A menos de tres meses de terminar el 2021, la meta de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito establecida por el gobierno del presidente Iván Duque no va ni en el 50 por ciento.
Para este año se fijó acabar, a través de la erradicación forzada, con 130.000 hectáreas sembradas con matas de coca, pero EL TIEMPO conoció el balance operacional, que da cuenta de que entre el 1.º de enero y el 4 de octubre se han arrancado 58.000 hectáreas, lo que equivale al 44,6 por ciento de la meta fijada.
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El tema es de la mayor importancia pues una de las prioridades fijadas por el Gobierno Nacional fue la lucha contra el narcotráfico.
“Si queremos que en Colombia brille la paz, es necesario que derrotemos el narcotráfico”, señaló Duque en septiembre de 2018 en su primer discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas como presidente de Colombia.
A esto se suma que, a pesar de la reducción de las hectáreas de cultivos ilegales, que pasaron, según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas, de 154.000 en 2019 a 143.000 el año pasado, Colombia sigue siendo considerado el mayor productor de coca del planeta.
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En Colombia, para 2020, se registraron más de 143.000 hectáreas de coca.
Archivo EL TIEMPO
El 30 de diciembre del 2020, el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, acompañado por el embajador de EE. UU. en Colombia, Philip S. Goldberg, anunció desde Tumaco, Nariño, que la meta del 2020 fijada también en 130.000 hectáreas se había cumplido. El Ejército arrancó 73.809 hectáreas (57 por ciento); la Armada, 2.694 hectáreas (2 por ciento) y la Policía, 53.497 hectáreas (41 por ciento).
Y en la certificación que hizo hace un mes el Gobierno de Estados Unidos por el desempeño de Colombia en la lucha contra las drogas durante el 2020, se destacó, entre otros factores, que la erradicación adelantada por el Gobierno fue, según el Departamento de Estado, la más eficiente de los últimos 10 años.
Aunque el paso del tiempo pareciera no favorecer las proyecciones del Gobierno para este año, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, al ser consultado por este diario, se mostró optimista en que se logrará la meta de arrancar forzadamente las matas sembradas en un área equivalente a más de 120.370 canchas de fútbol, o 3,4 veces el tamaño de una ciudad como Medellín. “Vamos a cumplir con la meta de erradicación forzada como sea”, señaló el funcionario a EL TIEMPO.
Igualmente, afirmó que no se ha planteado la posibilidad de reducir la meta. “Conocemos el riesgo para el país de no cumplirla, lo que sí queremos es que el próximo año se vea reflejada la reducción del área y el control de la resiembra”, dijo el funcionario.
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Molano Aponte hizo mención a algunas situaciones que a juicio del Gobierno han afectado el proceso de erradicación forzada en el país.
Dijo que, por ejemplo, las cifras de erradicación iban en 38.000 hectáreas exterminadas a finales de abril, pero que la situación de vandalismo y bloqueos que se registró desde el 28 de abril, en medio del paro nacional, obligó a la adopción de medidas extraordinarias y a destinar importantes recursos de la Policía para apoyar el control del orden público.
El personal del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat), que estaba en tareas de erradicación, fue extraído de las áreas de trabajo para ir a apoyar las actividades de desbloqueo de las vías.
El jefe de la cartera de Defensa indicó que personal de erradicadores de la Policía terminó patrullando las calles de Popayán y Cali en donde se registraban actos de violencia y vandalismo. “Esto nos afectó mucho en el tema de erradicación en mayo, junio y julio. Los expertos estiman que en este periodo se dejaron de erradicar unas 25.000 hectáreas de matas de coca”, reconoció Molano.
A esto se suma, de acuerdo con el funcionario, el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto que protegió el derecho a la consulta previa de comunidades de Nariño y ordenó suspender la erradicación forzada de cultivos ilícitos (desde mayo) en los territorios colectivos y ancestralmente ocupados del Pacífico nariñense, que cubre 10 municipios.
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Nariño es el segundo departamento donde se concentran los cultivos de coca. Según el Simci, en 2020 fueron detectadas 30.751 hectáreas con matas de coca. De hecho, la Policía Antinarcóticos señaló que en ese departamento, dando cumplimiento al fallo, se han dejado de erradicar, entre mayo y agosto, cerca de 4.850 hectáreas sembradas con matas de coca.
