Asesinato de líderes en 2018, tres veces mayor a los 3 años anteriores

Asesinato de líderes en 2018, tres veces mayor a los 3 años anteriores

ONU Derechos Humanos entregó informe sobre situación en Colombia el año pasado.

Presentación ONU DH 2018

Presentación informe sobre Colombia en 2018 del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Foto:

Twitter: @ONUHumanRights

Por: Justicia
23 de mayo 2019 , 03:37 p.m.

Un preocupante balance entregó el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de Colombia el año pasado. El asesinato de líderes está disparado, persisten las amenazas a excombatientes de las Farc, y aún hay poca presencia del Estado en la regiones apartadas del país.

En su informe anual, la ONU Derechos Humanos también hizo un llamado para que en la justicia transicional las víctimas, independientemente de cuál sea su presunto agresor, sean verdaderamente el centro de la implementación del acuerdo de paz.

Desde Cúcuta, se recordó la importancia de que haya presencia efectiva del Estado en los territorios y que esto no se limite a Fuerza Pública. Esto, "es indispensable para garantizar el acceso de la población a los derechos humanos, incluyendo el acceso a la justicia y a la seguridad, y para estimular el desarrollo económico. Esto rompería con los ciclos crónicos de pobreza multidimensional que es aprovechada por grupos armados ilegales, que se aprovechan de las economías ilícitas, propiciando niveles endémicos de violencia”.

También señaló retos en cuando a seguridad para los excombatientes de las Farc, según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, las agresiones y ataques han resultado en la muerte de 85 antiguos integrantes de las Farc desde la firma del Acuerdo, lo que “genera un serio riesgo para la estabilidad del proceso de paz y ha llevado a algunos excombatientes a abandonarlo”.

La presencia estatal rompería con los ciclos crónicos de pobreza que es aprovechada por grupos armados ilegales, que se aprovechan de las economías ilícitas, propiciando niveles endémicos de violencia

Líderes sociales

Quizás uno de los campanazos de alerta más importantes entregados por el Alto Comisionado de DD. HH. de la ONU tiene que ver con la situación de los Defensores de Derechos Humanos.

En el informe la ONU dijo que en  2018 se registró el homicidio de por lo menos 116 defensores de derechos humanos, una cifra tres veces superior al promedio anual de los tres años anteriores. Los asesinatos contra defensores ocurrieron en 24 departamentos del país, concentrándose principalmente en Antioquia, el Cauca y Norte de Santander.

De acuerdo con el informe anual, los que tienen mayor riesgo son líderes comunales, miembros de organizaciones sociales y funcionarios públicos de la Defensoría del Pueblo y personerías.

Los asesinatos contra defensores ocurrieron en 24 departamentos del país, concentrándose principalmente en Antioquia, el Cauca y Norte de Santander

El 93 % de los casos de homicidios a los cuales hizo seguimiento  ocurrieron en contextos regionales, “que registran una débil o nula presencia del Estado, y son también el resultado de sustanciales retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos”, subrayó la alta comisionada para este tema.

Además, en su informe señala que es preocupante que en muchas ocasiones, las medidas de protección otorgadas a los defensores y defensoras no responden a los riesgos y complejidades del contexto en el que estos desempeñaban su labor.

Ejecuciones extrajudiciales

Otro de los capítulos relevantes es el que le dedicó en su informe la ONU a las ejecuciones extrajudiciales. 

ONU Derechos Humanos manifestó preocupación por los al menos 11 casos de ejecuciones extrajudiciales que se registraron en 2018 en Antioquia, Arauca, Huila, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander.

“La Policía sería presuntamente responsable de seis casos, y el Ejército, de cinco. Uno de los casos atribuidos a la Policía ocurrió en el desarrollo de protestas sociales, otro en el transcurso de una operación contra el crimen y los demás podrían atribuirse al uso excesivo de la fuerza en tareas habituales de seguridad ciudadana”, dice el informe.

La Policía sería presuntamente responsable de seis casos, y el Ejército, de cinco. Uno de los casos atribuidos a la Policía ocurrió en el desarrollo de protestas sociales

El informe de la ONU resalta especialmente la ejecución extrajudicial del exguerrillero Dimar Torres, “con elementos de presunto encubrimiento del hecho mediante el modelo de desaparición forzosa”. Por este caso están siendo investigadas varias personas.

JUSTICIA

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