Mientras líderes del Eln adelantan negociaciones de paz con el gobierno en Ecuador, sus hombres siembran el terror en decenas de comunidades ribereñas en el departamento del Chocó y serían responsables de graves violaciones a los derechos humanos contra afro colombianos e indígenas en esta zona del país. Así lo afirma la ONG estadounidense Human Rights Watch en un informe dado a conocer este miércoles en Washington.
El informe es producto de una visita de campo realizada por activistas de HRW que se concentró en la ribera del río San Juan, donde el Eln se disputa el control territorial con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), una banda criminal que surgió tras el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares.
Según HRW, las autodefensas, al igual que el Eln, serían responsables de amenazas, asesinatos, reclutamiento de menores, colocación de minas antipersonales y el desplazamiento de miles de personas en los últimos años.
“Los negociadores en Quito deberían examinar los abusos cometidos en Chocó. Si el Eln tiene un genuino compromiso con la paz, debe al menos respetar las normas más básicas de la guerra sobre protección a civiles”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas en esta ONG.
En el informe se le recomienda al gobierno exigirle al Eln el cese inmediato de todos los abusos contra la población. Para Vivanco, este grupo se comporta de manera "hipócrita" pues se muestra dispuesto a negociar la paz pero cometen abusos a diario.
Para HRW es de vital importancia que el presidente Juan Manuel Santos convierta la situación del Chocó en uno de los temas prioritarios en las negociaciones con el Eln.
Para Vivanco es incluso entendible que el Eln negocie en medio del conflicto, como lo hicieron las Farc, pero no sus ataques a la población civil, la cual ha quedado en medio de la confrontación.
Según datos oficiales presentados por HRW, en 2016 casi 3.000 personas fueron desplazadas en Litoral de San Juan, que tiene una población de unas 15.000 personas y lo cual convierte a este municipio en el segundo con mayor cantidad de personas desplazadas, después de Buenaventura, que durante años ha tenido las tasas más altas de desplazamiento forzado en el país.
De hecho, en los primeros dos meses de 2017 ya han sido desplazadas otras 1.300 personas.
Sumado a las estadísticas del 2016, eso implica que más de un tercio de la población ha sido obligada a abandonar sus hogares.
Para Vivanco, "a menos que las autoridades les brinden protección, la promesa de paz en Colombia seguirá siendo solamente una lejana ilusión para estas comunidades vulnerables del Chocó”.
El reporte, que se basó en entrevistas con víctimas y autoridades locales, sostiene que los grupos armados también están impidiendo que las familias tengan acceso al río y a los montes cercanos, dos de sus principales fuentes de subsistencia.
"Los montes cercanos a las comunidades son utilizados por los grupos armados para protegerse y el río es un codiciado corredor hacia el Océano Pacífico. Ambos grupos pretenden controlar el área, y esto hace que los lugareños estén expuestos a amenazas y violencia durante sus actividades cotidianas. A veces, los lugareños quedan confinados por temor al fuego cruzado o a minas antipersonales u otros artefactos explosivos, y en otras ocasiones los grupos armados limitan explícitamente su posibilidad de circular", dice la ONG en el reporte.
HRW dice haber recibido a su vez "señalamientos creíbles" de que miembros del Eln y las Agc reclutan a niños para que se sumen a sus filas o trabajen como informantes, y que habrían presionado a niñas de apenas 12 años para que sean sus parejas sexuales.
Según el reporte, muchos de los residentes expresaron su temor ante posibles represalias si denunciaban los abusos "en parte porque creían que las autoridades u otras personas podían filtrar información" a grupos armados.
“A uno le da temor hablar”, le dijo un lugareño afro colombiano a HRW. “Uno no sabe quién es quién aquí, y lo hacen matar”.
En el informe, la ONG documenta la precaria asistencia que está brindando el gobierno a las familias desplazadas y pone como ejemplo el caso de una comunidad de más de 450 personas que se desplazó a Docordó en mayo de 2016 y tuvieron que dormir durante 8 meses en el piso de un centro comunitario.
“Con frecuencia, las familias desplazadas son obligadas a elegir entre condiciones de hacinamiento insalubres en las ciudades o el miedo a sufrir abusos por parte de grupos armados en sus comunidades”, dice Vivanco.
Para la ONG, lo documentado en Litoral de San Juan estaría replicándose en muchas otras comunidades del Chocó.
HRW ya había presentado en el 2014, y luego en el 2015, dos informes sobre la situación en Buenaventura en los que documentó cientos de desapariciones forzadas y otros abusos cometidos por grupos paramilitares y por las Farc en una dinámica muy similar a la que ahora se vive con el Eln y las Agc en otras zonas del departamento.
Vivanco aprovechó la ocasión para denunciar lo que llamó represión del gobierno en las manifestaciones "mayoritariamente pacíficas" durante el paro cívico en Buenaventura.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En twitter: @sergom68