Estado debe reparar a familia de mujer culpada de su propia muerte

Estado debe reparar a familia de mujer culpada de su propia muerte

Jueces habían dicho que la mujer se puso en peligro por transitar en una zona de conflicto.

Conflicto

La Corte Constitucional considera que culpar a una persona por vivir en una zona de conflicto es revictimizante.

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Archivo EL TIEMPO

Por: Milena Sarralde Duque 
01 de marzo 2019 , 01:37 p.m.

Cuando apenas comenzaba la mañana, el 15 de septiembre del 2008, Luz Vira Valencia Cruz, junto con su esposo Armando Sáenz Vásquez, visitaron la vivienda del presidente de la Junta de Acción Comunal de San Fernando La Marina, del municipio de Chaparral (Tolima).

Al encontrarlo, le solicitaron al líder social, quien era la autoridad de la vereda, que les diera su permiso para poder desplazarse hasta un campamento de las Farc que había sido bombardeado.

La pareja le contó al líder Ederly Ibarra Ramírez que tenían una finca de 10 hectáreas en la que cultivaban moras y fríjoles, productos agrícolas de los que obtenían su sustento.

Le dijeron que en la parcela tenían una bodega construida con madera, así como bovinos, pero que un grupo de guerrilleros de las Farc había robado su madera para levantar un campamento ilícito a 15 minutos de su vivienda, así como una vaca, por lo que necesitaban su consentimiento para ir a recuperar lo hurtado.

Si bien el campamento de las Farc había sido bombardeado dos días antes, la familia consideró que con esa acción militar tal vez ya no había peligro, por lo que tenían la esperanza de poder recuperar algo de la madera robada, así como su semoviente.

El líder de la JAC les dio su autorización y la pareja se desplazó ese mismo día hasta el campamento con su hijo de tres años..Sin embargo, cuando caminaban por una vía pública que conducía desde su vivienda hasta el caserío que había sido bombardeado, recibieron disparos de un escuadrón del Ejército.

Las balas alcanzaron a Luz Vira, quien murió en los hechos. Su cuerpo fue trasladado dos días después a Medicina Legal. El informe forense indicó que la mujer, que vestía tenis negros, pantalón de drill rosado, y una blusa de algodón blanca, murió por múltiples heridas de arma de fuego.

La demanda

Dos años después, el esposo de Valencia, sus hijos, padres y hermanos, decidieron demandar al Estado con una acción de reparación directa, culpando al Ejército y al Ministerio de Defensa por la muerte de la mujer.

En una primera decisión, la familia ganó su petición y el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Ibagué, en un fallo de mayo del 2015, condenó patrimonialmente al Ministerio de Defensa y al Ejército. Pero el fallo fue apelado por el Estado. Para la Nación, la muerte de Luz Vira fue “culpa exclusiva de la víctima al ubicarse dentro de una zona de operativos militares”.

Fue culpa exclusiva de la víctima al ubicarse dentro de una zona de operativos militares

La segunda decisión vino del Tribunal Administrativo del Tolima, que el 20 de enero del 2017 revocó parcialmente el primer fallo, reduciendo la condena contra el Estado en un 50 por ciento, porque consideró que la víctima había sido imprudente.

Luego, vino una decisión más, esta vez del Consejo de Estado, que rechazó la tutela de la familia campesina afirmando que era claro que “la víctima había actuado de forma imprudente, al caminar con su familia hasta un campamento que días antes había sido bombardeado por el Ejército, poniendo en riesgo su vida y la de su familia”.

Ese alto tribunal, según el proceso, aseguró que la familia de víctima no demostró que ella no había sido la culpable de su propia muerte.

Pero los Valencia Sáenz no aceptaron esos argumentos e intentaron, una vez más, lograr justicia con otro recurso. En su escrito radicado el 4 de octubre del 2017 les dijeron a los magistrados que la muerte de la Luz Vira no había sido su culpa, pues se trataba de una campesina que no había decidido de forma caprichosa poner en riesgo su vida, ya que vivía en una zona de conflicto en donde la violencia hacía parte de la cotidianidad.

También les dijeron a los jueces que la mujer sólo quería recoger la madera que le había sido robada, y que el Ejército había atacado “a una familia desarmada, sin uniforme, sin presentar actos de resistencia”.

La familia aseguró que muchas veces les habían ayudado a los militares con información, pues su hermano era miembro de la Fuerza Pública, y con él reportaban datos sobre la presencia de las Farc en la región.

