Este año no sería aprobada la reanudación de las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato, una herramienta en la que el Gobierno ha insistido para luchar contra los narcocultivos en el país.
Esto, porque si bien el Ejecutivo le ha dado celeridad al cumplimiento de los requisitos que la Corte Constitucional impuso para volver a este tipo de erradicación, aún no está lista una de esas condiciones: los estudios científicos que demuestren que los riesgos que implica el glifosato se pueden minimizar y controlar.
Margarita Cabello Blanco, ministra de Justicia, comentó en entrevista con EL TIEMPO que en estos momentos el Gobierno está a la espera de los resultados de los estudios que demuestren que se pueden minimizar los riesgos.
Estos estudios, explicó, los están haciendo los ministerios de Salud y Ambiente, a fin de abarcar tanto el tema de riesgos para el ser humano como para el medioambiente.
En las evaluaciones se están analizando desde nuevas técnicas de aspersión, con base en información que entregó el Ministerio de Defensa, hasta cuántos cultivos de coca hay en parques naturales –zonas de protección ambiental sobre las que no se puede fumigar– para determinar todos los riesgos y trabajar en la mitigación de los mismos.
“De los estudios tenemos la esperanza de que ojalá puedan ser entregados en diciembre o enero, estamos en eso. Apenas entren los estudios, vendría la petición al Consejo Nacional de Estupefacientes para revocar el acto administrativo que por allá en el 2015 suspendió la aspersión aérea”, explicó Cabello.
Una vez sean entregados estos análisis, se enviarán a los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) –el único que puede darle vía libre al regreso de la aspersión aérea– y, posteriormente, se convocará una reunión del CNE para votar la revocatoria del acto administrativo que en 2015 frenó la aspersión aérea. Con ese acto revocado, el Gobierno tendría vía libre para comenzar las aspersiones.
En el CNE, cuatro de los miembros son entidades del Gobierno: ministra de Justicia, ministro de Salud, ministra de Educación y ministro de Agricultura; a ellos se suman el Procurador General, el jefe de Policía Judicial, el director de la Policía Nacional, el director de Aduanas y el jefe de la Aeronáutica Civil.
Así las cosas, en 2020 se llevará a cabo la votación que determinará si el país vuelve a las aspersiones aéreas.
En 2018, según la medición del Simci de Naciones Unidas, Colombia tuvo 169.000 hectáreas sembradas con coca, 2.000 menos que las que había marcado en 2017. No obstante la reducción, esta no es garantía de que la tendencia siga a la baja.
Durante los años en que las fumigaciones con glifosato han estado suspendidas, el país continuó erradicando narcocultivos con otras técnicas, como la erradicación forzada, y hace dos semanas el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, confirmó que se cumplió la meta de 80.000 hectáreas erradicadas forzosamente, una tarea que realiza la Fuerza Pública.
De otro lado, entre 1999 y 2015, se fumigaron con glifosato 1’800.000 hectáreas en el país, según informó en 2018 el entonces vicepresidente Óscar Naranjo, pero los cultivos ilícitos no se redujeron como se esperaba y la respuesta fue la resiembra.
En cambio, evaluaciones de la ONU han demostrado que con la erradicación voluntaria la resiembra es muy inferior. Entre mayo de 2017 y octubre de 2019 han sido arrancadas de manera voluntaria las matas de coca sembradas en 40.506 hectáreas, de acuerdo con el informe de la ONU, con corte al 31 de octubre, sobre el Programa Nacional Integral de sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis). Según la medición, con la erradicación voluntaria la resiembra tan solo alcanza el 0,4 por ciento, en cambio donde hay erradicación forzosa, hay más o menos un 30 % de resiembra.
JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET
Justicia@eltiempo.com
