómo garantizar que los garantes internacionales sean más que testigos. Tuvieron más de 100 charlas con las Farc para explicarles que ellos iban a continuar. Último, el ejercicio de plena identificación de los 13.000 combatientes, es el único proceso del mundo donde han hecho desmovilización con cédula en mano.

Hablan de la importancia de la flexibilidad, porque mucho de lo que se planeó sucedió de una forma diferente, ¿en qué sentido?

En varios. Uno, en la escogencia de las zonas. Hay un dato inédito: la propuesta como Gobierno era de siete zonas, una por cada bloque; ellos (Farc) presentaron una propuesta de 76. Una era irrealizable y la otra era exagerada. Llegamos a un punto medio, que fueron las 26, pero aún con esas, una era la lógica de los comandantes en La Habana y otra en esas zonas. Por ejemplo, en Arauca, cuando llegamos a una de ellas, estaba plagada de milicias del Eln, y los guerrilleros dijeron 'aquí no me quedo, es muy peligroso'.

Segundo, hubo flexibilidad en la entrega de los listados hasta cuando se acabó la dejación de armas. Lo otro es la identificación: muchos no sabían quiénes eran sus padres, nos tocó hacer muchos procesos con la Registraduría para ayudarles a saber quiénes eran ellos. Algo valioso es que la ONU también entendió la flexibilidad "a la colombiana". Pero hubo un vacío, y es que faltó mucha planeación de cómo ocupar los territorios que dejaban las Farc. No se pudo hacer y no fue corregido por el nuevo gobierno.

La concentración se pensó temporal, pero tres años después estos espacios siguen con muchas dificultades. ¿Fue un error pensarlo como temporal?

Sí, sobre todo en la dimensión de entender la reincorporación. La Agencia para la Reincorporación no entendió la dimensión de lo que implicaba un proceso colectivo y de que las Farc como un todo decidieran hacer dejación de armas. Segundo error, no tener una institucionalidad que respondiera de manera más rápida y flexible, por ejemplo, a los proyectos productivos. La reincorporación debía ser asimilable a un tema de seguridad nacional, porque había que garantizar de inmediato condiciones para que no retornaran a las armas. Se exageró en requisitos técnicos y eso hizo que mucha gente se fuera de esos espacios, la mayoría a sus casas y otros a la guerra.

Ustedes retoman el momento en que las Farc apartan a cinco mandos porque no están comprometidos, en diciembre de 2016, ¿cómo leyeron esto en ese entonces?

Desde mediados de ese año llegaron alertas de organismos de inteligencia sobre lo que pasaba en el frente primero. La decisión era que no había un cese al fuego definitivo y la Fuerza Pública podía operar. Lo otro que reflejaba había surgido en 2015, es muy paradójico, cuando entendimos que la sociedad reclamaba que quienes comandaban a las Farc estuvieran en La Habana, pero moverlas hacia La Habana significaba crear un vacío en los frentes y en los bloques que podía aprovechar cualquier persona.

Por eso a final del 2015 hicimos que muchos comandantes vinieran a hacer pedagogía y a saber qué estaba pasando con las estructuras. Pero cuando llega diciembre de 2016 con ese anuncio entendimos que las Farc habían dicho: aquí hay una gente que no se la va a jugar con este proceso, supieron leer muy bien los riesgos que tenía no sacarlos, entonces para nosotros significó un mensaje de confianza, pero también significaba en efecto que quedaban por fuera y podían torpedear el proceso. Esto se evidenció mucho en Caquetá, en el Cauca y en el norte de Antioquia.

Sobre la acreditación, igual hubo 'colados', pero algunas acreditaciones fueron demoradas, ¿las Farc tenían suficiente información de sus miembros? ¿Qué evaluación hacen de esa acreditación?

El hecho de haber hecho unos listados de las Farc para nosotros fue un mensaje de garantía importante. La discusión pasó de 'ahí llegamos y usted nos recibe' a 'no señor, me tiene que identificar uno a uno quiénes van a llegar'. Eso fue un logro simbólico. Ellos designaron un equipo de cuatro o cinco personas que desde diciembre de 2016 fueron por todos los campamentos y tomaron fotos a cada combatiente, registraron sus datos. Había certeza de que quien traía los listados vio cara a cara a cada guerrillero de las Farc. Otra cosa eran los milicianos.

Otro tema es si había que centralizar los listados. ‘Timochenko’ reconoce que ahí pudo haber un error. Cada comandante de la zona debía responder por la gente, metía unos nombres, eso venía a Bogotá, y a partir de la verificación teníamos dudas de nombres. Otro es la confianza: en febrero de 2017 se hizo un Consejo de Seguridad Nacional para saber cuántos eran las Farc, ese conteo nos dio 6.200 hombres en armas, y al final llegaron a las zonas 6.800, más o menos. La Misión de Naciones Unidas jugó un rol muy importante.