También contaron que nunca existió un combate, rechazando lo que habían dicho los militares, y que el fuego vino sólo del Ejército, pues con las inspecciones realizadas en el lugar se había demostrado que no hubo vainillas de armas insurgentes.

Las víctimas sostuvieron que aunque la escuadra involucrada en el caso había informado el supuesto combate con las Farc, ese enfrentamiento nunca existió, y dieron esa información falsa “con el único propósito de ocultar la realidad de los hechos”.

El caso llega a la Corte

El 13 de julio del 2018 la tutela de la familia Sáenz Valencia llegó a la Corte Constitucional, que decidió seleccionarla. Al estudiar el caso, el Tribunal recordó otros hechos similares en los que el Estado ha dicho que la muerte en hechos de conflicto ha sido culpa de las víctimas. El alto tribunal dijo que, de acuerdo con la jurisprudencia que existe, es un deber de los jueces verificar que los miembros de la Fuerza Pública cumplen con todas sus funciones cuando están en labores de recuperación o de mantenimiento del orden público.

Concretamente, la Corte aseguró que si bien es cierto que las zonas identificadas con presencia de grupos al margen de la ley involucran un cierto grado de peligrosidad, “este hecho indiscutible no constituye por sí solo un argumento suficiente para concluir que la presencia de la víctima en el lugar de los hechos haya sido la causa adecuada del perjuicio”.

La Corte aseguró que el uso de la fuerza por parte del Estado tiene que ser razonable y proporcionada, por lo que debe analizarse, caso por caso, si una víctima pudo haber contribuido en su fatal desenlace de forma indiscutible.

Para entrar en el caso de Luz Vira, la Corte aseguró que los jueces valoraron de forma incorrecta las pruebas de su muerte, elementos que permitían concluir que la familia Valencia “fue objeto de disparos indiscriminados” y que “el uso de la fuerza fue desproporcionado y reprochable”.

Para la Corte, eran claros los argumentos de los abogados de la familia campesina: el Ejército sólo podía usar la fuerza en caso de resistencia armada, o para someter mediante el empleo legítimo de las armas, y en legítima defensa, a un actor ilegal. Pero, lejos de ser así, la mujer no murió en el fuego cruzado sino que “desproporcionadamente el Ejército disparó a los civiles”.

Abrieron fuego indiscriminado frente a dos adultos sin uniforme, desarmados, y un niño de 3 años de edad, bajo el pretexto de un supuesto combate, no demostrado

El alto tribunal concluyó que, en efecto, no hay elementos para respaldar la posición del Estado, quien dijo que la mujer tenía una calidad delictiva, y que además, su muerte se había dado en un combate con un grupo guerrillero.

“La falla del servicio se materializó en que, dos días después del bombardeo, arremetieron contra la integridad de una civil que no portaba armas, ni representaba en apariencia una amenaza, quien además, tal y como lo verificó el juez de primera instancia, era colaboradora del Ejército”, dijo la Corte en su fallo.

La decisión, cuyo ponente fue el magistrado Alejandro Linares, dice que si se aceptara que Luz Vira fue culpable de su propio fallecimiento, esto conduciría al absurdo por el cual “todas las personas que habiten en franjas de conflicto armado contribuyen a los perjuicios que se les causen, por su simple presencia”.

Para la Corte no hay duda de que el Ejército usó su fuerza de forma irrazonable y desproporcionada pues “abrieron fuego indiscriminado frente a dos adultos sin uniforme, desarmados, y un niño de 3 años de edad, bajo el pretexto de un supuesto combate, no demostrado, conduciendo a la muerte violenta de la señora Valencia Cruz”. El fallo dice que la muerte no fue accidental, pues en el cuerpo de la víctima se encontraron múltiples heridas de arma de fuego.

Finalmente, esta decisión asegura que considerar a las víctimas responsables de su propia muerte -con juicios equivocados como los que se hicieron en el caso de Luz Vira-, es revictimizante tanto para ella como para todos los que “han sufrido los estragos del conflicto armado interno”.

Con todos estos argumentos, la Corte Constitucional tumbó el fallo del 25 de enero del 2018 que había negado la indemnización para la familia campesina. Así, en su lugar, ordenó que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia de las víctimas, por lo que el Tribunal de Tolima tendrá que emitir un nuevo fallo en el que tenga en cuenta todo lo dicho por el alto tribunal constitucional.

Milena Sarralde Duque
JUSTICIA ​@MSarralde

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