Casi terminando el primer trimestre del año, la cifra de erradicación forzada de coca durante el 2017 está en 6.100 hectáreas: el 11 por ciento de la meta anual, que son 50.000. El indicador prende alarmas porque, en teoría, debíamos estar cerca del 25 por ciento de la meta, y sobre todo porque el 2016, según todas las proyecciones, será el año con más coca en la historia del país: 188.000 hectáreas, según Estados Unidos, y entre 130.000 y 140.000, según Naciones Unidas.
El Gobierno le apunta a erradicar, en total, 100.000 hectáreas de coca este año, y tanto en la estrategia de erradicación forzada, que adelanta la Fuerza Pública, como en la de sustitución voluntaria de narcosembrados, que depende del Ministerio para el Posconflicto, el factor clave es el proceso de paz con las Farc. Esto porque ese grupo es, de lejos, el de mayor influencia en las zonas de cultivo.
Mientras en Estados Unidos crece la preocupación por la disparada de la coca, en el terreno se vive una realidad compleja. De un lado, los erradicadores siguen enfrentando el mayor problema que tuvieron en los últimos tres años: la obstaculización de comunidades organizadas (el llamado ‘bloqueo social’) cuando llegan a arrancar las matas.
En lo corrido del año se han dado 46 bloqueos. El más grave fue el 2 de febrero, cuando 15 policías fueron retenidos por cerca de 50 campesinos durante 24 horas en la vereda Los Alpinos, de La Montañita, Caquetá. Y el 31 de enero, el auxiliar de policía Brayan Estiven Murcia Muñoz, que prestaba seguridad a esos equipos, fue asesinado por un francotirador en la vereda Argelia de Calamar, Guaviare. A la fecha, él es el único servidor público muerto en actividades de erradicación.
Las dos son zonas de influencia de las Farc, y, tras la entrada en vigencia del acuerdo de paz en diciembre pasado, supuestamente, los dos factores de perturbación debían salir del mapa de la erradicación manual. Los bloqueos también están ocurriendo en Tumaco (el municipio con más coca en el país) y en algunas regiones de Cauca y el noreste antioqueño.
A pesar de esas dificultades, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, asegura que la meta de erradicación forzada se puede cumplir. La nueva estrategia, que está en fase piloto en Nariño, pasa por el aumento del pie de fuerza de erradicadores y por acciones conjuntas de todas las fuerzas para coordinar operaciones de erradicación, interdicción y destrucción de laboratorios e insumos químicos.
Colombia puede ser sujeto de un conflicto grandísimo entre varios grupos criminales transnacionales
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Ya hay una partida de 90.000 millones de pesos para que la Policía haga la contratación del personal civil que apoyará la erradicación manual. Y en varias zonas de influencia del grupo guerrillero hay avances importantes.
En Caquetá, donde en 2015 Simci detectó 7.712 hectáreas de coca, se han erradicado 1.101 hectáreas: en 283 se usó la aspersión terrestre con glifosato. La misma modalidad se usó en 900 hectáreas en Tumaco. Entre tanto, el Ejército tiene una estrategia propia de erradicación a través de cortes de guadaña.
En Meta se eliminaron 887 hectáreas de coca y en Guaviare se reporta la destrucción de 847 hectáreas; este último es la base de operaciones de la disidencia del frente primero de las Farc, lo que obliga a la Fuerza Pública a incrementar la seguridad. Aunque las cifras aún son críticas, la tendencia puede revertirse con la entrada de los 13.000 nuevos erradicadores que se sumarían a los 7.000 policías y los 20.000 militares que, al menos en el papel, ya no tendrán que preocuparse por las Farc.
De manera simultánea, hay avances en el plan de sustitución voluntaria. En 40 de los municipios más afectados por la siembra de coca se han firmado pactos de sustitución voluntaria con 55.000 familias que viven del cultivo de la hoja desde hace décadas.
Esos compromisos impactarían un área de cerca de 40.000 hectáreas, y hay más pactos en camino. Uno de los frentes pendientes es Nariño, donde está el mayor bloque de coca en el país y donde hay una puja de nuevos grupos armados que intentan evitar el fin de los narcocultivos. Allí hay casi 20.000 familias en la siembra ilegal.
Los departamentos en los que ya se firmaron acuerdos con las comunidades son Caquetá, Meta, Vichada, Norte de Santander y Putumayo. En este último, todos los municipios cocaleros firmaron el pacto.
Los campesinos que se acojan al proyecto recibirán durante el primer año un millón de pesos mensuales, como remuneración de sus actividades de sustitución. También podrán acceder a créditos especiales y se les dará un capital de nueve millones de pesos para la adecuación y ejecución de proyectos agrícolas; además, contarán con la asistencia de técnicos y profesionales del campo.
El director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, sostiene que “el tema de sustitución debe estar inscrito en un esfuerzo de desarrollo regional”. El compromiso del Gobierno es acompañar los proyectos productivos con inversión en vías, para que los campesinos puedan sacar fácilmente sus cultivos.
Díaz advierte que hay un reto de seguridad ante la persistencia de grupos armados que están viendo en los territorios cocaleros una oportunidad.
En el mismo sentido se manifestó Todd Howland, jefe de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU. Aseguró que el proceso de sustitución debe ser una prioridad, pues “Colombia puede ser sujeto de un conflicto grandísimo entre varios grupos criminales transnacionales”.
REDACCIONES DE JUSTICIA Y UNIDAD DE PAZ