‘En este gobierno se erradicarán 210.000 hectáreas de coca’: Botero

‘En este gobierno se erradicarán 210.000 hectáreas de coca’: Botero

En entrevista, el Ministro de Defensa reconoce dificultad para erradicar con drones.

Guillermo Botero, ministro de Defensa

El ministro recordó que la fumigación aérea no fue prohibida por la Corte, sino sujeta al cumplimiento de unas condiciones que están siendo evaluadas por el Gobierno.

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Claudia Rubio / El TIEMPO

Por: Yamid Amat
17 de noviembre 2018 , 10:02 p.m.

Sin drones. Sin fumigación aérea. Sin glifosato. Con solo trabajo manual, el Gobierno, durante su periodo de 4 años, va a lograr erradicar 210.000 hectáreas de coca de todo el territorio nacional. Hoy, según Naciones Unidas, Colombia tiene 172.000 hectáreas de tierra sembradas de coca. Pero se presenta el doble fenómeno de la resiembra y las plantaciones nuevas en otros lugares.

Con rostro de satisfacción, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anuncia en esta entrevista que ya el Gobierno logró erradicar 70.000 hectáreas y va por más. Lo está logrando a través de bloques de trabajadores integrados, cada uno, por 20 erradicadores y un capataz. La tarea no es fácil y puede ser fatal porque el trabajo se realiza en campos donde no solo se siembra coca: bombas también.

Botero hizo para EL TIEMPO un balance de sus primeros 100 días como ministro. “Es un balance positivo para la cantidad de retos que tenemos al frente. Del 7 de agosto al 8 de noviembre, el hurto a residencias, a comercio, de automotores, motocicletas, actos de terrorismo, acciones subversivas, todos bajaron en dos dígitos; los descensos fluctúan entre el 16 y el 36 por ciento en todos esos crímenes. Quiero destacar que la extorsión ha bajado un 36 por ciento.

¿Usted cómo ve el país hoy en materia de seguridad?

En este gobierno, como lo muestran los indicadores, hemos venido mejorando y seguramente cada día que pase tendremos mejores resultados.

¿Y los secuestros?

Han bajado un 16 por ciento.

Gran preocupación, especialmente en Medellín, es la extorsión…

Se ha logrado reducir gracias a que los ciudadanos están denunciando en la línea telefónica 165. Con una denuncia, el Gaula investiga. La clave está en denunciar.

¿Quiénes son los extorsionistas?

Algunos casos provienen de las cárceles. Alistamos una reglamentación para que cuando salga la llamada de una cárcel, quien la reciba sepa de dónde proviene.

Pero esa norma ya existe…

Sí, pero se está ajustando una reglamentación en el Ministerio de las TIC.

¿No hay manera de prohibir los teléfonos dentro de las cárceles?

Están prohibidos, pero a veces hay irregularidades y casos de corrupción.

¿Y el tema de los secuestros?

Dieciséis por ciento es la reducción en lo corrido del año, lo que representa 28 casos menos.

¿Y homicidios?

Cuando entró el nuevo gobierno traíamos una tasa de crecimiento del 5 por ciento y en estos 100 días hemos logrado bajarla a 2 por ciento. El problema está concentrado en cuatro municipios: Ituango, Tarazá y Caucasia, en el bajo Cauca antioqueño, donde implementamos el Plan Aquiles, y en Tumaco, Nariño, en donde existe el Plan Atlas y hacen presencia Fudra II (Fuerza de Despliegue Rápido) y la Fuerza de Tarea Poseidón de la Armada. En todos estos sitios hay grupos armados organizados, ‘vendettas’ y sicariato.

La política antidrogas será anunciada próximamente por el señor Presidente. Estamos erradicando manualmente

¿Cómo está la situación en Catatumbo?

Es una región donde en los últimos 4 años no se erradicó una sola mata de coca. Está muy acosada por la ilegalidad. Por eso se llevó la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra III. Son más de 5.600 hombres para proteger especialmente a los ciudadanos de lugares apartados, que es donde más problema hay.

