La batalla por los servicios de salud mental tras dejar la guerra

La batalla por los servicios de salud mental tras dejar la guerra

Corte dice que la desvinculación del servicio no justifica quitarle tratamientos a un uniformado.

soldados

Cada año el sistema de salud de las Fuerzas Armadas atiende a miles de uniformados en servicios de psicología. 

Foto:

Carlos Capella/EL TIEMPO

Por: Milena Sarralde Duque
20 de julio 2019 , 06:46 p.m.

Hace 12 años, siendo soldado profesional, un hombre estuvo en un enfrentamiento con las Farc en una vereda de San Pablo, al sur de Bolívar. En ese combate el soldado vio morir a varios de sus compañeros que cayeron tras quedar heridos con armas de fuego.

La muerte de sus amigos en medio de la guerra le generó, según los diagnósticos clínicos, un estado psicótico crónico que se manifiesta con un shock postraumático, lo con síntomas de delirio y paranoia. Esa enfermedad hizo que en el 2011 el Tribunal Médico de Revisión Militar lo declarara como no apto para el servicio, afirmando que había perdido el 21 por ciento de su capacidad laboral, por lo que dejó de trabajar y quedó bajo el cuidado de su madre, de 64 años.

A pesar del tiempo, su condición no ha mejorado. En el 2017 y 2018 los servicios de sanidad de las Fuerzas Militares le recetaron como tratamiento el consumo permanente de medicamentos como Olanzapina en dosis de 10 miligramos, y  Sertralina, en dosis de 50. La atención continuó hasta que el 20 de junio del año pasado, tras un control de seguimiento psiquiátrico, la Dirección de Sanidad no le autorizó la entrega de esos dos medicamentos afirmando que ya no estaba activo en el sistema, por lo que la institución no estaba en la obligación de prestarle el servicio médico.

Esto llevó a que la madre del exsoldado presentara una tutela contra la Dirección de Sanidad del Ejército por vulnerar los derechos a la vida, la seguridad social y la salud de su hijo -quien duró 14 años en la vida militar-, al no darle los medicamentos que requiere, así como las citas de control.
.
Al estudiar su caso, la Corte Constitucional le dio la razón a la madre en que las Fuerzas Militares están en la obligación de seguirle dando un tratamiento pese a haberlo retirado.

Los magistrados dicen que si bien es cierto que las personas que son desvinculadas  no pueden acceder a la atención médica del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía, también es cierto que la Dirección de Sanidad debe seguir prestando ese servicio a quienes, aunque ya no tengan un vínculo jurídico y formal con la institución, sufrieron un menoscabo en su salud física o mental durante la prestación del servicio.

“Se trata de un ciudadano merecedor de especiales medidas que hagan posible su recuperación y faciliten su plena reintegración a la sociedad”, dijo la corporación.
Así, la Corte dice que, cuando un exsoldado o expolicía no tiene una asignación de retiro ni una pensión, este sistema tiene la obligación de brindarle atención a su salud hasta que el paciente se encuentre estable o recuperado.

La Corte dijo que hay tres casos en los que las Fuerzas Militares y la Policía tienen que seguir manteniendo en su sistema de salud a los uniformados desvinculados: cuando  adquiere una lesión o enfermedad antes de incorporarse a las fuerzas, y no es detectada en los exámenes de ingreso. Cuando la enfermedad es producida durante la prestación del servicio. Y cuando la enfermedad tiene unas características que ameritan exámenes especializados para determinar cuándo fue adquirida.

Un problema que afecta a miles
Soldados, formación militar, falsos positivos

Fuerzas Militares. 

Foto:

Archivo

Estrés postraumático, adicción a las drogas, esquizofrenia paranoide, depresión, delirio. Esas son algunas de las enfermedades que varios uniformados que han hecho parte del Ejército y la Policía desarrollaron tras pertenecer a esas Fuerzas Armadas. Sus casos llegaron a la Corte Constitucional porque tuvieron que poner tutelas para que se les brindara el servicio de salud que les fue negado tras su retiro.

Aunque no hay un balance sobre cuántos uniformados que sufren afectaciones a su salud psicológica acuden a tutelas para poder tener estos tratamientos, lo cierto es que el deterioro en la salud mental es un asunto que afecta a miles cada año, según las estadísticas de Sanidad Militar.

En el 2018, según el balance de Sanidad Militar, de las 383.842 personas cubiertas por el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, Sanidad atendió en psicología a 99.830 personas, y determinó mantener en evaluación psicológica a 22.721, entre militares activos, retirados y por tutelas.

Y desde el 2016 Sanidad Militar inició un sistema de vigilancia de la conducta suicida. Así, en el 2017, dicen sus registros, se reportaron 60 casos de intento de suicido, y en el 2018, 34. En el 2018, Sanidad reportó 5 presuntos suicidios de los cuales 4 de los afectados trabajaban en las Fuerzas Militares.

Según cifras de la Dirección de Sanidad Naval, en el 2017 sólo en la Armada hubo 7.952 consultas de psiquiatría, que corresponden a 2.469 pacientes. Dentro de estas consultas, dice la Armada, los casos con más registros (consultas) son la esquizofrenia paranoide (10 %), el trastorno de estrés postraumático (8 %), los trastornos de adaptación (5 %), trastornos del comportamiento por el uso de drogas (5 %), y el trastorno mixto de ansiedad y depresión (4 %).

