El presidente Gustavo Petro reveló este miércoles que le planteó al Gobierno de los Estados Unidos, el principal socio de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, una cirugía radical a una de las herramientas jurídicas más temidas por los criminales en la historia del país, desde Pablo Escobar hasta 'Otoniel': la extradición.
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En una reunión con altos delegados del gobierno de Joe Biden, Petro expuso los ejes de su política contra el narcotráfico, que pasa no solo por no volver a usar el glifosato para la aspersión de narcocultivos —que está suspendida hace seis años, pero que estaba en proceso de reactivación—, sino por acudir cada vez menos a la erradicación forzada, la que realizan los equipos de la Policía y el Ejército en tierra que van por todo el territorio arrancando matas de coca.
Y también planteó su fórmula sobre la extradición: una reforma que estaba cantada desde la campaña, pero que de alguna manera quedó en el aire cuando Petro, en un debate de la campaña presidencial, dijo sin dudar que extraditaría a la hoy senadora Piedad Córdoba si así lo requería la justicia de Estados Unidos. Córdoba está enredada por el caso de Álex Saab, principal testaferro de Nicolás Maduro y hoy preso en EE. UU.
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Con la primera extradición avalada por la Corte Suprema que llega a su despacho para que decida si la autoriza o no (precisamente la del hermano de Piedad, Álvaro Córdoba, por narcotráfico), Petro se reunió con Rahul Gupta, director de la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca; Francisco L. Palmieri, embajador encargado en Bogotá; Todd Robinson, subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, y Peter Natiello, administrador para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Presidente Gustavo Petro.
Presidencia
Y esto dijo el Presidente de la extradición: "Les propusimos que narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos; narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante no se extradita”.
Tras la revelación de Petro, de inmediato hubo una inusual rueda de prensa en EE. UU. en la que el subsecretario de Estado Robinson advirtió que la propuesta "es obviamente algo que el Departamento de Justicia debe discutir".
Agregó: "Reconocemos la importancia de la extradición, pero esta es una opción que tenemos en nuestra caja de herramientas. Continuaremos negociándolo y discutiendo con el nuevo gobierno”.
Polémica y riesgos
Desde mediados de los 80, cuando el cartel de Medellín utilizó el narcoterrorismo para tratar de doblegar al Estado y, puntualmente, borrar la extradición del mapa jurídico colombiano, han sido entregadas a los Estados Unidos más de 2.500 personas acusadas de narcotráfico. Al menos dos docenas de ellas eran también cabezas de los grupos paramilitares y de las Farc.
La extradición, que está vigente desde finales del siglo pasado, estuvo prohibida por la Constitución entre 1991 y 1997. Después se sabría que el mismo Escobar y otros narcos intimidaron y movieron fichas en la Asamblea Nacional Constituyente que tomó esa decisión en la discusión de la nueva carta política. Todo esto en un momento histórico en el que el Estado colombiano estaba arrinconado por el poder de los narcos, que para ese momento ya habían asesinado a Luis Carlos Galán —el virtual presidente de Colombia en las elecciones de 1990— y, a punta de bombazos indiscriminados, aterrorizaban al país.
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Treinta y un años después, el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia plantea un debate sobre la extradición, que claramente ha perdido muchos de sus dientes —en buena medida porque los narcos que entregaba Colombia terminaban negociando en Estados Unidos y obteniendo provechosos acuerdos según el nivel de delación—, pero que sigue asustando a los criminales. Incluso, al poderoso y temido 'Otoniel' se le vio llorar cuando lo subieron al avión de la DEA que lo llevó a responder ante la justicia federal.
Sin conocerse aún cómo sería la negociación con los narcos que plantea Petro, estas son varias claves de la propuesta que ha vuelto a encender la polémica sobre la estrategia de seguridad del nuevo gobierno.
1. Zanahoria para los capos que acojan la 'paz total'
Claramente, la posición sobre la extradición se articula con la estrategia de 'paz total' que viene impulsando el gobierno Petro y que pretende darles cabida a todas las grandes organizaciones criminales, desde el Eln hasta las bandas surgidas hace 15 años tras la desmovilización paramilitar, y pasando por las disidencias de las Farc y las temidas 'oficinas de cobro' como la de Envigado.
En la carta enviada al Gobierno, las cabezas del 'clan del Golfo' —que el comisionado de Paz de Petro llama 'Autodefensas Gaitanistas'—, los 'Rastrojos', 'los Mexicanos' y otras sanguinarias bandas manifestaron su disposición a una negociación y plantearon de entrada una vara que hasta ahora nunca se les ha concedido a los narcos: la posibilidad de que no terminen presos por sus delitos y que no haya extradición. Sobre este último punto, el propio Presidente de la República está enviando señales clarísimas.
2. ¿Y qué hay de Estados Unidos y la comunidad internacional?
