'Se necesitan acciones eficaces para proteger a líderes sociales': OEA

Tras realizar 1358 misiones en 720 centros poblados (veredas y corregimientos) de 197 municipios, de 23 departamentos, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), presentó el informe de misión de agosto a diciembre del 2018 ante el Consejo General de la Organización de Estados Americanos.

Algunos de los hallazgos de la Misión, que se enfoca en hacer seguimiento al proceso de paz, son la continuidad de ataques contra líderes sociales en el país, que la falta de presencia estatal en varios territorios ha facilitado la expansión de grupos armados, disidencias y Eln, que han impuesto sus normas de convivencia convirtiéndose en nuevos agentes resolutivos.

Sobre esto, el informe presentado refiere que los casos más recurrentes de justicia impartida por estos grupos ilegales son las sanciones y ejecuciones penales que realizan cuando se presentan casos de homicidios, hurtos y delitos graves que no se remiten a la justicia formal. "En algunos casos excepcionales, y cuando dentro de sus prioridades no está el control de la población, deciden que dichos delitos sean llevados a la institucionalidad o a la justicia comunitaria, y son precisamente los GAOR quienes orientan a la comunidad hacia donde remitirse", dice el informe.

"Preocupan persistentes afectaciones a población civil y liderazgos sociales a causa del conflicto armado, como homicidios, amenazas y desplazamientos. Se requieren resultados concretos, garantías de seguridad y presencia articulada del Estado”, dijo Roberto Menéndez, jefe de la Misión de la OEA, en la presentación del informe.

Además, el informe dice que son necesarias medidas de protección especiales para líderes sociales, de cara a las elecciones regionales del próximo octubre, especialemente en aquellas zonas que antes eran controladas por las Farc, "será necesario avanzar sobre medidas preventivas, de monitoreo y de acompañamiento antes, durante y después de las elecciones, para así garantizar unos comicios con ejercicio pleno a la oposición y votaciones libres para la población", dice el documento.

Por otro lado, de acuerdo con la MAPP/OEA, las afectaciones a excombatientes se estarían generando porque son vistos como personas útiles para el funcionamiento de economías ilegales, y por el presunto manejo de información estratégica que puede afectar, desequilibrar o ayudar al control territorial de los grupos armados ilegales.

"En esta etapa crítica de la implementación del Acuerdo Final, se hace necesario avanzar en la adopción de decisiones concretas y prioritarias con respecto a la seguridad de los excombatientes y sus familias, especialmente teniendo en cuenta que esta situación se podría agudizar con la eventual salida de esta población de los ETCR en el segundo semestre del 2019", resalta el informe sobre la situación de los excombatientes, y agrega: "si se asegura la reincorporación social, política y económica efectiva de antiguos miembros de las Farc, la paz en Colombia avanzará y se allanará el camino hacia la reconciliación".

Sobre el problema de los cultivos ilícitos, la misión comentó que si bien es importante la intención del Gobierno de continuar con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) hay más de 46.000 familias en aproximadamente 30 municipios, que mostraron su voluntad de participar en el PNIS con la firma de acuerdos colectivos, pero no están siendo contempladas como beneficiarias del programa. 
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Por ello, la Misión alentó al Gobierno a hacerle seguimiento a las solicitudes de estas familias.

De otro lado, la MAPP/OEA expresó su preocupación por el alto índice de negaciones de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

"Un número importante de víctimas aún no han adelantado la solicitud, por desconocimiento de la norma o por temor debido a la persistencia del conflicto armado en algunas zonas, lo que impacta directamente la garantía efectiva de sus derechos", dijo ese organismo.

La Misión reconoció los esfuerzos del Estado por implementar estrategias que prevengan situaciones de riesgo relacionadas con los procesos de restitución, pero reitera su preocupación por la persistencia de afectaciones a la vida e integridad de las personas intervinientes en la política de restitución de tierras y el bajo nivel de investigación y judicialización de responsables materiales e intelectuales de los hechos victimizantes.

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