Recursos para el acuerdo de paz no son suficientes: Contraloría

Recursos para el acuerdo de paz no son suficientes: Contraloría

Presupuesto debe ajustarse en al menos 76 billones de pesos, dice la entidad.

Desmovilizado Farc

tras el acuerdo de paz con el Gobierno pasado,entregaron sus armas al menos 12.000 exguerrilleros de las Farc.

Foto:

Archivo particular. Comisionado para la Paz

Por: Milena Sarralde Duque
21 de septiembre 2018 , 02:45 p.m.

En su segundo informe enviado al Congreso sobre la ejecución de los recursos para la paz, la Contraloría asegura que aunque el Ministerio de Hacienda ha presupuestado que la implementación del acuerdo final con las Farc costará en los próximos 15 años unos 129,5 billones de pesos, este ejercicio "resulta insuficiente para alcanzar los objetivos contemplados en el acuerdo final". 

Para la Contraloría es claro que, si se pretenden implementar todos los componentes acordados con la exguerrilla,  ese billonario presupuesto no será suficiente. "El equipo de la CGR identificó que aquellos recursos presupuestados para la implementación del Acuerdo Final no son suficientes para cubrir la totalidad de lo acordado, particularmente en el caso de la Reforma Rural Integral,  el programa integral de sustitución de cultivos y el fortalecimiento de las medidas de reparación integral de víctimas", dice el informe. 

Este estudio, conocido por EL TIEMPO, evaluó el manejo de recursos para la paz entre el primero de enero del 2017 al 30 de marzo del 2018. 

Según la Contraloría, si no se ajusta la senda fiscal que se la ha dado al acuerdo de paz, su implementación podría tener un  déficit fiscal de entre un 0,4 por ciento y el 1,1 por ciento del PIB, porque no se están teniendo en cuenta todos los recursos que se necesitarán. La Contraloría asegura que hace falta incluir en el presupuesto por lo menos 76,02 billones adicionales para poder cubrir ese déficit fiscal. 

Para el órgano investigador, los resultados de su análisis "no sólo dan muestra de lo compleja que es la implementación de un acuerdo tan amplio y ambicioso como el Acuerdo Final, sino también del gran esfuerzo que a la fecha ha hecho el Estado colombiano".

Por eso hizo un llamado para que el actual Gobierno y el Congreso tengan en cuenta los problemas de financiación que afrontará el acuerdo con las Farc hacia el futuro, para que los cambios "redunden en la consolidación definitiva de la paz en Colombia". 

El ente de control también asegura que en el 2017 en la paz y en el Acuerdo Final se ejecutaron recursos por 6,9 billones de pesos, y se registraron 96 proyectos del posconflicto. 

Pero de esos 6,9 billones, según la Contraloría, sólo lograron aplicarse al acuerdo de paz 4,9 billones de pesos ya que los otros 2 billones son recursos del Sistema General de Participaciones y recursos propios de las entidades territoriales, sobre las que el Gobierno no tiene ningún control. 

Otro problema identificado por la Contraloría es que el Estado no ha fortalecido la capacidad de las instituciones para ejecutar los recursos de la paz. Por esa debilidad institucional "la Contraloría identificó un riesgo de pérdida de apropiación de 23,8 billones del total de monto destinado a la implementación del acuerdo final", dice el informe. 

Reforma Rural Integral 
Exposición No tenemos miedo

La reforma rural integral fue definida inicialmente para 170 municipios priorizados.

Foto:

Gabriela Guerrero Alonso

La Contraloría también asegura que la Reforma Rural Integral fue presupuestada principalmente para los 170 municipios priorizados, pero aún no existen lineamientos concretos para establecer cómo se va a lograr lo acordado con las Farc en el resto de territorios rurales. 

Así, el Ministerio de Hacienda estableció que para ponerla en marcha en esos 170 municipios necesitaría 106,99 billones, pero la Contraloría dice que según sus estudios ese proyecto "podría resultar más costoso". 

