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Conflicto y Narcotráfico

Gobierno ordena regreso de operaciones contra gran minería ilegal en Antioquia

El ministro de Defensa, Iván Velásquez se encuentra en El Bagre, Antioquia.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez se encuentra en El Bagre, Antioquia.

Foto:Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, lideró un consejo de seguridad en el municipio de El Bagre.

Las disputas por rentas ilegales asociadas al narcotráfico, la minería y por los corredores para mover drogas y armas volvieron a poner en el panorama nacional la situación de zozobra que se registra en el Bajo Cauca antioqueño, donde siguen activos herederos de la desaparecida guerrilla de las Farc y de las Autodefensas.
Ahora la violencia en la zona corre por cuenta de las disidencias del frente 18, y los integrantes del ‘clan del Golfo’, que ahora se presentan como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc) y hacen parte de los acercamientos de paz con el Gobierno Nacional.
Al reciente asesinato de Osneider de Jesús Pérez Mejía, de 20 años, quien habría sido ultimado por las disidencias de las Farc, se suman las denuncias de la comunidad del corregimiento de Puerto López, que señalan que han sido citados a reuniones programadas por las disidencias y que las Agc han llegado a amenazar con declarar objetivo militar a quien asista a esos encuentros.
A ese lugar llegaron ayer el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quienes anunciaron una ofensiva contra la minería ilegal en la región, que es una de las fuentes de financiación de los grupos ilegales y que genera graves afectaciones al medioambiente.
Ejército Nacional hace presencia en el corregimiento de Puerto López

Ejército Nacional hace presencia en el corregimiento de Puerto López

Foto:Gobernación de Antioquia

El jefe de la cartera de Defensa dijo que la Fuerza Pública junto con los organismos de inteligencia deben actuar para afectar las finanzas de estas redes criminales.
Y advirtió que se reconsideró un compromiso al que se había llegado el año pasado con habitantes del municipio de Cáceres que se extendía al Bajo Cauca antioqueño y que había llevado a frenar el decomiso de maquinaria amarilla usada para la extracción de minerales de la zona.
En septiembre del año pasado se registraron graves bloqueos en la vía al Mar, que conecta a Medellín con los departamentos del norte del país, por cuenta de las protestas de mineros de la zona.
Estas se levantaron luego de una mesa de concertación.
El funcionario dijo que el acuerdo “suspendió casi en general esta acción de la Fuerza Pública”, pero que es necesario hacer los ajustes necesarios y “diseñar ya la reactivación contra la minería por parte de las autoridades”.
Y añadió: “Hemos hablado de diferenciar la gran minería de la actividad de los pequeños mineros, que también tienen que actuar responsablemente”.
A su turno, la ministra Susana Muhamad dijo que hay una afectación grave a los cuerpos de agua que abastecen los acueductos de los municipios: “Con base en esto, la autoridad ambiental clarificará a todos los que están ejerciendo la minería esas zonas excluibles. No se puede utilizar el acuerdo que se realizó en el paro que hubo aquí en la región como excusa para destruir los bienes ambientales a través de esa minería”.

Y, como lo anuncia el ministro de Defensa, se reactivan las operaciones contra la gran minería ilegal, nunca fueron parte del acuerdo ni la gran minería ni la maquinaria amarilla”.