Catatumbo, Cauca, Nariño, Putumayo, cultivos de coca por todas partes…

Sí, una inmensidad de coca. Frente a esta circunstancia, el Ministerio de Defensa ha erradicado 20.000 hectáreas en distintos lugares del país en 100 días.

¿Veinte mil hectáreas? ¿Cómo lo han logrado?

Con la Fuerza Pública, entrando a campos y erradicando.

¿No hay aún uso del glifosato?

Por ahora está suspendido. La política antidrogas será anunciada próximamente por el señor Presidente. Estamos erradicando manualmente.

¿No se utilizarán los drones para atacar cultivos con glifosato?

Es difícil la operación de los drones, por la topografía de los terrenos, por los árboles. Los experimentos que hicimos en el Tolima nos mostraron que la operatividad del dron es difícil; los tiempos de vuelo no son largos, tienen que venir constantemente a reaprovisionar herbicida y obviamente combustible. No es fácil.

¿Esta opción de los drones, entonces, está descartada?

No, no está descartada, pero hay que avanzar mucho más. En grandes extensiones es muy útil; si uno tiene 40, 50 hectáreas en unos terrenos planos o no tan quebrados se facilita. Si los terrenos son escarpados y tienen, además, vegetación densa es difícil la maniobra. No es que esté descartado su uso, pero se están buscando drones de última tecnología.

¿Cuál es la cifra oficial de hectáreas sembradas de coca?

Son 172.000 hectáreas a 31 de diciembre del año pasado. Desde 2012 hemos tenido una cifra creciente año tras año y hay que revertir la tendencia. En cinco años, el crecimiento se multiplicó por más de tres. Hay que pararlo. Hemos erradicado 20.000 hectáreas en 100 días. Recibimos 23 grupos erradicadores, hoy tenemos 73. Cada grupo lo componen 20 personas y un capataz. Erradican manualmente y son acompañados por la Fuerza Pública.

¿Y el costo social? ¿Qué va a hacer el ministerio con las personas que dependen en su sustento del cultivo de coca?

La coca no puede ser concebida como una salida social por su ilegalidad. Se está tramitando en este momento la prórroga de la Ley 418 y aspiramos a que se permita en la ley crear las Zonas Especiales de Intervención Integral para llegar con el componente social de manera efectiva. Colombia no puede dejar que prime la cultura de la ilegalidad. Hay que erradicar y buscar proyectos productivos lícitos: cacao es una buena opción, la palma de aceite es otra porque hay plantas extractoras y hay otros cultivos que podrían tener éxito.

Veo en usted un cambio de actitud. Era gran defensor de los drones con glifosato; hoy lo veo menos entusiasmado y más comprometido con la erradicación…

Es el mismo entusiasmo responsable, no un cambio de opinión. Debemos actuar, avanzar y simultáneamente en construir alternativas responsables, serias y viables. Frente a estas grandes extensiones no se puede descartar ninguna alternativa.

La fumigación aérea la prohibió la Corte…

No está prohibida. Está sujeta al cumplimiento de unas condiciones que están siendo evaluadas por el Gobierno. La Corte Constitucional condicionó la fumigación aérea. No la prohibió.

Si está dando resultado la erradicación manual, ¿para qué se piensa en fumigación aérea con glifosato?

Por el riesgo de las minas antipersonas; varias personas han sido amputadas y, hace días, falleció un erradicador civil al activar uno de estos artefactos. Para grandes extensiones es más conveniente la fumigación aérea.

¿Ha pensado en algún tipo de apelación en la Corte para que revise su sentencia?

En estricto sentido no existe un recurso de apelación, pero la Corte podría cambiar su doctrina jurisprudencial. Al Ministerio de Justicia le atañe la relación con las cortes.

Ante la situación actual, y por lo que usted dice, la única alternativa que tiene en las manos hoy es la erradicación manual…


Sí, señor. La alternativa es la erradicación terrestre, que bien puede ser manual o con drones. El Gobernador de Antioquia, dentro de un programa que se llama ‘Antioquia libre de coca’, está utilizando drones y estamos esperando los resultados. Si el Gobierno erradicara 70.000 hectáreas cada año, manualmente, tendría en 3 años 210.000 erradicadas, como efectivamente va a ocurrir. El problema está en la resiembra en los mismos lugares y en nuevas siembras en otras regiones.

