¿La implementación del acuerdo de paz está en un momento crítico?

¿La implementación del acuerdo de paz está en un momento crítico?

Fundación Ideas para la Paz hace un balance sobre las garantías de seguridad en 4 zonas del país.

Zona veredal

Zona veredal de La Elvira, al norte del Cauca

Foto:

Archivo EL TIEMPO

03 de octubre 2018 , 12:09 a.m.

“De una sensación de tranquilidad y expectativa por los réditos que traería la implementación de lo acordado con las Farc, se ha pasado a un sentimiento de desconfianza y temor por la reactivación de la violencia. Las garantías de seguridad (uno de los puntos del Acuerdo Final), que no solo abarcaban a quienes dejaron las armas, sino también a familiares y los territorios priorizados para la implementación, han sido insuficientes porque no han logrado disuadir y detener la violencia y las amenazas”.

En épocas de incertidumbre sobre el futuro del acuerdo con las Farc, esa es una de las conclusiones que la Fundación Ideas para la Paz (FIP) hace en un informe en el que evalúa qué tanto han cambiado las condiciones de seguridad tras la firma del acuerdo con la exguerrilla, hace casi dos años. 

La conclusión es que las condiciones de seguridad en los municipios priorizados para implementar el acuerdo (170 municipios) las condiciones de seguridad han empeorados.  

El informe plantea que más allá del narcotráfico y de las economías ilegales, lo que ha permitido la activación de viejas y nuevas formas de violencia en esas zonas es la débil presencia del Estado. Además, tampoco se aprendieron las lecciones de los anteriores procesos de desmovilización para atender a quienes dejaron las armas con un enfoque diferencial, es decir, pensando en las características de exguerrilleros rasos, mandos medios y de los exjefes. 

Así, las cifras reveladas por la FIP muestran cómo se ha deteriorado la seguridad municipios que fueron priorizados en el acuerdo de paz en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, en donde ha habido un incremento de los homicidios en un 28 por ciento, pasando de 1.499 entre enero y julio del 2017, a 1.855 asesinatos en los primeros siete meses del 2018.

Y el número de desplazados en estas zonas se triplicó, pasando de 5.248 desplazamientos en el año pasado a 16.997. La Fundación también afirma que los homicidios de líderes sociales se triplicaron, pasando de 24 entre enero y agosto del 2017 a 67 en el mismo periodo de este año.

Y mientras en los primeros ocho meses del año pasado 12 exmiembros de las Farc fueron asesinados, este año ya van 23.

La FIP asegura que la dotación de cerca de 1.500 escoltas para los exguerrilleros (de los cuales unos 750 serían excombatientes), según lo planeado en el acuerdo, “está lejos de alcanzarse”. Además, asegura, esta no sería la solución a sus problemas ni a los del territorio pues las garantías de seguridad no sólo deberían venir acompañadas de acciones militares y judiciales, sino que deberían crear condiciones para prevenir la reaparición de violencia.

Partiendo del hecho de que la seguridad no se ha desmejorado de la misma forma en todo el país, la Fundación Ideas para la Paz tomó como base de estudio a cuatro regiones: Arauca, Catatumbo, sur de Bolívar y Cauca.

En el Cauca, por ejemplo, la FIP registró por lo menos 13 homicidios a excombatientes, un intento de homicidio y tres agresiones a familiares. Esto coincide con que el Cauca es el departamento con las cifras más altas de homicidio a líderes sociales. Desde 2016 hasta septiembre de 2018, se han presentado 186 agresiones a líderes en el departamento, de los cuales 54 son homicidios.

En las cuatro zonas que estudió la FIP, entre otros problemas encontró fallas en el proceso de reincorporación, lo que a su juicio no sólo es responsabilidad del Estado sino también de los liderazgos de las Farc. “La posibilidad de que una parte significativa de este grupo guerrillero retome las armas y reactive la confrontación armada es alta bajo las actuales condiciones”, dice el informe.

Para la FIP “la implementación del proceso de paz se encuentra en un momento crítico”, por lo que invita al Gobierno a ejercer un control territorial, y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en esas regiones.

"Estamos a tiempo de prevenir y contener las manifestaciones de violencia e intimidación en los territorios impactados por la presencia de grupos armados ilegales y la confrontación armada.
Para esto el Gobierno debe tomar decisiones urgentes sobre aspectos claves de la implementación, dando certezas y un horizonte de futuro a las comunidades, los líderes y los excombatientes", dice esa institución. 

Estos son algunos de los problemas que afrontan estas cuatro zonas, elegidas por la FIP para un estudio de caso. Estas regiones tienen múltiples actores armados ilegales, entre ellos el Eln, mantienen una afectación a sus pobladores por causa del conflicto armado, tuvieron una influencia de las Farc y fueron priorizadas dentro del acuerdo de paz. 

MILENA SARRALDE DUQUE
REDACCIÓN JUSTICIA
@MSarralde

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