Frente al retraso en la erradicación forzada que adelanta la Fuerza Pública, EL TIEMPO estableció que en agosto se revisó el cronograma y se tomaron algunas decisiones. Se incrementaron los grupos móviles de erradicación y se fortaleció la estrategia de lucha contra el narcotráfico.
En algunas regiones del país se ha priorizado la erradicación de amapola.
Policía
Para la tercera fase de erradicación, que está en marcha, se contrataron 139 Grupos Móviles de Erradicación, 90 para la Policía y 49 para el Ejército, cada grupo está integrado por 21 personas, que estarán recorriendo las zonas de cultivo arrancando de raíz los sembradíos.
Molano Aponte indicó que, atendiendo las recomendaciones que hace el Simci de Naciones Unidas en cada informe, este año la estrategia la centraron en erradicar en los nueve enclaves que concentran el 60 por ciento de los narcocultivos, ubicados en Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Antioquia, Cauca y Bolívar.
Añadió que otra de las apuestas del ministerio es avanzar al mismo tiempo con la erradicación y la destrucción de laboratorios para el procesamiento de la droga.
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“Afectar la productividad y producción de cocaína y afectar la financiación de las redes criminales que se lucran del narcotráfico”, señaló tras indicar que desde hace un mes la Policía –a través de inteligencia– viene desarrollando una labor crucial: la ubicación y destrucción de megaestructuras dedicadas al procesamiento del clorhidrato de cocaína.
Este diario consultó con varios expertos y analistas quienes coinciden en afirmar que el tiempo está en contra de que se cumpla la meta de erradicación.
Dos exdirectores de Antinarcóticos, que prefirieron no ser mencionados, señalaron que un factor que incide directamente en la erradicación forzada es que donde hay cultivos de coca se concentran los grupos criminales y, por tanto, los problemas de orden público.
“Los cultivos de coca los minan con explosivos, y aunque haya más erradicadores, ingresar al terreno demanda tiempo para que el personal antiexplosivos barra la zona y garantice en algún grado la vida de los funcionarios”, dijo una de las fuentes consultadas.
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Este diario dio a conocer hace una semana la denuncia del Ejército sobre la instalación, por parte de las disidencias, de minas antipersona en los árboles para lograr mayor afectación en el personal uniformado.
A esto se suma, dijo la fuente, la presencia de los francotiradores. Este año han muerto tres militares en labores de erradicación forzada y 26 personas, entre militares, policías y civiles, han resultado heridas. De hecho, entre 2010 y 2021, 124 erradicadores han perdido la vida en medio de la tarea.
Las minas antipersonal están siendo usadas por las disidencias de las Farc.
Fuerza de Tarea Omega
De igual forma, expusieron que, aunque se utilice la modalidad de erradicación con la utilización de las máquinas aspersoras, se requiere de un esfuerzo económico muy grande para trasladar en helicópteros los químicos. A esto se suma que se requiere de más personal antiexplosivos para ingresar a la zona por afectar.
Por su parte, el coronel en retiro Miguel Tunjano, consultor para la reducción de la oferta de drogas, dijo que si se mantiene el actual dispositivo de erradicación forzada, se puede cumplir con el 75 por ciento de la meta fijada. Consideró que al duplicar los dispositivos actuales de erradicación y el plan de choque se lograrán avances para acercarse a la meta de 130.000 hectáreas.
Señaló que no hay que presionar al personal en el cumplimiento de la cifra porque se pueden cometer errores en el terreno que podrían costar vidas e incluso se podría “llevar a los uniformados a reportar más hectáreas de las que realmente se han afectado”.
Sandra Borda, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes y experta en relaciones internacionales, afirmó que la posibilidad de no cumplir con las 130.000 hectáreas de matas de coca es de por sí un problema porque la promesa que ha hecho el actual gobierno es que se iba a contribuir con la erradicación y con la reducción del tráfico de cocaína.
“La administración de Joe Biden está pendiente de ver cómo funciona esta estrategia de narcóticos en Colombia; y que no se cumpla como está definida podría acarrear que se vuelva a poner el tema de glifosato sobre la mesa”, señaló la analista.
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De igual forma, la académica dijo que el Gobierno de EE. UU. podría empezar a presionar por los canales diplomáticos tradicionales para que Colombia reasuma su compromiso.
El reloj sigue corriendo y en el terreno, en medio de difíciles condiciones, los equipos independientes de erradicadores del Ejército y la Policía avanzan algunos metros cada día.
ALICIA LILIANA MÉNDEZ
Subeditora de justicia
En Twitter: @JusticiaET