La Reforma Rural es clave porque busca lograr un desarrollo inclusivo en los territorios colombianos y hacer mucho más equitativo el acceso a la propiedad de la tierra. Por ejemplo, mientras el Minhacienda estima que los planes de infraestructura y adecuación de tierras pueden costar unos 28,2 billones de pesos, la Contraloría dice que según cifras de la Misión para la Transformación del Campo, realmente el costo sería de unos 103,5 billones, 3,7 veces más de lo asignado. 

Según la Contraloría, "los ejercicios de priorización enfocaron sus esfuerzos en las zonas más afectadas por el conflicto, así como en las más pobres. Sin embargo, el análisis estratégico de estos criterios sugiere que es posible cubrir más territorios si los ejercicios se articulan con la oferta actual del Gobierno". En otras palabras, la Contraloría invita a no hacer dobles esfuerzos y construir sobre lo que otras entidades ya han hecho. 

Otro problema radica en que el Fondo de Tierras contempló la entrega de 3 millones de hectáreas, pero, según el informe, la Agencia Nacional de Tierras sólo ha avanzado en el proceso de registro de 292.628 hectáreas. "A este ritmo, se lograría la entrega de las tres millones de hectáreas en 10,3 años", asegura, pese a que el tiempo acordado es de siete años. 

Participación política

La Contraloría asegura que este punto del acuerdo costará unos 4,3 billones de pesos, de los cuales ya se han ejecutado unos 30.000 millones en el 2017. 

Afirma que en cuanto a su objetivo de ampliar la democracia, se debe establecer que en las elecciones parlamentarias y presidenciales hubo un aumento de la participación. Así, entre el 2014 y 2018 las tasas de crecimiento de la participación fueron las más altas en los últimos 20 años. En las parlamentarias el crecimiento de participación fue de 5,4 puntos porcentuales frente al 2014, y en las presidenciales, fue de 13.29 puntos. A esto se suma que las elecciones del 2018 "fueron las más seguras en los últimos 20 años". 

Pese a esto, afirma que faltan mayores garantías para la participación política como la seguridad. Por ejemplo, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía no tiene una asignación de recursos para el 2017 y 2018. 

Fin del conflicto y reincorporación
Unión Europea y FAO apoyarán reincorporación de exguerrilleros de las Farc

El proyecto de la ONU que apoya la reincorporación se ha adelantado en varios departamentos como el Cesar, Nariño, Antioquia y La Guajira.

Foto:

Misión de verificación de la ONU

La Contraloría destaca que la dejación de armas de las Farc se caracterizó "por ser una de las más expeditas a nivel internacional".
 
Sin embargo, asegura que uno de los problemas en ese punto acordado con las Farc es que la falta de precisión en la definición de cómo debían ser los campamentos para la dejación de armas "condujo a aumentos cercanos al 127 por ciento en los costos financieros para su puesta en marcha". Así, mientras debían costar 52.837 millones de pesos, terminaron costando 119.858 millones de pesos. 

La Contraloría también dice que hay un reto enorme para que las actividades económicas que desarrollan los desmovilizados sean sostenibles, entre otras cosas, por el cambio de temporalidad y funciones que tenían las zonas veredales, que hoy son espacios territoriales para la capacitación, reincorporación y normalización de los exguerrilleros. 

Sobre los contratos que el Fondo de Programas Especiales para la Paz suscribió para construir esos campamentos, la Contraloría dice que revisó 26 contratos y no encontró pérdidas de recursos. 

También, dice la Contraloría, hay límites en las medidas de estabilización económica que contemplaba el acuerdo de paz, como una renta básica para exguerrilleros y auxilios, y la financiación de proyectos productivos en sus espacios territoriales. Uno de los problemas es que los campamentos están aislados, con una distancia promedio de 148 kilómetros al mercado mayorista más cercano.

Incluso, algunos están en zonas de resguardos indígenas y de difícil acceso como el de El Gallo (Córdoba), y Buenos Aires (Caldas), lo que pone en duda qué tanto podrán ser productivos los proyectos que allí se desarrollen. 

