Que colegios traten tema de droga en manuales de convivencia: Gobierno

Que colegios traten tema de droga en manuales de convivencia: Gobierno

La estrategia busca reducir la vulnerabilidad y la exposición temprana de los jóvenes a las drogas.

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123RF

Por: Justicia
14 de febrero 2019 , 10:21 p.m.

Para atacar el problema del consumo de drogas entre menores de edad, el Ministerio de Justicia dedicó un apartado de su política antidrogas a las "acciones inmediatas" que se harán en colegio y centros de estudio.

La estrategia busca reducir la vulnerabilidad y promover la inclusión social.

Entre estas líneas para prevenir el consumo, el primer pilar de la política antidrogas del Gobierno, está diseñar e implementar un protocolo para el abordaje de casos de consumo de sustancias psicoactivas en ámbito escolar, en el marco de los planes de convivencia escolar.

Para el Ministerio esta y otras acciones son de vital importancia ya que estudios han demostrado un incremento en el consumo de drogas en edades escolares.  De acuerdo con mediciones del Observatorio de Drogas, en 2016 el 8,38 % de la población escolar consumía marihuana, el 2,8 %, cocaína y el 9,7 %, otras drogas ilícitas.

Otras de las acciones inmediatas son el fortalecimiento de programas de prevención que aumenten el involucramiento parental y generan pautas de crianza positiva, hacer campañas preventivas en medios masivos de comunicación e internet, poner en marcha oportunidades sociales, culturales, artísticas, deportivas, productivas y de bienestar para los jóvenes, que les de opciones saludables de esparcimineto, y crear una línea pública de atención telefónica para orientar a los ciudadanos en aspectos relacionados con el consumo de drogas.

Pero la prevención es solo uno de los cinco pilares que incluye el plan de gobierno para enfrentar la problemática de las drogas. 

El Gobierno también incluyó en su plan acciones para atacar la oferta de drogas y el incremento de los cultivos de hoja de coca, que entre el 2016 y el 2017 fue del 17 por ciento. Colombia culminó 2017 con 171.000 hectáreas.

En este punto el plan incluye un mayor control en la importación, venta y uso de sustancias químicas que son utilizadas en la producción de drogas, tanto en el territorio nacional como en puertos de entrada; se involucrará la Dian. Se incrementan los grupos móviles de erradicación de cultivos ilícitos. Investigación de nuevos mecanismos para reducir la oferta de drogas.

Además, el Gobierno trabajará fuertemente para desarticular las organizaciones criminales, se fortalecerán los mecanismos de extradición con énfasis en los cabecillas de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Las organizaciones se clasifican en las que ejercen control territorial, con incidencia nacional e internacional, como el ‘clan del Golfo’; las que tienen incidencia local y los grupos de delincuencia común.

Sumado a esto, se afectarán las rentas del narcotráfico, que en 2018 se calcula que las ganancias de los narcotráficantes fueron similares al 5 por ciento del PIB del país, unos 15.000 millones de dólares si se tiene en cuenta que según la Cepal, en el 2017, el PIB de Colombia fue de 313.901 millones de dólares.

Para esto se fortalecerá la extinción de dominio para quitarles los bienes a los criminales y generar recursos para combatir la criminalidad y fortalecer la justicia. El plan incluye estrategias para evitar el lavado de activos y delitos que generan rentas para los narcotraficantes, quienes aumentaron dramáticamente sus ingresos en un año.

Un eje transversal que el Gobierno busca trabajar es la transformación de territorios. 
Habrá mayor presencia del Estado en los territorios afectados con cultivos ilícitos y con mayores niveles de pobreza. Se buscará crear oportunidades de desarrollo para lograr el tránsito hacia economías legales; además, se monitorearán los resultados en un centro de seguimiento estratégico, que reportará los avances y datos.

Regreso de la fumigación aérea

En su plan antidrogas, de 74 páginas, el Gobierno también incluyó el regreso de la fumigación aérea de cultivos ilícitos, aunque no explica qué tipo de herbicida se usará.

En la introducción del programa, el Gobierno dice que una de las razones por las que se aumentaron y fortalecieron los cultivos de coca en el país es la suspensión del programa de aspersión aérea.

Por eso, entre las estrategias del punto 2: Reducir la disponibilidad de droga, el documento explícitamente incluyó la reactivación del programa de aspersión aérea:
"Se implementará en áreas o zonas de la geografía nacional con alto nivel de afectación, en las cuales se dificulta realizar otro tipo de programas por estar muy alejados, por presencia de minas antipersonas y/o por problemas de seguridad para ejecutar programas de erradicación manual".

El Gobierno estableció que se tendrán en cuenta criterios de focalización y priorización;  impacto, densidad poblacional, presencia de comunidades, se hará un seguimiento exhaustivo al programa bajo el marco del Plan de Manejo Ambiental. Todo esto, dijo el Gobierno, en concordancia y cumplimiento de los mandatos legales y parámetros establecidos por la Corte Constitucional.

El Gobierno estableció que se generará una instancia adicional que permita facilitar el seguimiento de la política de modo que se atiendan los lineamientos jurisprudenciales para esta modalidad de erradicación y se generen ajustes normativos que permitan materializar efectivamente esta política.

La Corte Constitucional dijo en 2015 que debía suspenderse el uso de Glifosato, el herbicida que se había usado durante 30 años para la fumigación aérea, la decisión decía que esa medida debía congelarse atendiendo el principio de precaución, ante alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que asocian al pesticida con cáncer.

Luego, en 2017, el alto tribunal estableció una serie de requisitos en caso de que el Gobierno quisiera volver a esta técnica para erradicar cultivos ilícitos, entre ellos, que haya una investigación científica, que de forma “objetiva y concluyente, demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente”.

JUSTICIA

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