Identificamos más de 300 casos, no todos narcos, gente que pertenecía a grupos de delincuencia. En el 95 por ciento de los casos las Farc aceptó la información y los excluyó de sus listados. Hubo casos particulares que decidimos unilateralmente no aceptar. Las Farc, al final, no conocían la totalidad de quienes hacían parte, sobre todo en el tema de milicianos.

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De esos 6.800 a los 13.000 totales, ¿la diferencia son los milicianos y los presos?

Sí. Llegaron 6.800, después las Farc nos decían: los milicianos no van a llegar a las zonas, pero empezaron a llegar milicianos, y terminaron siendo en total 7.200. A eso hay que sumarle los cerca de 3.500 milicianos que no estaban en las zonas y los más o menos 3.000 presos.

¿Cómo afrontaron el reto de las milicias y estructuras no tan claras?

La gente que participó del proceso conocía mucho a las Farc. La habíamos estudiado por años y teníamos el apoyo de inteligencia. Había milicias bolivarianas y milicias populares. Nos decían: lo más probable es que las populares sí tengan armamento. Lo segundo era saber que muchas de esas milicias no tenían armas largas, lo más seguro es que tuvieran una granada, proveedores, armas cortas, propaganda, ese fue otro criterio. Un tercer criterio era entender, ¿hacían parte o no de la estructura? Y ahí sí tuvimos una discusión, porque en las cárceles empezó a llegar mucha gente de delincuencia común. El cuarto elemento era irnos región por región para ubicar en qué caseríos, veredas, zonas específicas habían milicias antes de la desmovilización.

Lo otro era cómo entender que hay milicias que están alrededor de la zona de operación de la estructura, pero había muchas milicias de estructuras lejos de Bogotá que trabajaban en Bogotá o en Medellín. La Fuerza Pública ayudó mucho a que no nos metieran los dedos a la boca.

¿Qué relación hay entre el desarme y la transformación de los territorios y qué aprendieron sobre la presencia del Estado en esas zonas?

Cuando hicimos con Farc la selección de las zonas, yo solía decirle a la gente, en Fonseca (Guajira), en La Paz (Cesar) o en Tibú (Norte de Santander): el arreglo al que llegamos es que ellos van a dejar las armas, se van a reintegrar, y mientras eso ocurre la Fuerza Pública y las ONU los van a cuidar. Eso funcionó muy bien. El índice de asesinatos en ETCR es casi nulo, y eso se debió a que se decidió colocar un batallón de operaciones terrestres con muy buena gente de las Fuerzas Militares y una unidad de carabineros cerca de la zona. Pero las Farc salieron de unas zonas, ¿quién llenó esos espacios?

Cuando escogimos las zonas nos dimos cuenta de la precariedad de la presencia del Estado, por más lejanas que fueran. Vistahermosa (Meta), sin trancones, está a cuatro o cinco horas de Bogotá, no es tan lejano, pero el déficit de infraestructura es enorme. La desmovilización de las Farc nos permitió ver lo crítico de la presencia institucional. Lo otro es que las Farc hacían acciones militares, violaban derechos humanos, pero también hay que decirlo, de manera paralela crearon un orden social en muchas zonas. Eso implicaba que la salida de ellos iba a desordenar eso que estaba en las zonas, a permitir que otros llegaran, y creo que eso no lo entendieron las Fuerzas Militares.

Lo que hay que entender es que si usted se demora para copar eso como Estado, de manera integral, los riesgos de que se desordene son altísimos. La gente decía, ¿y aquí qué va a pasar? Y uno como funcionario decía: tranquilos, va a llegar el Estado, la educación, los servicios, y en muchas zonas eso no ocurrió. Esa promesa que se hizo es responsabilidad de ese final de tramo del gobierno anterior, pero sobre todo del de hoy. El Estado no ha llegado, hay un incumplimiento parcial en la implementación de los acuerdos. ¿Valió la pena todo este esfuerzo para desarmar a la guerrilla más antigua del mundo con un Gobierno que no entiende que la implementación es estratégica para la seguridad en los territorios y que no entiende que tiene que reconfigurar su política de seguridad territorial?

¿Cree que el país le dio la dimensión que merecía al hecho de desarmar a la guerrilla más antigua del mundo?

El país no supo darle la dimensión histórica. Yo encuentro tres razones: una, derivada de la responsabilidad que tienen las Farc. Creo que cada vez que salían a echar su discurso mandaban un mensaje muy difícil para la sociedad. Hay una responsabilidad en términos de cómo sintonizarse con el medio país que apoyo el proceso. En segundo lugar, creo que hay un déficit importante en lo que pudimos hacer ambos actores, Gobierno y Farc, en términos de transmitir mejores mensajes a la sociedad. Y el tercer elemento es que, como dije, como Estado no fuimos capaces de cumplir la promesa de que saliendo las Farc íbamos a llegar. Eso hace que la magnitud del desarme, que internacionalmente es un ejemplo, aquí no se entienda de esa manera.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES
Redactor de Justicia
Twitter: @LopezJuanDa