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Finqueros contra indígenas: la otra guerra del Cauca
Álvaro Saá

Álvaro Saá, en una parte de su finca que le destruyeron indígenas preparados para confrontar al Esmad, en una toma de tierras en Corinto.

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Salud Hernández-Mora

Finqueros contra indígenas: la otra guerra del Cauca

El lunes, 80 indígenas invadieron una nueva hacienda. Un conflicto que Bogotá no resuelve.

“No quiero venderles la finca ni acepto que ustedes me la quiten a la brava”. Álvaro Saá advirtió a los indígenas que está decidido a pelear por su tierra. No piensa rendirse. Pero el tiempo juega en su contra. Pidió créditos bancarios para sembrar y no sabe cuándo le quemarán la próxima cosecha de caña o si podrá recoger el maíz que cultivó en unas cuantas hectáreas. “Dicen que respetan la comida, que eso no lo destruyen”, afirma.

Lucharemos por estas tierras hasta que el Sol se apague, así nos toque pagar con la vida

En el bando contrario ya decidieron que arrancarán el maíz. Puede ser en unos días o dentro de unas semanas. Prisa es lo último que tienen los indios del pueblo nasa, asentados desde tiempo inmemorial en el norte del Cauca.

En este 2018 arreciarán sus acciones para seguir ocupando fincas cañeras que se extienden por el valle del caudaloso río que da nombre a dos departamentos. Y si este año no cumplen todos los objetivos, será el próximo o dentro de unas décadas. Libran una guerra de generaciones y están convencidos de que vencerán, no importa cuándo.

“Así siembren comida, igual lo volverán monocultivo, y no lo vamos a permitir. Es la liberación de la Madre Tierra. Lucharemos por estas tierras hasta que el Sol se apague, así nos toque pagar con la vida”, asevera con firmeza un vocero indígena. Hablamos temprano en la mañana, en uno de los cambuches que levantaron en un pedazo de la finca García Arriba, la de Álvaro Saá. No quiere dar su nombre –“somos todos comuneros”–, para él no es relevante quién hable, sus palabras son las de su pueblo.

“Lo nuestro no son invasiones porque todo esto fue resguardo. Los mayores, que tienen 80, 90 años, fueron despojados de estas tierras de manera violenta, asesinaron a nuestros ancestros para sacarlos de sus territorios y por salvar el cuero muchos se fueron a las montañas. Pero en la parte alta no hay dónde trabajar, el Gobierno nos aprieta con la ley de páramos, nos empuja a las peñas. Por eso, nosotros vinimos al valle a quedarnos, no nos vamos a ir de aquí”.

La confrontación entre finqueros de Corinto e indígenas nasas se agitó en 2014. En el municipio del norte del Cauca, a hora y media de Cali, tienen marcadas como objetivo prioritario siete haciendas, casi todas pertenecientes a Incauca, que piensan arrebatar a sus propietarios. Luego irán por más. “Decidimos en asamblea recuperar las tierras de nuestros ancestros. Es como el pueblo de Israel, hay que regresar a lo nuestro”, señala otro indígena. “Ya hemos recuperado mil hectáreas en Corinto”.

Son 35 las familias asentadas en una parte de la hacienda García Arriba, primer paso para ocuparla por completo. Perteneció al tío y al papá de Álvaro Saá, la compraron en 1976. De 160 hectáreas, había pertenecido a un señor a quien le quedó grande sacarla adelante. Ellos decidieron dedicarla al sorgo, soya y algodón y metieron a trabajar al joven Saá, cuando se graduó de ingeniero agrónomo. Permaneció dos años, hasta que su tío se empeñó en sustituir todo por la caña y sellar una alianza con Incauca.

Álvaro, caleño de nacimiento, optó por tomar otros derroteros, no solo prefería los granos, las Farc también iniciaron su arremetida, y su familia, que ya había sufrido dos secuestros extorsivos a manos de otra guerrilla (su padre y un hermano), quería alejarlo en aquel momento de la zona.

Solo regresó a García Arriba en 2010. Se la arrendaron sus primos, socios mayoritarios (su tío había fallecido). Siguió con la caña y recuperó seis hectáreas de café que su padre solía sembrar en la única área pedregosa de la hacienda. “Le invertí mucha plata desde el inicio para hacerla más productiva, y en 2014 se meten los indios”, protesta Saá.

Fue en 2011 cuando los nasas tomaron la decisión de recobrar lo que consideran les pertenece. El 25 de diciembre de 2014 ingresaron a la hacienda García Arriba cuando estaba solo el mayordomo. “Hicieron cambuches en la orilla, y el 2 de enero puse la denuncia”, recuenta Saá. “Pero no se podía hacer nada en ese momento, debía esperar a que la Policía ordenara un desalojo”.

Tardaron un mes en intervenir. El Esmad dispersó a los indígenas. “Lo que ocurre es que los desalojos son como arriar vacas y no volver a cerrar el cerco. Llegaban el Esmad y la Policía, tumbaban cambuches; si había sembrado plátano, se lo tumbábamos con la maquinaria, pero a las 11 de la mañana se acababa el desalojo, el Esmad y la Policía se iban, y quedaba de nuevo yo solo”, recuerda Saá. “Volvían y se metían, y ahí sí más bravos, y me quemaban caña”.

Reportaje Salud Hernández-Mora

Los finqueros se sienten desamparados e impotentes, y los nativos consideran que no tienen otra manera de recuperar lo que consideran es suyo.

