“La fumigación es fundamental. La Corte Constitucional tiene que entender que debe volver, pues estamos ante una emergencia social, económica y de seguridad nacional. Tiene que volver, entendiendo las restricciones”.
Esas fueron las palabras que el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, dio en una entrevista con Caracol Televisión, en la que aseguró que le propondrá a la Casa Blanca el regreso de la fumigación de cultivos ilícitos con este herbicida.
Aunque el Gobierno del presidente Iván Duque no ha dicho oficialmente que esta medida de lucha contra el narcotráfico vaya a regresar, ni ha dado una fecha sobre el posible reinicio de las fumigaciones, las declaraciones del embajador causaron polémica entre diferentes sectores.
Los anuncios de Santos se suman a las afirmaciones que ha dado el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien ha dicho ante el Congreso que este es el mejor pesticida para combatir los cultivos de coca, por lo que aseguró hace dos semanas que “hay que regresar a las fumigaciones aéreas con este plaguicida”.
Esto, ante un panorama en el que los narcocultivos superan las 180.000 hectáreas con un aumento sostenido de las siembra en los últimos dos años.
Pero que el glifosato vuelva a Colombia no sólo depende de una decisión política, pues hay varios requisitos estrictos que la Corte Constitucional ha puesto en diferentes fallos, y que deben ser cumplidos antes de volver a esta medida.
El uso de este químico fue suspendido en el 2015 después de 30 años de mantenerlo como una estrategia contra las drogas. La decisión de omitirlo se dio luego de que el Consejo Nacional de Estupefacientes acató un fallo de la Corte Constitucional de ese año en el que decía que esa medida debía congelarse atendiendo el principio de precaución, ante alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que asocian al pesticida con cáncer.
Por este tipo de riesgos, en términos generales ha prohibido el herbicida. Pero en mayo del año pasado, al evaluar una tutela de comunidades afrodescendientes e indígenas de Nóvita (Chocó), la Corte abrió una puerta para que se use el glifosato, pero cumpliendo estrictos parámetros.
Estas son las reglas que debe acatar el Gobierno si quiere volver a usar el químico:
Así se desarrollaba la aspersión aérea de glifosato.
EL TIEMPO
La Corte dijo en un fallo del año pasado, que es referencia en la materia (el T-236 de abril del 2017), que la única forma de reanudar el programa es a través de una investigación científica, que de forma “objetiva y concluyente, demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente”.
Esto significa que el Ejecutivo debe demostrar con pruebas, si es que desea volver a fumigar, que esta acción no genera ningún riesgo en el bienestar de los ciudadanos ni en la naturaleza.
El alto tribunal afirmó que “la investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicación que se tenga en cuenta para tomar decisiones, deberá contar con condiciones de rigor, calidad e imparcialidad”.
En el mismo fallo de abril del 2017 la Corte estableció que el Consejo Nacional de Estupefacientes sólo podrá modificar la decisión de no reanudar el programa de erradicación de cultivos con glifosato “cuando haya diseñado y se haya puesto en marcha, por medio de las medidas legales y reglamentarias que sean pertinentes, un proceso decisorio”.
Esto significa que para volver al glifosato se necesita una estricta regulación. Esa regulación debe ser diseñada por un órgano diferente a las entidades que van a fumigar.
La regulación también tiene que evaluar los posibles riesgos a la salud y el medioambiente, en un proceso en el que se les dé participación a las comunidades étnicas.
En otro fallo del 2017 (el T-080 de febrero de ese año), la Corte aseguró que el gobierno debería crear esa regulación a través de una ley, “en la medida en que esta política tiene profundas implicaciones en los derechos fundamentales de las comunidades étnicas del país”.
La Corte aseguró en su decisión de febrero del 2017 que el Gobierno debería incluir a un representante de las comunidades étnicas en el Consejo Nacional de Estupefacientes.
Esto con el fin de que ese órgano “pueda contar con la perspectiva de las comunidades, que son quienes más han sufrido con la ejecución de las políticas de erradicación de cultivos ilícitos”.
En los casos en los que el glifosato se vaya a usar en zonas donde hay comunidades indígenas o afrodescendientes, se deben realizar procesos de consulta previa con las poblaciones étnicas asentadas en esos territorios, sobre todo para conocer las afectaciones que han podido haber sufrido en el pasado por el uso del glifosato en términos económicos, de salud, ambientales y culturales.
La decisión dice que, “de no ser posible una decisión concertada entre el Gobierno Nacional y las comunidades, corresponderá al Consejo Nacional de Estupefacientes, con la base en evidencia científica, definir el nivel de afectación, de acuerdo con los parámetros fijados”.
Ese proceso, dijo la Corte, no puede desconocer las inquietudes de las comunidades “con el fin de mitigar, corregir o restaurar los efectos de las medidas que pudieron tomarse sin su participación”.
Tras la suspensión de las fumigaciones con glifosato, se han intensificado las estrategias de erradicación manual, como uno de los compromisos del acuerdo de paz.
Felipe Caicedo / EL TIEMPO
El plan que diseñe el Gobierno debe incluir una institución con la capacidad de enviar alertas ante posibles riesgos, y de documentar nuevas informaciones y datos que puedan mostrar que el glifosato afecta la salud y el medioambiente.
Esos riesgos también pueden ser informados por entidades nacionales, territoriales del sector salud como las secretarías de salud, las instituciones ambientales y otras del Ministerio Público.
Milena Sarralde Duque
REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA @MSarralde
