En la Procuraduría General se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que se concibió en La Habana y cuyo propósito es diseñar la política criminal para el desmantelamiento de las organizaciones que atenten contra la implementación de los acuerdos de paz.
En la reunión participaron, entre otros, los viceministros de Defensa, Aníbal Fernández de Soto; del Interior, Guillermo Rivera; de Justicia, Carlos Medina; el vicedefensor del pueblo, Jorge Calero Chacón; la consejera presidencial para los Derechos Humanos y Paula Gaviria Betancur.
El procurador, Fernando Carrillo, precisó que el propósito de la Comisión es crear mecanismos de protección para los líderes de organizaciones políticas y sociales y defensores de Derechos Humanos y de esa manera prevenir los ataques y avanzar en las investigaciones por atentados y amenazas contra ellos.
Reconoció que hay divergencias en las estadísticas sobre líderes sociales víctimas de amenazas o que han sido asesinados en los últimos meses.
Anunció que en la reunión se acordó la creación de una plataforma común de defensa de organizaciones políticas y sociales para tener un sistema de información que permita prevenir esos ataques.
"Aquí estamos frente a un desafío grandísimo y es evitar que se repita el genocidio que se dio hace dos décadas con la unión patriótica y esos temores existen en las organizaciones sociales y son temores que hay que disipar por medio de la construcción de la confianza", señaló Carrillo.
Y agregó que se entregó una directiva para articular los procesos territoriales vinculando a los alcaldes, personeros y gobernadores, para que haya una protección efectiva de los líderes sociales y aún más frente al escenario electoral que ya se viene para el país. Además, se tomó la decisión de convocar a la Rama Judicial, que no estaba incluida según el Decreto Ley que creó la Comisión.
Aquí estamos frente a un desafío grandísimo y es evitar que se repita el genocidio que se dio hace dos décadas con la unión patriótica
El pasado 10 de marzo, la Procuraduría había enviado un concepto a la Corte Constitucional pidiendo que declare exequible el decreto ley 154 del 2017, por medio del que se creó la Comisiónl.
“Ante el proceso de paz que actualmente se implementa, resulta razonable y necesario que uno de los principios objetivos estatales consista en la persecución y erradicación de los delitos que tengan por objeto entorpecer la implementación de la paz o amenazar la vida o integridad de las personas que han dejado las armas para reintegrarse a la vida civil”, sostiene la Procuraduría en el documento enviado al alto tribunal.
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