Si bien estos campamentos se ubicaron en función de un proceso de desarme, no necesariamente cumplen con las condiciones requeridas para un proceso de reincorporación a la vida civil, haciendo difícil aspectos como la consecución de trabajo o el acceso a la oferta estatal", dice el estudio. 

La Contraloría cuestiona, además,  que el costo de la política de reincorporación de excombatientes podría ascender 478.569 millones de pesos por un periodo de 6,5 años (2017-2023), pero lo previsto por el Minhacienda son 350.115 millones de pesos. 

Y aunque esos recursos cubren componentes como la renta básica, y los proyectos productivos, dejan por fuera la atención psicosocial y la seguridad de los excombatientes.

Cultivos ilícitos y narcotráfico 
Sustitución de cultivos

Sustitución de cultivos

Foto:

Archivo El Tiempo

El punto 4 del acuerdo final buscaba poner fin al problema de las drogas ilícitas y encontrar una solución para que los narcocultivos (que según el Simci entregado este miércoles están sobre las 171.000 hectáreas) dejen de ser una fuente de ingresos para familias campesinas. 

La Contraloría dice que aunque se establecieron criterios de priorización para seleccionar los municipios que deben ser objeto del programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, no son claras las decisiones con las que se focalizaron los municipios ni los argumentos con los que se seleccionaron los territorios beneficiarios. 

"Esta focalización, si bien contiene el 69,5 por ciento del área cultivada, deja por fuera 14 municipios con el 20 por ciento del área cultivada", dice la Contraloría. 

Es por esto que los costos podrían ser mayores. Mientras para las 123.225 familias que contempla el plan de sustitución se tiene un presupuesto de 4,5 billones de pesos, se está dejando por fuera al resto del país. 

También, asegura, el número de familias vinculadas al programa es pequeño con relación al universo de las que tendrían cultivos de coca. 

Reparación de víctimas
Unidad móvil para víctimas

Cerca de 9 millones de colombianos aparecen en el registro de víctimas.

Foto:

Cortesía Unidad de Víctimas

La Contraloría afirma que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha estado a cargo de la recepción de los bienes entregados por las Farc, "pero enfrenta dificultades operativas internas para monetizar los recursos". 

Por ejemplo, dice el informe, hasta ahora sólo ha podido monetizar por completo la recepción de dólares (450.000 USD). En cuanto al oro entregado por las Farc (380.020 gramos) sólo se ha podido reportar la recepción del 67,23 por ciento, y en cuanto a los pesos colombianos (11.570 millones de pesos), sólo se ha podido gestionar la recepción del 17,41 por ciento. 

El problema con el oro ha sido que está bajo la custodia del Banco de la República, pero debe ser avaluado por un experto inscrito en el Registro de Autorregulación de Avaluadores, pero hoy no hay ninguna persona inscrita que pueda avaluar este tipo de bien. Por eso la SAE presentó una propuesta para modificar la norma y poder avanzar.

En cuanto a los bienes entregados, la SAE necesita la información precisa para poder caracterizarlo como su ubicación, estado de ocupación, vocación y estado jurídico, pero esos datos no estaban en lo reportado por las Farc. Para resolver este problema, la SAE "ha desarrollado mesas de trabajo y verificación con los delegados de las Farc para su localización exacta". Con este proceso, dice la Contraloría, sólo se han logrado identificar 45 predios. 

Otro problema ha sido los semovientes, pues de 24.456 cabezas de ganado reportadas, sólo se ha avanzado en la recepción de 159 (el 0,65 por ciento), pues se requiere que sean puestos en cuarentena y pasen el filtro fitosanitario y de vacunación. 

Otro problema, dice el informe, es que el procedimiento legislativo especial para la paz no fue aprovechado para corregir los problemas financieros que afronta la ley de víctimas (del 2011, que ha registrado a casi 9 millones de víctimas), "con lo cual la implementación de este punto está heredando los males de la implementación de dicha ley, y ejerciendo presiones fiscales sobre una ley ya desfinanciada". 

MILENA SARRALDE D.
REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA
Twitter: @MSarralde

Sigue bajando para encontrar más contenido

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.