EL TIEMPO conoció el último informe de Naciones Unidas, ONU, a corte de 30 de noviembre en el que certifica que 32.929 hectáreas de cultivos ilícitos fueran arrancadas por las familias que ingresaron al programa de sustitución voluntaria.
Para ONU, la cifra equivale a que el 92 por ciento de las familias inscritas en el programa cumplieron con lo pactado, pese a que el Gobierno congeló el programa para realizar unos ajustes administrativos.
Por factores de orden público o por solicitud de las mismas familias, la Fuerza Pública, en especial la Policía Antinarcóticos apoyo de las 32.929 en la erradicación de 5.374 hectáreas.
Desde mayo de 2017 se inscribieron 99.096 familias ubicadas en 56 municipios de las cuales, 33.052 ya reciben asistencia técnica para la sustitución de cultivos.
Esto se suma a que 11.494 familias están recibiendo una ayuda económica para asistencia alimentaria mientras se da la transición.
“El PNIS ha realizado el proceso de inscripción a 99.096 familias entre las que se encuentran 67.475 cultivadores de ilícitos, 14.758 campesinos que no tienen cultivos ilícitos, pero se encuentran en zonas afectadas por el narcotráfico; y 16.863 recolectores que venden su mano de obra en los cultivos ilícitos”, se lee en el informe.
Son 55.518 familias de 14 departamentos que han recibido por lo menos un pago por la erradicación voluntaria de sus cultivos, a nivel nacional, las familias vinculadas han recibido al menos 6 de los 12 pagos programados dentro del acuerdo.
ONU en su informe reconoce que el proceso de verificación no lo pudieron desarrollar por situaciones de orden público en 72 veredas de los municipios de El Retorno, Miraflores (Guaviare), y Puerto Concordia (Meta). Esto equivale a 2.319 familias.
Un aspecto muy importante del programa pero poco conocido tiene que ver con el “modelo de atención para recolectores descrito en el punto 4 del Acuerdo Final” con las Farc durante el proceso de negociación que, contempla un apoyo de asistencia alimentaria y “opciones de empleo temporal para los recolectoras y recolectores (de cultivos ilícitos) asentados y no asentados en la región: la identificación de obras comunitarias y otras fuentes de empleo que surjan en el marco de la implementación de la Reforma Rural Integral RRI”.
A 30 de noviembre resalta el informe de Naciones Unidas que 1.789 recolectores en 15 municipios de 10 departamentos, han recibido el apoyo gubernamental y que de ellos, 1.752 pasaron de recolectar la hoja de coca a ser gestores de comunitarios en sus territorios.
Si bien la cifra 50.000 hectáreas, meta del anterior Gobierno, no se ha cumplido en la sustitución voluntaria, Bo Mathiasen representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha venido asegurando que la salida más directa al problema de los cultivos ilícitos es el programa de sustitución voluntaria paralelo a la presencia del Estado en aquellas zonas alejadas donde la ley la impusieron los grupos al margen de la ley.
Según el informe del sistema integrado de monitoreo de ONU, Simci, en Colombia se detectaron 171.000 hectáreas de narcocultivos en 2017, lo que equivale a un 16 % más que las detectadas en 2016. El país llegó a la histórica cifra de 1.053 toneladas métricas de producción de cocaína.
El ministro de la Defensa, Guillermo Botero señaló que espera que al finalizar el año la Fuerza Pública haya erradicado de manera forzada 61.000 hectáreas de narcocultivos, aunque se estima que la resiembra esta entre un 20 y 25 por ciento.
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