Es una guerra que pocos comprenden, alimentada por un odio de nuevo cuño, irracional y de raíces tan ligeras como las de las barras bravas.
Desde hace año y medio, ‘Caparrapos’ y ‘Gaitanistas’, antiguos hermanos, se enzarzaron en un enfrentamiento sangriento que tiene aterrorizada a la población civil. Decenas de jóvenes mueren y matan por plata o por la promesa de recibir un pago.
Con frecuencia, las víctimas solo son sospechosas de colaborar con el bando del rival o simplemente estaban en el lugar equivocado.
Un día habrá un final, como ocurrió hace seis años, cuando los ‘Urabeños’ (rebautizados ‘Gaitanistas’ o ‘clan del Golfo’) y los ‘Paisas’ se disputaron el Bajo Cauca hasta que sellaron un acuerdo de repartición territorial.
A la pelea fratricida se han sumado el Eln y las disidencias de las Farc, ansiosas de ganar terreno en una región atiborrada de coca y minería ilegal y que, además, tiene el infortunio de contar con tres corredores vitales para el tráfico de drogas.
De momento tomaron partido por los ‘Caparrapos’, un grupo criminal originario de Caparrapí, Boyacá, que hace un cuarto de siglo se incorporó al que fuera el bloque Central Minero de las autodefensas y que ahora dirige un tal ‘Caín’, que ronda los 45 años.
La manera en que cubrí el trayecto entre Cáceres, en manos de los ‘Caparrapos’, aunque no conquistado por completo, y el corregimiento El 12, de Tarazá, feudo de los ‘Gaitanistas’, es una muestra de cómo –además de los graves crímenes que cometen a diario– el enfrentamiento afecta la cotidianidad de la comunidad.
En el casco urbano de Cáceres subí a un mototaxi, el único transporte público con permiso de las bandas para ir a Tarazá, a unos 20 minutos de distancia. Pero solo me pudo llevar hasta un determinado punto de dicha localidad, el marcado por los grupos armados. No están autorizados ni a dejar al pasajero en otro lugar del pueblo ni a recoger clientes para regresar a Cáceres. El que incumple, o se desplaza o se muere.
En Tarazá abordé una de las camionetas amarillas que cubren el trayecto hasta El 12. Tal y como su nombre indica, doce son los kilómetros que lo separan de la cabecera municipal. Situado sobre la transitada arteria que une Medellín con Caucasia, se trata de una calle larga, paralela al río Cauca, atestada de cantinas vacías con música a todo volumen y de otros comercios.
Nadie que no tenga nada concreto que hacer se le ocurre hoy en día detenerse en El 12, en especial si reside en Cáceres u otras poblaciones que los ‘Gaitanistas’ consideren afectos a sus nuevos mayores enemigos. “Es la guerra de la desconfianza. Si no te conozco, te desaparezco o te mato”, murmura un paisano. Y, según cuentan, no se toman la molestia de investigar antes de actuar.
Además, también te pueden matar por azar. “Dos veces dos tipos en moto dispararon contra cantinas, pero se les engatilló”, agrega el señor.
Para evitar caer en un rafagazo, los lugareños salen lo imprescindible a la calle. “No me molesta, ya que mi mamá no me deja casi andar por la calle”, indica una quinceañera, aburrida de no poder pasear tranquila por su pueblo. “Mis amigas y yo lo comprendemos ahora”, añade.
Las vacunas son otro dolor de cabeza, así como la quema de vehículos. “La gente está muy cansada y atemorizada por la violencia. Y para los grupos es fácil reclutar jóvenes porque hay poco que hacer por acá”, masculla un nativo, hastiado de convivir con el miedo y la zozobra.
Una granada de los ‘Caparrapos’ en una discoteca de Caucasia, donde hirieron a una treintena de clientes en diciembre del 2017, fue la chispa que prendió la conflagración. Esa hipótesis señala que ‘Caín’ y otros mandos decidieron desligarse de los ‘Gaitanistas’ y emprender su propio camino.
Otra apunta a que la guerra estalló a mediados de enero del año siguiente, el día que la Fiscalía incautó la avioneta de un mafioso llamado ‘Montero’, quien trabajaba para todos. Los ‘Caparrapos’ (bautizados ‘Virgilio Peralta Arena’ en honor de uno de sus muertos) creyeron que sus compañeros ‘Gaitanistas’ planeaban quitarlos de en medio en el negocio de la cocaína e iniciaron la contienda.
Que fuera uno u otro hecho el detonante es lo de menos. En la trastienda figura, como de costumbre, la lucha por el control de rutas que van desde Venezuela hasta el Pacífico y el Atlántico, pasando por la región en disputa, así como incontables cristalizaderos, 15.000 hectáreas de cultivos ilícitos y la explotación ilegal de minas de oro.
Los ‘Caparrapos’ se aliaron con el Eln y los ‘Pachelis’ de Medellín, que les suministran sicarios y armas, según una fuente local. Y cuentan con el respaldo económico de narcos mexicanos, quizá el Jalisco Nueva Generación. Además, se han incorporado las disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc, interesados en los mismos dominios.
En la orilla contraria contratan sicarios, exguerrilleros y exsoldados y suboficiales, y trajeron refuerzos propios de otras áreas. A veces, en lugar de pagarles un salario, les permiten extorsionar.
