Las autoridades tienen la lupa puesta sobre 33 gasolineras que por sus ventas anormales, su ubicación en regiones apartadas y donde el fenómeno de los cultivos ilícitos es fuerte estarían relacionadas con la producción de cocaína.
El Gobierno plantea expedir una resolución para hacer un control más riguroso a estas estaciones de servicio, identificadas por la Fiscalía.
Para el ente acusador, solo esas 33 estaciones de servicio, en las zonas de mayor concentración de cultivos ilícitos y lejos de cabeceras municipales, mueven 26,6 millones de galones de gasolina al año, que pueden ser utilizados para procesar 90 toneladas de base de coca.
Hasta el momento no han sido intervenidas. No obstante, Juan Francisco Espinosa, ministro (e) de Justicia y del Derecho, señaló a EL TIEMPO que la desviación de hidrocarburos para las redes del narcotráfico es un tema que el Gobierno viene trabajando.
Espinosa reconoció que hay zonas del país que concentran varias estaciones de servicio, pero no tienen suficientes vías, o sus consumos no tienen relación alguna con el parque automotor o el tránsito que hay en esas zonas.
“Hay casos más graves donde la estación de gasolina no existe. Está geolocalizada, pero en realidad es un galponcito y realmente la gasolina no llega ahí, sino que pasa directo para surtir el tema del narcotráfico”, aseguró el funcionario.
La resolución la viene trabajando la cartera de Justicia junto con la Fiscalía y el Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con Espinosa, “con miras a controlar estas asimetrías que hay en el mercado y esos balances volumétricos de gasolina”.
El hecho es que hoy no hay controles administrativos efectivos sobre este tipo de gasolineras, ubicadas en 11 departamentos del país, como lo concluyó un informe de la Fiscalía titulado ‘Patrones atípicos de venta de combustible posiblemente relacionados con la producción de cocaína’.
El control es tan débil que, paradójicamente, las gasolineras de Nariño y Putumayo –los departamentos que concentran el 47 por ciento de los cultivos de coca– relacionadas con ventas del combustible al narcotráfico gozan de beneficios tributarios para este hidrocarburo.
En total, la Fiscalía encontró que de las 33 gasolineras 12 han tenido dichos beneficios para aumentar sus ventas, ya que se encuentran en zonas de frontera como Ecuador y Venezuela, donde el precio de la gasolina es más económico.
Se calcula que por esas excepciones, en el 2018 el Gobierno dejó de recibir en recaudo de impuestos 1.392 millones de pesos y por subsidios, unos 84 millones.
Uno de los casos que más llamó la atención de los investigadores de la Fiscalía por la cantidad de gasolina que venden al año es el de cuatro estaciones de servicio de Tumaco, Nariño.
Solo una de estas cuatro alcanza a vender 1,2 millones de galones en 12 meses –las otras tres, tan solo un poco menos de esa cifra–, algo solo equiparable con el nivel de ventas de este hidrocarburo en una concurrida gasolinera del centro de Bogotá, donde naturalmente el tráfico automotor es mayor.
Este hecho es relevante si se tiene en cuenta que Tumaco es el municipio del país con el mayor número de hectáreas sembradas con matas de coca en el país –unas 32.000–, narcocultivos con los que se pueden procesar cerca de 250.000 kilos de pasta de coca.
Y la gasolina es el principal componente en dicho proceso químico que convierte la hoja de coca en pasta. De hecho, según expertos, para elaborar un solo kilo de base se necesitan 74,5 galones de gasolina.
En Tumaco, además, confluyen cuatro grandes redes criminales dedicadas a la producción y envío de cocaína hacia México, y de ese país a Estados Unidos y los mercados de Europa.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, la mitad de la venta de la gasolina de esa sola estación en Tumaco, ubicada a las afueras de la cabecera municipal, serviría para producir 8 toneladas de base de cocaína al año.
Una situación similar se registra en Riosucio, Chocó, donde se identificó una estación de gasolina que también vende 1,2 millones de galones del hidrocarburo al año. Esta tampoco está cerca de la cabecera municipal.
En El Carmen, Norte de Santander, hay dos estaciones con el mismo volumen de ventas del combustible al año. La primera vende 1,1 millones de galones –la misma cifra de una gasolinera de Chapinero, en la capital– y la segunda, un millón.
El alcalde de El Carmen, Edwin Contreras, se declaró sorprendido por las cifras que maneja la Fiscalía. Dijo a este diario que a ese municipio “es muy poco lo que llega de gasolina, ya que son estaciones muy pequeñas”.
