En los primeros tres meses del gobierno de Iván Duque, en el país hubo 348 movilizaciones, lo que marca un aumento del 59 por ciento frente a las protestas en el mismo periodo del 2017, cuando en diferentes regiones hubo 219 marchas.
Esa es una de las conclusiones que hace un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en un balance de los primeros 100 días del presidente Duque. El estudio también hace un análisis sobre cómo le ha ido al Gobierno en temas claves como el conflicto armado, la implementación de los acuerdos de paz y la política antidrogas.
Según la FIP, las regiones con más protestas son Bogotá, con 40 movilizaciones, seguido por Antioquia (37), Valle del Cauca (31), Bolívar (28), Atlántico (22) y Norte de Santander.
Las movilizaciones, dice la investigación, han aumentado y se concentran en tres temas: “las agresiones a líderes sociales y comunidades, la educación pública y la sustitución de cultivos ilícitos”.
Sobre el paro de estudiantes, donde todavía no hay un acuerdo entre el Gobierno y los líderes estudiantiles, la FIP afirma que entre agosto y octubre pasados hubo por lo menos 100 manifestaciones lideradas por estudiantes, la mitad de ellas en el último mes.
Según el informe, las protestas en términos generales han crecido en lo corrido de este año frente al 2017, en parte por “las campañas electorales”. Mientras el año pasado se registraron 691 movilizaciones entre enero y octubre, este año van 1.364, es decir, más de cuatro por día.
La Fundación destaca que las protestas se fueron gestando antes de la posesión de Duque y, tras su llegada a la presidencia, “se han manifestado con mayor preponderancia por el choque o impacto que han tenido con las políticas del actual mandatario”.
Además de las inconformidades sociales que se han incrementado, el informe hace un balance crítico frente a la seguridad en las regiones. Por un lado, en los tres meses de Duque las acciones de la Fuerza Pública contra las disidencias crecieron en un 45 por ciento, y se logró la captura de 1.166 miembros de grupos armados ilegales, entre ellos 312 disidentes de las Farc, y 555 del ‘clan del Golfo’. La mayoría de acciones militares se han concentrado en Nariño (17 %), Guaviare (17 %), Arauca (14 %), Caquetá (14 %) y Putumayo (11 %).
Otro resultado del informe es que los operativos de la Fuerza Pública contra el Eln se incrementaron un 39 por ciento, y las acciones ofensivas de esa guerrilla siguieron pero con menor intensidad. En el gobierno de Duque ha habido 29 acciones del Eln.
Pero el informe llama la atención en que a pesar de la intensificación en las políticas de seguridad, la situación humanitaria en estas regiones no parece mejorar. Además del aumento en la tasa de homicidios a nivel nacional, cuyos casos crecieron un 5 por ciento, la FIP asegura que hay incrementos alarmantes de asesinatos en zonas de disputa por grupos armados, como el bajo Cauca (245,5 %), Putumayo (104 %), Arauca (95,2 %), Norte de Antioquia (45 %), Chocó (25,7 %), Nariño (20,1 %), además de Cauca y Catatumbo.
Y en los tres meses del gobierno de Duque, 7.126 personas han sido desplazadas: un 21 por ciento más que el año anterior. El pico más alto se dio en septiembre, con 4.360 desplazados.
En el caso de los líderes sociales, los reclamos y protestas se han generado por asesinatos de defensores de derechos humanos. Mientras las agresiones crecieron un 357 por ciento en los primeros 100 días del actual gobierno, los homicidios aumentaron 143 por ciento.
Frente a los cultivos ilícitos, la FIP afirma que las movilizaciones cocaleras se dan por los retrasos en la implementación del Plan Nacional de Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Aunque Duque continuó el programa con 87.000 familias, y 61 % de ellas ya recibió un primer pago, el “Gobierno ha sostenido que el Programa está desfinanciado”, dice la FIP.
Los homicidios en zonas de sustitución, en el gobierno de Duque, han crecido un 35 por ciento. En el 2018 el incremento es del 42 %.
La Fundación Ideas para la Paz afirma que el presidente Duque ha dicho que les cumplirá lo pactado en los acuerdos a los desmovilizados que cumplan sus compromisos. A la fecha, hay 11.139 excombatientes de las Farc en ese proceso.
La FIP destaca que el alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, se refirió “al déficit de recursos que tiene el Gobierno para atender las necesidades de los exguerrilleros”.
Uno de los principales problemas, por ejemplo, es la creación de oportunidades para que generen ingresos: solo se han aprobado 17 proyectos y dos de ellos tienen financiación. La fundación dice que en los tres primeros meses de Duque los homicidios de excombatientes disminuyeron. Entre agosto y octubre van 11 casos, frente a 14 del mismo periodo de 2017.
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