Ahora bien, que el Gobierno colombiano plantee limitar la extradición hasta niveles mínimos no implica que sus socios internacionales lo reciban de buena manera. En el ámbito interno, el Presidente es quien tiene la última palabra sobre las extradiciones y puede aplicar la figura de la conveniencia nacional para decirle no a una extradición aprobada por la Corte Suprema. Lo que esto significa es que la entrega o no de un connacional a una justicia extranjera es una decisión soberana. De hecho, muchos países simplemente no extraditan a sus ciudadanos.
"La última palabra en la extradición la tiene el Presidente de la República, así está establecido en la ley que él es quien decide en últimas si entrega o no al ciudadano requerido. Si eso es lo que Petro quiere, en principio es viable porque la última palabra la tiene él, pero tendría que haber reglas de juego claras sobre cuándo negociar, qué se negocia y con quiénes", expuso al respecto Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.
Pero todos los países están también obligados por los tratados y convenciones internacionales a cooperar en la lucha contra el crimen. En el caso de Colombia, Estados Unidos es su principal socio comercial e, históricamente, el principal aliado en seguridad.
La negociación entre Bogotá y Washington será intensa en los próximos meses, y aunque el buen ambiente ha sido la nota predominante en este primer mes del gobierno Petro, al final serán los resultados en la lucha contra el narcotráfico los que definan el tono de la administración Biden: si Colombia deja de luchar contra los cultivos —no aspersión y freno en seco a la erradicación forzada de coca— y además no entrega a los grandes capos que manejan el negocio, y Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína, la situación podría complicarse. Mucho más ante el casi fijo fortalecimiento de los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos.
Frente a la eficacia de esa lucha antidrogas que marcará el tono de las relaciones con EE. UU., y tras la propuesta de condicionar la extradición de narcos de Petro, ya reaccionaron políticos como Alexánder López Maya, senador del Polo Democrático, quien dijo: "Esto es por los muertos, las viudas, los huérfanos y el dolor que queda en Colombia a cambio de millones de dólares en EE. UU. y otros países. La política de lucha contra las drogas ha fracasado, aceptémoslo".
La idea también tiene detractores como Enrique Cabrales Baquero, senador por el partido Centro Democrático, quien cuestionó: "Qué casualidad que a @petrogustavo se le ocurrió modificar la extradición, luego de que la @CorteSupremaJ diera vía libre para extraditar al hermano de Piedad".
3. ¿Sirve o no la extradición?
Un tema clave que tendrá que enfrentar el Gobierno si su propuesta llega finalmente a buen puerto es cómo va a enfrentar el poder de los narcos, que siguen siendo poderosos incluso estando en prisión.
Lo que se vio en el reciente caso de 'Otoniel' es que, a pesar de estar en manos de las autoridades, los capos siguen manejando sus estructuras criminales y sus negocios. Y dada la precariedad de la seguridad de nuestro sistema penal y la corrupción histórica de la guardia penitenciaria, históricamente el Estado colombiano ha recurrido a la extradición para literalmente descabezar organizaciones criminales.
Así lo recordó el ex fiscal general Luis Camilo Osorio, quien señaló que "la extradición ha sido un instrumento poderoso para poner a una actividad delincuencial que ha causado mucho daño (...) la extradición se ha cumplido como necesaria porque también aquí había burla al pago de las penas y en su momento el instrumento mostró contundencia frente a la criminalidad". Sin embargo, dijo que si el Gobierno cambia su postura para cumplir el mismo fin, "habrá que fortalecer el control para que estas personas no sigan delinquiendo desde las cárceles o controlando sus estructuras, además de identificar elementos superiormente eficaces para la reparación de víctimas".
Las organizaciones de víctimas y autoridades judiciales han señalado que la extradición, sobre todo la de las cabezas de los grupos armados, limita los derechos de las víctimas en Colombia a la reparación y a conocer la verdad sobre lo que pasó en el conflicto armado, así como las conexiones de esas organizaciones criminales con miembros del Estado.
Diego Murillo, alias Don Berna, paramilitar extraditado, en audiencia en los Estados Unidos.
Archivo particular
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La otra cara de la moneda se ve en esas estructuras criminales. Antes de ser enviado a Estados Unidos en el 2008, y a pesar de que llevaba ya tres años detenido, el temido 'Don Berna' era el mandamás de la 'Oficina de Envigado'.
Ese cordón umbilical se rompió cuando fue entregado a la justicia federal, que lo condenó a más de 30 años de cárcel y lo envió a una prisión donde permanece con severas restricciones, de lejos no comparables con las que tendría en Colombia. Lo mismo pasó con 'Macaco' y 'Jorge 40'.
Y ahora la historia se repite con 'Otoniel'. Sin un sistema carcelario serio y sin una justicia que funcione, prescindir de la extradición podría terminar debilitando aún más al Estado en su lucha contra los narcos y, en general, contra todas las organizaciones del crimen.
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