Añadió que las autoridades nacionales y locales harán “una oferta productiva seria, integral, territorial a todos esos mineros” y los invitan “a ser parte de la caracterización y formalización y a partir de allí quien quiera continuar en la informalidad o quiera continuar haciendo minería destruyendo el territorio pues tendrá que ser sujeto de la acción pública del Estado”.
Insistió en que el acuerdo firmado el año pasado no implica el freno de las grandes operaciones contra la minería ilegal, muchas de ellas asociadas al extranjero. “Aquí no se ha suspendido ni la Constitución ni la ley (...) y, como lo anuncia el ministro de Defensa, se reactivan las operaciones contra la gran minería ilegal, nunca fueron parte del acuerdo ni la gran minería ni la maquinaria amarilla”, finalizó la ministra.
Entre tanto, Velásquez indicó que en la zona hay preocupación por la decisión del fiscal general, Francisco Barbosa, de cerrar la sede de la Fiscalía en Tarazá tras el secuestro del que fueron víctimas tres fiscales y una funcionaria de un juzgado de ese municipio.
El ministro de Defensa sostuvo que las autoridades garantizan la seguridad para el trabajo de los funcionarios del ente acusador y que así se lo expresó al fiscal Barbosa en una reunión.
“La presencia de la Fiscalía es indispensable y se manda un mal mensaje a la comunidad cerrando la Fiscalía (...) la Fuerza Pública está en la capacidad de garantizar la seguridad de estos fiscales”, dijo el funcionario tras indicar que una de las peticiones de las reuniones en la zona es que el Fiscal reconsidere su decisión y reinstale la sede de la Fiscalía en Tarazá.

Las tres redes en disputa

El Bajo Cauca antioqueño ha sido una zona histórica de confrontación entre los grupos al margen de la ley por temas de narcotráfico y minería ilegal, y por ser un corredor natural con destino a la costa norte al atravesar el nudo de Paramillo, que une a los departamentos de Antioquia y Córdoba.
De acuerdo con la Fuerza Pública, dos estructuras de las Farc hacen presencia: los frentes 18 y 36.
El frente 18 se hace llamar ‘Román Ruiz’, y estaría lideradopor alias Ramiro, un hombre que está sobre los 35 años y tendría bajo su mando a unos 45 hombres en armas con injerencia en zona rural de Ituango.
Se elevaron las recompensas por información de 'Siopas' y 'Chiquito Malo'.

Se elevaron las recompensas por información de 'Siopas' y 'Chiquito Malo'.

Foto:Policía

De acuerdo con las fuentes consultadas por EL TIEMPO, esta estructura se financia de la minería ilegal y las extorsiones, y es señalada del homicidio de varios líderes sociales en la región.
Las disidencias del 36 se hacen llamar ‘Los de Cabuyo’, en reconocimiento a Ricardo Abel Ayala Orrego, alias Cabuyo, quien fue su jefe y murió en un operativo de la Fuerza Pública en junio de 2022.
Hasta el momento, los uniformados no han logrado establecer quién quedó al frente de estas disidencias, que cuentan con cerca de 70 hombres en armas y hacen presencia en zona rural de Yarumal y algunos municipios vecinos.
Hace dos semanas quedaron en el ojo del huracán al ingresar a una escuela rural, armados, donde, según los delincuentes, fueron a entregar kits escolares.
Estas disidencias son consideradas las más violentas en la región, que mueven la cocaína y son señaladas, entre otros, del ataque a la multinacional minera Continental Gold, ubicada en Yarumal, en septiembre de 2018, que se cobró la vida de tres geólogos y dejó a varios heridos.
De acuerdo con las fuentes de la Fuerza Pública, estas disidencias mantendrían un pacto de no agresión con los del ‘clan del Golfo’, el cual, al parecer, se ha venido incumpliendo por el control de la zona norte del departamento.
El ‘clan del Golfo’ es la estructura más grande en el Bajo Cauca antioqueño. Específicamente, en Yarumal, El Bagre y Tarazá hace presencia la subestructura ‘Uldar Cardona Rueda’, bajo el mando de alias Chirimoya, con unos 180 hombres en armas.
‘Chirimoya’ es hombre de confianza de José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, quien es tercero al mando de la estructura, y quien, de confirmarse la muerte de ‘Siopas’ (ver recuadro), podría llegar a ser el segundo de ‘Chiquito Malo’.
A ‘Gonzalito’, el fiscal Barbosa lo señaló de ser el responsable del secuestro de los funcionarios que llevó al cierre de la sede del ente acusador en Tarazá.
El ‘clan del Golfo’ estaría dividido frente a la idea de someterse a la justicia, lo que estaría llevando a graves disputas internas.
@JusticiaET
justicia@eltiempo.com
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