Foto:

Salud Hernández-Mora

Garrotazos

En los primeros escarceos, y pese a las duras disputas, aún había espacio para el diálogo. “Yo tenía un marrano en la finca porque siempre en diciembre me lo pedían los guerrilleros del sexto frente de las Farc como una colaboración. Ese año no lo quisieron, sino un ternero, y me tocó dar la plata para que lo compraran. Al poco, los indios mandaron a las mujeres, niños y señores más ancianos a hablar conmigo. Yo les explicaba que si necesitaban tierra, no les podía solucionar el problema, que eso era responsabilidad del Gobierno, que me ofrecieran dinero para comprármela. Luego me dijeron que pasaban hambre, tenían plátano pero no carne. Les di el marrano, y se fueron contentos”.

Nunca llegó una oferta de compra ni pudieron ponerse de acuerdo. Las buenas intenciones y las palabras conciliadoras dieron paso a agrios enfrentamientos verbales, que fueron escalando hasta que se produjeron agresiones violentas.

La destrucción de los cañaduzales por los indígenas y las intervenciones del Esmad para defender la propiedad privada azuzaron los ánimos, cada día más exaltados. De las increpaciones pasaron a las manos.

“Un día estábamos hablando, yo les decía ‘esta finca es mía’, y un muchacho me pegó una pedrada”, señala Saá. “Estaba rodeado de indios, pero había Ejército y salí a perseguir el indio. Le caí encima, y fue cuando me pegaron un garrotazo en la espalda”. El Ejército intervino para separarlos.

“La segunda vez, iba por la finca y vi un indio fumigando. Le pregunté qué hacía ahí. ‘Estoy fumigando porque esto es de nosotros’, respondió. ¿Cuál de nosotros?”, relata Saá. Enfadado, le arrebató la fumigadora y enseguida aparecieron más nativos y lo rodearon. El enfrentamiento quedó grabado. Saá recibió golpes de machete y amenazas de Julio Tumbo, un comunero. Dejó claro que harían lo que fuera necesario para quedarse con la hacienda. “No me mataron porque saben que se meten en un problema, pero me pegaron hasta que se aburrieron”.

La orilla opuesta ofrece una visión diferente de lo sucedido. “Él armó trabajadores para bolear plomo. Una vez se le acabaron los tiros que tenía la pistola, le dieron su merecido. Afortunadamente no hubo muertos”, afirma el nativo citado arriba. Al cambuche se ha ido acercando un nutrido grupo de comuneros. “Yo creo que los finqueros son capaces de llamar a paramilitares, el dinero lo compra todo. Y hemos recibido agresiones del Ejército, nos han tratado de una manera salvaje. Pero no nos van a amedrentar. La pelea nuestra no es con armas, ni vamos a llamar a la guerrilla (en Corinto hay disidencia del sexto frente de las Farc), como unos dicen”.

Saá rechaza de manera enfática las acusaciones. “Los ciudadanos en el campo estamos desamparados ¿Por qué en las ciudades uno entra a un banco y hay un guarda vigilante armado, y si alguien se mete a hacer un daño, tiene derecho a disparar? Pero los de las fincas no nos podemos cuidar porque si nos defendemos, somos paramilitares”, critica Álvaro Saá.

Además de las pérdidas por los incendios provocados y las cañas arrancadas con barretones, le quemaron un campero, la moto de un trabajador, entre otros bienes. Hasta el momento evalúa en más de 700 millones los daños, una cifra elevada para sus ajustadas finanzas.

La Constitución nos da las herramientas para reclamar nuestros derechos sin vulnerar los de otras personas

Batalla perdida

Aunque es el único que pone el pecho y da la cara, cuenta con el respaldo del gremio cañero. La hacienda y el trabajo que defiende Álvaro Saá son un muro de contención y un símbolo de la defensa de la propiedad privada. Si lo derriban, irán por otras hasta hacerse con las planicies del fértil valle, tapizado de cañaduzales, principal motor agrícola de la región.

También tienen de su lado a Caicotb (Cabildo Indígena de Corinto Tierra de Bendición), agrupación alternativa a la Acin (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca), que promueve las invasiones. “Nosotros ni invadimos ni tomamos acciones de hecho. La Constitución nos da las herramientas para reclamar nuestros derechos sin vulnerar los de otras personas”, señala Juan Carlos Bastilla, respetado líder social de Corinto.

“Yo voy a seguir guerreando, aunque es una batalla perdida”, afirma Álvaro Saá. “El Ejército y la Policía no pueden hacer nada. Me dicen: los indígenas tienen peinillas y machetes y nosotros, fusiles, eso es desigualdad de fuerzas, y no vamos a dañar nuestras carreras ni arriesgar que nos metan a la cárcel si disparamos a los indios. La Fiscalía tampoco hace nada, se escudan en que los indígenas tienen un mundo de derechos y garantías. Pero esto no es resguardo, es propiedad privada”. Ha demandado al Estado por incumplir el deber constitucional de proteger los bienes y la vida de los ciudadanos. Ya perdió una tutela con el argumento de que el Gobierno no puede poner un policía a cada colombiano y la Fuerza Pública lo ha protegido siempre.

Una de las críticas a los indígenas que ocupan fincas que se oyen con más frecuencia en Corinto es que las dejan caer, que no las trabajan.

“No es cierto lo que dicen”, replican los nasas instalados en la hacienda de Saá. Y me muestran unas cabezas de ganado y pequeños sembradíos de yuca, plátanos y tomates. “La verdad es que nuestras familias van creciendo, y no hay tierra para darles. Aquí vino el ministro de Agricultura a prometer solucionar el problema de tierras y vivienda. ¿Dónde las va a construir, en la Luna? ‘Si no hay tierra’, le dijimos. Contestó que hay en el Caquetá, en Casanare y nosotros estamos arraigados en esta región, la de nuestros ancestros. En tres años hemos ganado terreno, y recuperaremos más. Cuando el indígena se propone algo, lo consigue”.

SALUD HERNÁNDEZ-MORA
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
CORINTO (CAUCA).

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