En referencia a los que contrabandean con el hidrocarburo o los que desvían la gasolina para el narcotráfico, el mandatario añadió: “En esta zona, uno no sabe quién es el que está dentro del negocio. Ellos tienen sus rutas, tienen sus horas y uno no los alcanza a ver”.
En esta zona, uno no sabe quién es el que está dentro del negocio. Ellos tienen sus rutas, tienen sus horas y uno no los alcanza a ver
Cabe recordar que Norte de Santander es el tercer departamento con mayores cultivos de coca en el país. Tiene unas 35.000 hectáreas, principalmente, en la región del Catatumbo, zona de frontera con Venezuela.
En ese departamento confluyen el Eln, ‘los Pelusos’ y las disidencias de las Farc, que aprovechan la porosidad del paso fronterizo para sacar toneladas de cocaína para carteles mexicanos.
Luego de recopilar evidencia que indica fuertes vínculos entre la ilegalidad y este tipo de gasolineras, la Fiscalía encontró que “el tres por ciento de la gasolina que se vende en Colombia anualmente se utiliza para la producción de cocaína”.
Daniel Mejía, director de Políticas y Estrategias de la Fiscalía y quien estuvo al frente de la investigación, señaló que se evidenció “que el dueño de una gran estación de gasolina en Norte de Santander tiene abierto, desde el año pasado, un proceso por lavado de activos provenientes del narcotráfico”.
Mejía agrega que el nombre de ese hombre, “por asuntos legales, se debe omitir, pero la investigación va muy avanzada”.
Estas gasolineras además de no estar ubicadas en ciudades o vías principales, están lejos de oleoductos y de las fronteras, lo que para el director de Políticas y Estrategias de la Fiscalía no justifica su nivel de ventas.
Para la Fiscalía, si se logran intervenir estas estaciones de gasolina, se podría frenar en un alto porcentaje la producción de cocaína del país, que según el informe de Naciones Unidas, en 2017 llegó a 1.379 toneladas métricas, una cifra que prendió las alarmas.
Por su parte, Álvaro Ramón Younes, director de la Federación Colombiana de Distribuidores Minoristas de Combustibles (Fedispetrol), afirma que la Fiscalía debe investigar todas estas conductas ilícitas. Para él, en un país como Colombia “es inevitable que todos los negocios estén impregnados de la actividad del narcotráfico, es una constante de tiempo atrás”.
El dirigente gremial dijo que un factor que incide negativamente sobre este fenómeno “es el alto precio de la gasolina, lo que lo convierte en un atractivo para el contrabando desde todas las aristas”.
La Fiscalía le envió una carta a la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, en la que le da a conocer los hallazgos de la investigación y le plantea la necesidad de revisar la situación de las gasolineras mencionadas. Asimismo, le expone su preocupación por las excepciones y beneficios tributarios al sector de los hidrocarburos en estas regiones donde confluye el narcotráfico.
Al ser consultada sobre el informe, la ministra le dijo a EL TIEMPO que el tema se verificará a través de una estrategia dirigida a la legalidad y a establecer los focos que puedan incidir en actividades ilegales.
El Gobierno está dispuesto a trabajar de la mano con la Fiscalía para eliminar cualquier actividad, en la prestación del servicio en estás estaciones, que facilite cualquier tipo de actividad ilegal
“El Gobierno está dispuesto a trabajar de la mano con la Fiscalía General en todo lo que sea necesario para frenar y eliminar cualquier actividad, en la prestación del servicio en estás estaciones, que facilite cualquier tipo de actividad ilegal”, precisó Suárez.
La funcionaria señaló que se está revisando la estrategia de manera integral, no solo en las 33 gasolineras que se indican en el documento.
“Vamos a revisar las facultades y ubicación que tiene cada una de las estaciones, y, de acuerdo a la valoración realizada, se van a tomar los correctivos que sean necesarios en cada estación que se tenga que intervenir, el número que sea. Nuestro objetivo, repito, es la legalidad”, añadió la ministra.
Sobre las excepciones y subsidios, Suárez señaló que este aspecto va dentro de la misma estrategia y se revisará a nivel global. Además, afirmó que “tiene que ser de manera integral, porque es un tema que requiere mucho cuidado y atención”.
La ministra afirmó que la legalidad en la comercialización y distribución de todo tipo de hidrocarburos es una prioridad y un compromiso de su cartera.
REDACCIÓN JUSTICIA
En Twitter: @PazyJusticiaET
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