¿Por qué dice que efectivamente va a ocurrir la erradicación de 210.000 hectáreas?

Porque el ministerio va a erradicar 50.000 hectáreas cada año y la Alta Consejería para el Posconflicto, otras 20.000 de manera voluntaria. Se hará cada año, lo que me permite asegurar que en 3 años se erradicarán 210.000 hectáreas.

¿Usted cree seriamente que podrá hacerlo?

Sí. Estamos seguros. Comenzamos el primero de enero con 100 grupos erradicadores.

En cuanto a la minería ilegal, ¿cuál es el balance de los cien días?

La minería ilegal se convirtió en un problema grave de afectación al medioambiente y envenenamiento de ríos por el mercurio. Están afectados 299 municipios en 24 departamentos. Al cumplir los 100 días se han incautado 70 excavadoras, 27 dragas y 41 han sido destruidas.

Como son equipos muy valiosos y muy sofisticados, la opinión pública cree que destruirlos es absurdo… ¿Por qué no los decomisan y los usan?

Se está haciendo el análisis jurídico, no solo para eso, sino para las incautaciones, como botes con buenos motores que los puede utilizar la Armada o como el contrabando de ganado, que podría servir para alimentar a la Fuerza Pública. Esos elementos pueden ser usados y correctamente aprovechados por el Estado. Eso es lo que nosotros queremos hacer, para ello necesitamos un instrumento legal y lo estamos diseñando.

¿Y qué resultados ha dado el plan de ‘el que la hace la paga’?

Llevamos más de 59.000 capturados; de ellos, 7.000 han ido a detención intramural, otros tienen detención domiciliaria, y algunos fueron liberados con presentaciones periódicas a las autoridades. Hemos logrado incautar 6.000 armas. En lo que se refiere a Plan Diamante, que tiene enfoque militar rural, marítimo y fluvial, la sola Armada en operaciones de interdicción aumentó el decomiso de cocaína en 41 por ciento y de marihuana en un 284 por ciento, comparado con los 100 días anteriores. En lo que se refiere a los Grupos Armados Organizados, hemos logrado 1.450 afectaciones, representadas en capturas, o muertos en desarrollo de operaciones.

¿Cómo va el Ministerio de Defensa en materia de recursos?

Tenemos un presupuesto de 33 billones de pesos, pero el 72 por ciento se va en pago de nómina y pensiones de jubilación. Hay que recordar que toda la Fuerza Pública, más el componente administrativo, representa 440.000 personas y los pensionados ascienden a 235.000.

¿Usted recuerda cuánto vale la nómina del ministerio?

Vale 15 billones anuales, es decir, 1,25 billones mensuales la sola nómina, y a esto añádale lo que ya dije de personas con auxilio de retiro o pensionadas, a quienes también hay que pagarles, cuyo número asciende a 235.000 personas.

¿No le quedan recursos para modernizar?

Sí, pero no en cuantía suficiente. Para empezar, tenemos que trasladar la sede actual del ministerio y proceder a demoler el edificio.

¿Y ya tiene la nueva sede?

Vamos a construir una sede provisional en el mismo predio; se demolería la sede actual y en su lugar sería construido un nuevo edificio definitivo.

Ahora, el personal de la Policía Nacional puede solicitar su retiro a partir de los 20 años de servicio, antes no lo podían hacer sino a partir de 25 años… ¿Cuántas personas hay en esa situación?

Dieciséis mil personas. No creemos que se vayan a retirar los 16.000, pero podríamos tener una afectación que estimamos entre 3.000 y 4.000 personas, cifra equivalente al plan que teníamos de ingresar nuevos policías que prontamente acabaremos de preparar. Ahora bien, tendremos que iniciar un programa para aumentar la fuerza, con las restricciones presupuestales propias, puesto que la incorporación de cada mil policías nuevos vale al año 64.000 millones de pesos.

¿Los mandos militares actuales se van o se quedan?

Es del fuero constitucional del señor Presidente como Comandante en Jefe designar a los mandos militares.

Pero ¿a usted no le ha comentado nada?

¡Por Dios, Yamid!

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

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