ONU expone la vulnerabilidad de las mujeres presas por drogas

ONU expone la vulnerabilidad de las mujeres presas por drogas

El 96 % de ellas no habrían cometido este delito si hubieran conocido la pena.

Mujeres en cárceles

El encarcelamiento, dice el informe, margina aún más a mujeres que han cometido delitos de drogas ilícitas.

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Claudia Rubio / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
03 de octubre 2019 , 08:34 p.m.

El 83 % de las mujeres presas por delitos relacionados con drogas en Colombia vivían en los estratos 0 y 2 antes de ser capturadas. El 72,2 % no terminó la educación secundaria. En el 58 % de los casos, las mujeres eran madres cabeza de familia, y cerca del 48 % de todas estas mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género.

Estas son algunas de las conclusiones del primer estudio realizado en el país sobre las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas. La investigación fue realizada por la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) gracias a un convenio con el Minjusticia.

Este estudio, además, expone que el 85,67 % de las mujeres encuestadas no sabían cuál era la pena del delito que estaban cometiendo, y el 96 % aseguró que, de haber conocido la pena, no habrían cometido el delito.

“Los resultados de este estudio hablan de la complejidad alrededor de la comisión de delitos y de la privación de la libertad en relación con aspectos sociales, económicos y psicológicos. Si bien, por un lado, la política criminal debe desincentivar y castigar la participación en actividades ilegales, el estudio nos muestra que las mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas tienen unas características marcadas de vulnerabilidad”, afirmó la ministra de Justicia, Margarita Cabello.

En efecto, de acuerdo con la investigación, hay una condición de vulnerabilidad clara en las mujeres que terminan involucradas en delitos relacionados con drogas, y esa condición “tiene que ver con aspectos socioeconómicos, pero también con la violencia social a la que están sometidas en los distintos escenarios”, indicó Miguel Serrano López, líder del área de Estudios Territoriales de la UNODC.

Es por esto que se espera que los datos aportados por el estudio faciliten el diseño y puesta en marcha de políticas públicas más ajustadas a la realidad de las mujeres.

Además de identificar las condiciones de las mujeres privadas de la libertad, el documento analiza algunos puntos importantes para comprender los retos que esto representa.

Uno de estos, dice el informe, es identificar elementos claves que permitan iniciar un proceso de prevención de la comisión de delitos entre las mujeres más vulnerables, que registran características distintivas importantes: se trata de mujeres provenientes de estratos bajos, que han sufrido embarazo adolescente, que no han podido concluir sus estudios de bachillerato y que ignoran tanto la normatividad como las
consecuencias que la privación de la libertad puede traer para sus vidas.

En ese sentido, para la UNODC gran parte de la carga para solucionar estos asuntos recae sobre el Gobierno, pero también se requiere la participación de redes y organizaciones de mujeres en los territorios como agentes claves en las acciones de prevención.

También dice el informe que los entes territoriales se deberían integrar a estas estrategias de prevención porque todos los delitos relacionados con las drogas que afectan a las mujeres tienen como escenario específico de ocurrencia, y principalmente, el ámbito urbano. 

El estudio nos muestra que las mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas tienen unas características marcadas de vulnerabilidad

Por ejemplo, la publicación advierte que es falso que la problemática de las drogas se concentre solo en las regiones productoras, casi siempre alejadas de ciudades y afectadas por limitaciones históricas, pues cerca del 30 % de las mujeres procesadas por delitos de drogas son de Bogotá, Medellín o Cali, en donde existen más oportunidades para las personas.

Es por ello que el estudio señala que la “cobertura de los programas orientados a la prevención del ingreso de las mujeres en la cadena del narcotráfico debería entonces tener alcance nacional, examinando los escenarios sociales urbanos en los que se presenta con mayor frecuencia”.

De otro lado, la investigación indica que los bajos niveles de logros educativos en esta población inciden en sus procesos de inserción laboral no formal, con bajos niveles de remuneración y con muy malas condiciones de trabajo, lo que facilita su ingreso en la cadena del narcotráfico.

De hecho, según las encuestas, la motivación más frecuente para cometer el delito fue el no tener cómo solventar las necesidades del hogar (58,6 %), seguido por el deseo de tener dinero (13,3 %) y el restante, por otras razones.

Esto podría mostrar que trabajar en una mejor preparación de las mujeres, para que tengan más y mejores oportunidades laborales, podría disminuir que opten por las vías ilegales.

El estudio concluye diciendo que las mujeres presas por drogas ya afrontaban condiciones sociales y económicas difíciles, por lo que “sería pertinente una intervención focalizada que aborde el problema del ingreso de las mujeres al narcotráfico no como un problema individual, sino como un fenómeno social que debe contar con un abordaje colectivo en los escenarios en los que existen mayores condiciones favorables para el desarrollo de comportamientos delictivos”.

Al respecto, la ministra de Justicia indicó que han venido tomando acciones para atacar esta problemática. Por ejemplo, dice, en la política antidrogas del Gobierno se reconocen las diferentes poblaciones afectadas por este flagelo y sus problemáticas.

Y agrega que esta política se orienta hacia la eliminación de la desigualdad, la discriminación y la exclusión social.

Una de las organizaciones internacionales que más han pedido una política diferencial para las mujeres presas por drogas en Colombia es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que el año pasado publicó un estudio que concluye que esta población es el eslabón más débil en la cadena del narcotráfico, por lo que debería recibir penas alternativas, pues “llevar a mujeres presas por drogas trae más males que beneficios”.

JUSTICIA

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