Algunas fuentes castrenses hablan de 570 ‘Gaitanistas’ y 340 ‘Caparrapos’ en armas en el Bajo Cauca, responsables de los desplazamientos rurales, pero hay que sumar los que operan en los núcleos urbanos, que doblan o triplican esos números.
“Nosotros somos los dueños de la región”, alegó con odio y rabia un asesino ‘caparrapo’ cuando un militar le preguntó por la razón del enfrentamiento con sus antiguos compañeros. Desean que regresen a Urabá, de donde partieron originalmente.
“Es una guerra de gatilleros, de pandilleros, se conocen y se matan entre ellos. Son malandros, algunos drogadictos, jóvenes de entre 18 y 23 años, visten pantaloneta, camiseta y chanclas”, describe el uniformado. Y agrega: “Medio huelen que son del bando contrario y los matan de una”.
Casi todos los muertos pertenecen a uno de los dos grupos, y aunque los civiles son menos, en ocasiones los asesinan con una aterradora saña, en especial los ‘Gaitanistas’.
Es el caso de una chica, bonita y esbelta, que tenía 16 años. El 9 de abril la violaron entre varios y la ahorcaron colgada de un árbol en los terrenos de la Universidad de Antioquia, sede Caucasia. Los ‘Gaitanistas’ le cobraron una supuesta cercanía con sus rivales. Y en otra ocasión dejaron una cabeza en mitad de una calle.
“Uno no sabe con quién habla”, susurra un joven en Cáceres. “Se ha vuelto complicada la convivencia. Solo por saludar a uno que usted conoce, porque lo vio crecer en el pueblo, lo matan”, agrega.
“Para sobrevivir aquí, uno no ve, no oye, no habla”, dice otro muchacho en Jardín, el corregimiento más grande de Cáceres.
“Yo no salgo a ningún sitio porque los que vivimos acá estamos rayados. Creen que todos somos ‘caparrapos’ ”, me dice un chico de Piamonte, un poblado desolado y pobre.
“Yo pago vacunas a ‘Gaitanistas’ y a ‘Caparrapos’ ”, admite un comerciante de Caucasia, inquieto porque cancelar la extorsión ya no es suficiente escudo. “No hay una cabeza con quien hablar si uno tiene problemas, como ocurría antes. No está claro quién manda”, precisa.
En la antigua hacienda Canaán, incautada a ‘Macaco’, la Fuerza de Tarea Aquiles, creada este año para devolver la calma a la región, asentó uno de sus batallones. Y no parece una misión sencilla.
En el escaso tiempo transcurrido y en colaboración con la Fiscalía y la Policía, ya lograron bajar los homicidios, y capturaron –solo en el primer trimestre del 2019– a 344 integrantes de ‘Gaitanistas’ y ‘Caparrapos’, y 45 del Eln. Además, han librado medio centenar de combates contra ellos. Y todo pese al formidable poder corruptor de los ‘exparas’ y la inquietante precariedad del Estado.
Las cárceles están saturadas y a veces rechazan detenidos; los fiscales apenas cuentan con un número apropiado de investigadores y en Cáceres, por ejemplo, no hay ninguno, como tampoco existe una sede de Medicina Legal en el Bajo Cauca.
Los uniformados son conscientes de que el palo no será suficiente en una región donde las economías ilegales e informales están muy arraigadas, igual que las bandas criminales, y las opciones laborales son mínimas para una legión de jóvenes y adolescentes fáciles de tentar.
“Hay que atacar con todo a los bandidos y procurar que el Estado resuelva los problemas de las comunidades. Son 894 veredas y 95 corregimientos”, afirma en Caucasia el comandante de Aquiles, general Alberto Rodríguez.
“No manejo proyectos ni dinero, pero pretendemos coordinar los esfuerzos de todas las entidades”, agrega.
A la confrontación armada se suman los problemas de Hidroituango, lo que ha sumido esa región hermosa, de gentes trabajadoras y emprendedoras, en una honda crisis económica. La represa afectó la minería y la pesca, y los valores de fincas y bienes raíces se desplomaron por temor a una crecida. Tanto es así que los bancos no los aceptan en prenda de garantía.
“Mucha gente ha salido del territorio”, advierte José Silvestre Sánchez, presidente de Aproaca, que reúne cultivadores de cacao en Cáceres. “Y no nos han tenido en cuenta para las ayudas”, enfatiza.
El barrio Magdalena de esa localidad, ahora un desierto porque los ‘Caparrapos’ (otros vecinos dicen que ‘Gaitanistas’) obligaron a desocuparlo en represalia por la incautación de unas armas en una de las casas, refleja la triste realidad que soportan.
“Aunque quieras vender, ¿quién va a querer comprar en este pueblo?”, se pregunta un vecino. “Y los ‘Caparrapos’ no se van a acabar nunca, mutarán”, afirma otro nativo.
La Fuerza de Tarea Aquiles, por bien que cumpla su cometido, no puede ser la única respuesta.
SALUD HERNÁNDEZ-MORA
Especial para EL TIEMPO
Bajo Cauca antioqueño (Cáceres, El 12, Caucasia y Piamonte)
