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Condenan al Estado por seguimientos ilegales al Cinep
Chuzadas ilegales

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Condenan al Estado por seguimientos ilegales al Cinep

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La condena fue emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Estado por las 'chuzadas' ilegales realizadas desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)  al Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

Así lo anunció el Cinep en sus redes sociales.

"Estos hechos, que son de conocimiento público, vulneraron derechos como la intimidad, la seguridad personal, la inviolabilidad de documentos privados y correspondencia, y el buen nombre del Centro y de sus integrantes", señaló la institución.(Le puede interesar: Condenado exfiscal Gustavo Moreno se declara en insolvencia económica).

Y añadió que "esta persecución, de la que fueron objeto no solo el Cinep sino personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos de oposición de todo el país, ocurrió durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez".

En el comunicado del Cinep se señala que desde 2011, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) demandó al DAS por considerar que las actividades de inteligencia ilegal que adelantaba dicha institución en contra del Cinep y sus integrantes atentaban contra sus derechos. Estas actividades incluyeron perfilamientos, interceptaciones ilegales de comunicación y actividades de seguimiento.

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“Recibimos esta condena y posibilidad de reparación como un acto de justicia que, más de una década después, demuestra que los defensores de derechos humanos han sido históricamente estigmatizados y que sus derechos han sido violados”, aseguro Martha Lucía Márquez, directora del Cinep.

Y para Gustavo Gallón, director de la CCJ, “la presente sentencia constituye una enseñanza para la sociedad y el Estado, y se convierte en un logro significativo en la protección de los derechos humanos; además, configura un precedente sustancial en la protección de los derechos de las organizaciones sociales”.

El comunicado señala que para ambas organizaciones, que el Estado colombiano sea condenado y obligado a reparar a una organización social por perseguirla y estigmatizarla permite recordar que los gobiernos deben respetar el Estado social de derecho y garantizar los derechos fundamentales a toda la ciudadanía, incluidos sus críticos y sus opositores.

"No obstante, persiste la preocupación por la ausencia de garantías para los derechos a la vida, a la movilización social y la paz en la actualidad, y por el respeto a las organizaciones sociales en el actual gobierno, del mismo grupo político de quienes hoy son declarados culpables, porque hechos como los que fueron objeto de la sentencia todavía se siguen presentando", señaló la organización. 

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