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Cauca: los patrones de los asesinatos y amenazas a líderes sociales
Asesinato de lideres sociales, homicidio defensores humanos, lideres asesinados

Los homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos aumentaron tras la firma del acuerdo de paz.

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Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

Cauca: los patrones de los asesinatos y amenazas a líderes sociales

Informe  de la CCJ analizó la violencia en esa región, de marzo de 2020 al mismo mes de 2021.

Como lo reportan las estadísticas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), el departamento donde más líderes sociales asesinan en Colombia es el Cauca, en el suroccidente del país.

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 “Es un territorio atravesado por una desigualdad social histórica, donde comunidades indígenas, afro y campesinas tienen un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, y a eso se suma la presencia de distintos actores armados interesados en el control de recursos naturales y economías ilegales”, explica Diego Chávez, investigador de violencia sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

Esta organización, de la mano de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes, publicó un informe sobre los patrones de violencia contra líderes sociales en el Cauca entre el 1.° de marzo de 2020 –cuando empezó la emergencia sanitaria por el covid-19– y el 31 de marzo de 2021.

En ese periodo, la investigación documentó 84 homicidios contra líderes (75 hombres y 9 mujeres) y 254 amenazas (177 individuales y 77 colectivas).

La cifra deja ver un número de hechos victimizantes mayor al registrado por Naciones Unidas, pero, más allá de eso, pone de relieve la persistencia de los riesgos para el liderazgo social en la región. Llama la atención que entre marzo y agosto del año pasado se concentraron buena parte de los asesinatos registrados por las organizaciones.

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“En esos meses se vivieron las restricciones más estrictas para controlar la pandemia, y lo que observamos es que los grupos armados aprovecharon para aumentar su control, llegar a comunidades donde no estaban y establecerse allí. Como los líderes estaban encerrados, les fue más fácil identificarlos y asesinarlos, tanto en sus viviendas como privándolos de la libertad y llevándolos a otros sitios para cometer los homicidios”, explica el investigador.

La violencia contra líderes sociales ha despertado el rechazo del país.

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EL TIEMPO

De acuerdo con el documento, en el periodo analizado la Defensoría del Pueblo emitió ocho informes de alertas tempranas, en los cuales se analiza la situación de riesgo de doce municipios del Cauca: Santander de Quilichao, Argelia, El Tambo, Páez, López de Micay, Timbiquí , Guapi, Caldono, Piamonte, Buenos Aires, Balboa y Caloto.

“Los municipios afectados por diversos factores de riesgo coinciden con aquellos en los cuales las violaciones de los derechos de las personas defensoras, sus comunidades, organizaciones y pueblos no cesan”, se lee en la investigación. De hecho, solo en Santander de Quilichao se registraron 10 homicidios contra líderes.

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En cuanto a los tipos de liderazgos más violentados sobresalen los indígenas (con un 49 % de los casos), los campesinos (17 %), los afrocolombianos (11 %), y los comunales (10 %).

Sobre los presuntos responsables de los 84 asesinatos, la Comisión Colombiana de Juristas y la Red de Derechos Humanos encontraron que en el 67 por ciento se desconoce el perpetrador.

No obstante, de 19 casos en los que se identifica al autor, se tiene que 13 fueron atribuidos a disidencias de las Farc, puntualmente al frente Carlos Patiño, la columna Dagoberto Ramos y en la columna móvil Jaime Martínez.

“Lo que encontramos es que, en la mayoría de los casos, se trata de hechos de violencia planificada, no aleatoria. 42 de los asesinatos se presentaron en la vivienda o lugar de trabajo de la víctima, lo que conlleva un ejercicio de identificación previo a cometer estos crímenes”, explica el investigador Diego Chávez.
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Entre las recomendaciones del informe para prevenir estos asesinatos a líderes sociales está la implementación de mecanismos como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el protocolo de protección integral para las comunidades y sus territorios, así como fortalecer los mecanismos de protección y autoprotección de estas poblaciones; avanzar, por parte de la Fiscalía, en el esclarecimiento de los homicidios; y revisar la eficiencia de las estrategias de militarización del territorio.

Desde la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos han señalado que el Gobierno Nacional ha implementado nueve acciones concretas para prevenir y erradicar las violencias contra líderes sociales, y adelantaron que en las próximas semanas se publicará un informe al respecto.

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Sobre la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la consejería ha dicho que ha sesionado en más de 60 oportunidades para construir las bases de la política para el desmantelamiento de las estructuras criminales que ejercen violencias contra los líderes.

justicia@eltiempo.com

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