‘La Fuerza Pública lo abandonó’
Fueras Militares

El año 2005 fue el más crítico para las Fuerzas Militares pues se reportaron 95 suicidios de uniformados.

Foto:

Jáiver Nieto / Archivo EL TIEMPO

A sus 36 años de edad, con 11 años de carrera militar en el Ejército, un capitán fue retirado sin que se le hicieran exámenes médicos. El capitán aseguró en una tutela que en su tiempo en las Fuerzas desarrolló enfermedades como esquizofrenia paranoide, depresión, además de enfermedades físicas en su columna por cargar un equipo bastante pesado. 

Su retiro se dio en el 2010, situación por la que dejó de recibir servicios de salud. El militar aseguró en una tutela que “la institución evadió la responsabilidad de garantizar su salud, dejándolo en el abandono total sin mediar consecuencia alguna”.

La Corte asegura que aunque hace 9 años el Ejército lo retiró, no ha cumplido con la obligación de realizarle un examen médico de egreso, “situación que ha generado que el exmilitar se enfrente a un escenario de incertidumbre en relación con la definición de la atención médica que requiere para mitigar su condición clínica”.

Resulta reprochable que quienes han dedicado su vida a la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional (...) vean en el Estado un respuesta negativa de abandono

El alto tribunal afirmó que es una obligación del Sistema de Salud de la Fuerza Pública practicar este examen dentro de los dos meses siguientes al acto que produce el retiro.

La corporación recordó que la Fuerza Pública tiene la obligación de garantizar que los integrantes de sus filas se puedan reintegrar a la vida social en óptimas condiciones de salud, pues “resulta reprochable que quienes han dedicado su vida a la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, así como al mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, vean en el Estado un respuesta negativa de abandono y exclusión cuando se produce su retiro de la Fuerza Pública”, dice la Corte.

Soldado desertó tras sufrir paranoia

La Corte también ha dejado claro que las Fuerzas Militares tienen que seguir prestando la atención en salud a los militares que tenían una enfermedad desde antes de entrar al servicio cuando ese mal que no es detectado en los exámenes de ingreso. Este es el caso de un joven que ingresó como soldado regular a las filas del Ejército en abril del 2010.

En una tutela su madre aseguró que el exsoldado consume drogas como el bazuco y éxtasis desde los 13 años. Dijo que tras estar en el Ejército comenzó a padecer alucinaciones e ideas paranóicas y, producto de la esquizofrenia, se fugó de las filas para vivir como habitante de calle, y luego para ser internado en una clínica.

Así fue como en el 2011 lo capturaron por deserción y lo retiraron de la institución por ese delito. Un año después la Justicia Penal Militar le otorgó el beneficio de libertad provisional.

En el 2014 la madre del joven quedó a cargo de su hijo por su discapacidad mental, producto de las drogas. Mientras tanto su salud siguió deteriorándose sin que cuente con los servicios de Sanidad Militar, institución que aseguró que ya se vencieron los términos para poder solicitar su atención, y que además afirma que su enfermedad no está relacionada con el servicio militar.

La Corte le dio la razón a la madre del soldado diciendo que aunque no es posible afirmar con certeza que adquirió su enfermedad mental producto del servicio militar, sí es posible que padeciera esta patología desde antes de incorporarse a las fuerzas militares. Aún así esa institución no detectó su condición en los exámenes psicofísicos de ingreso al Ejército, pese a tener la obligación de hacerlo, lo que agravó su situación.

Así, la Corte dijo que Sanidad del Ejército ha vulnerado sus derechos por omitir su deber de practicarle una valoración médica y emitir el correspondiente dictamen de pérdida de capacidad laboral, documento necesario para que, incluso, en un futuro acceda a una pensión de invalidez.

Policía comenzó a consumir drogas incautadas
Los 297 policías llegaron con 220 soldados del batallón de Policía Militar número 3.

Formación de policías. 

Foto:

Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El consumo de drogas y las enfermedades mentales también afectaron a un policía que estuvo cuatro años en esa institución y que fue retirado en abril del 2018 por “trastornos mentales y del comportamiento secundarios al consumo de sustancias psicoactivas”.

En el proceso, el policía aseguró que comenzó a consumir en el 2016 cuando fue trasladado a Medellín para formar parte de un grupo responsable de incautar drogas en zonas de alto consumo. Según el expolicía, por sus labores cotidianas, las pocas horas de sueño y la responsabilidad de dar resultados a sus mandos, comenzó a consumir las drogas decomisadas. Por estos hechos el uniformado, que estuvo en tratamiento terapéutico y psiquiátrico, fue desvinculado de la institución y de los servicios de salud.

La Corte falló a favor de su tutela afirmando que la adicción a fármacos y sustancias psicoactivas es una enfermedad mental, pues la dependencia a estas sustancias afecta el sistema nervioso central y las funciones cerebrales “produciendo alteraciones psíquicas y sociales”. El alto tribunal dijo que la Policía debe seguir prestando atención médica ya que su enfermedad mental y adicción a las drogas se produjo durante la prestación del servicio y fue su causa de desincorporación.

MILENA SARRALDE DUQUE
REDACCIÓN JUSTICIA@MSarralde

Descarga la app El Tiempo. Con ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias. Conócela acá

Sigue bajando para encontrar más contenido

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.