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Conflicto y Narcotráfico

Meta de erradicación va colgada a 16 semanas de acabar el año, ¿se cumplirá?

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La meta para este 2022 es de 100.000 hectáreas, a la fecha van 52.000. 

ALICIA LILIANA MÉNDEZ
A tres meses y medio de terminar el año, la meta de erradicación forzada fijada para este 2022 va colgada. De las 100.000 hectáreas sembradas con matas de coca que se tiene previstas arrancar este año, a corte del 10 de septiembre van 52.487 hectáreas.
La meta para Ejército es de 50.000 hectáreas (de las cuales van 22.742) y para Policía las otras 50.000 (de las cuales se han arrancado 29.745)”, señaló un alto mando de la Policía, que indicó que se “continúa con el apoyo de 95 escuadrones móviles en las zonas priorizadas” en las que los uniformados cumplen esas tareas.
En los últimos cinco años solo en el 2021 no se cumplió con la meta proyectada, llegando a 103.000 hectáreas de las 130.000 planteadas. En 2020 la meta era de 100.000 y se erradicaron 130.000, en 2019 era de 80.000 y se arrancaron 94.000 y en 2018 se erradicaron 60.000 hectáreas de 60.000 fijadas.
La meta de 100.000 hectáreas erradicadas de forma forzada para este año fue proyectada por el expresidente Iván Duque, y su gobierno fue el encargado de trabajar en su cumplimiento antes de entregar el poder el 7 de agosto al presidente Gustavo Petro.
No es claro si la meta y la metodología en este tema se mantendrán en la nueva administración, pero EL TIEMPO consultó con varias fuentes en Ejército y Policía (los encargados de la erradicación) que precisaron que hasta el momento no han recibido ninguna contraorden y que eso sería indicio de que la meta se mantiene.
Las fuentes de la Fuerza Pública señalaron que la política de erradicación parte de un primer punto de concertación. En ese sentido se pronunció, hace unos días, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez Gómez, quien aseguró que la erradicación forzada se mantenía, pero que se va a privilegiar la sustitución voluntaria de coca.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la negociación con las comunidades busca, además, evitar las confrontaciones con los labriegos; la Policía en lo corrido de este año reporta 102 bloqueos y 50 asonadas.
La instrucción es negociar, y si la comunidad no atiende el llamado, se erradicara, pero evitando a toda costa un enfrentamiento con los campesinos, los cuales, a veces, son presionados u obligados por los grupos al margen de la ley a oponerse a la erradicación”, afirmó la fuente.
Este proceso, además, tendrá un elemento especial de protección para los líderes comunitarios y sociales que apoyen las jornadas de sustitución voluntaria, ya que pueden ser blanco de los narcotraficantes.
La política del Gobierno sobre la erradicación se suma a la decisión de no seguir con los procedimientos para revivir la aspersión aérea, de replantear la figura de la extradición y negociar con todos los generadores de violencia, incluyendo a los que se dedican al tráfico de droga. Estas ya han generado debate en el país y el exterior.
La meta para 2022 es de 100.000 hectáreas.

La meta para 2022 es de 100.000 hectáreas.

Foto:Infografía EL TIEMPO

Sustitución voluntaria y 'paz total'

"Pero requiere una política en conjunto, es decir, regional y de tierras, porque si se va a sustituir, la mayor parte de los que siembran no tienen tierras".

Expertos consultados por EL TIEMPO coinciden en afirmar que la propuesta del gobierno Petro está revalidando los acuerdos de La Habana y que, si se logra la ‘paz total’, se facilitaría la iniciativa de sustitución voluntaria, ya que los grupos al margen de la ley que se lucran del narcotráfico tendrán que comprometerse a dejar dicha actividad ilegal, y ya no comprarían a los campesinos la base o pasta de coca que producen y dejarían de presionarlos para que cultiven la mata de coca.
En esa línea se pronunció Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), quien señaló que la propuesta de sustitución voluntaria es eficaz por el bajo nivel de resiembra, “pero requiere una política en conjunto, es decir, regional y de tierras, porque si se va a sustituir, la mayor parte de los que siembran no tienen tierras, a lo que se debe sumar una política de seguridad territorial”.
Para González, es más eficaz la sustitución que la erradicación militarizada, por la resiembra, ya que se ha demostrado que las hectáreas no se reducen al igual que la producción de cocaína.
El presidente de Indepaz dijo que frente a los grupos ilegales que se financian y lucran del narcotráfico “debe haber simultáneamente unas conversaciones para buscar su sometimiento a la justicia para que se reduzca la violencia, ya que imponen el terror y someten a los campesinos”, puntualizó, por lo que aseguró que la propuesta de la ‘paz total’ es una salida acorde.
Más de 2.000 hombres de la Fuerza Pública adelantan la erradicación forzada de matas de coca en Tumaco.

Más de 2.000 hombres de la Fuerza Pública adelantan la erradicación forzada de matas de coca en Tumaco.

Foto:Carlos Ortega / EL TIEMPO

Para César Jerez, presidente de Frutos de Paz, desde el acuerdo de La Habana se adelantaron una serie de foros y reuniones, “y se firmaron acuerdos generales y colectivos con miles de familias que el gobierno Duque no cumplió”.
Jerez afirmó que “se deben reactivar esos consensos y promover la firma masiva de las familias cocaleras de dichos acuerdos de sustitución”, y señaló que esos acuerdos previos se pueden enmarcar en la propuesta de ‘paz total’ del presidente Petro para que los grupos al margen de la ley se acojan, lo que facilitaría los procesos de sustitución, “porque no habría a quién vender la coca ni redes que se nutran financieramente de la misma”, a lo que se debe sumar una reforma agraria integral.
En la otra orilla, el coronel en retiro de la Policía Miguel Tunjano, analista de política pública y experto en la lucha contra el narcotráfico, dijo a este diario que no ve la propuesta viable, entre otras, porque en este momento no hay una ley que aclare cuál es el “pequeño cultivador para que reciba un trato penal diferenciado”.
De igual forma, para Tunjano, en el país existen tres tipos de poblaciones cultivadores de matas de coca; por ello, señaló que es importante que se mantengan “los programas focalizados para evitar que la coca desaparezca por dos años y vuelva aparecer”.
Advirtió que se debe contar con más de una estrategia frente a los cultivos ilegales y que “el Gobierno no cuenta con la logística, infraestructura y tiempo para lograr en cuatro años” sacar adelante esos planes de sustitución voluntaria.
Lo cierto es que la medición que realiza Naciones Unidas sobre los cultivos ilegales en Colombia será definitiva para establecer el impacto de las políticas del nuevo gobierno y la reacción de socios del país en la lucha contra el narcotráfico, como Estados Unidos, frente a un eventual crecimiento de esos sembradíos ilegales.

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ALICIA LILIANA MÉNDEZ
SUBEDITORA JUSTICIA
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ALICIA LILIANA MÉNDEZ
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