Roberto Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP / OEA), en entrevista con EL TIEMPO se refirió a la situación actual del país de cara a los problemas de orden público, y señaló que recibía con agrado el anuncio del presidente Iván Duque de avalar un sometimiento individual de los grupos armados, pero sin olvidar la justicia y reparación para las víctimas.
¿Cómo han venido desarrollando su trabajo en Colombia?
En efecto, trabajamos en los territorios rurales más afectados por la violencia, la inequidad y la insuficiente presencia del Estado, a través de 18 oficinas regionales. Nuestro trabajo se centra, principalmente, en el monitoreo a las dinámicas del conflicto, así como en el acompañamiento a los esfuerzos de paz. El año pasado cumplimos 15 años de apoyo ininterrumpido a las comunidades e instituciones de Colombia. De hecho, la MAPP / OEA es la primera Misión de un organismo internacional con tareas de verificación a acuerdos de paz en el país.
Durante este tiempo no hemos tenido mayores incidentes de seguridad. Por el contrario, nuestra presencia tiene un efecto disuasivo, en gran parte, por la cercanía e imparcialidad de nuestro trabajo, lo que nos ha permitido construir confianza entre las comunidades y demás actores en los territorios.
El gobierno de Iván Duque trazó una línea de sometimiento para los grupos armados organizados, ¿cómo reciben este anuncio?
Considerando las graves afectaciones que estos grupos generan, por supuesto que lo saludamos. Constituye un hecho concreto que abre la puerta para la búsqueda de acuerdos que contribuyan a la pacificación de los territorios. Ahora bien, es importante señalar que, en nuestro concepto, cualquier mecanismo que entregue seguridad jurídica a quienes se someten también debe garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Esto es de la mayor importancia.
En este sentido, reiteramos la exigencia a todos los grupos armados ilegales a cesar los ataques contra la población civil y el medioambiente. Hacemos el llamado a los miembros de estos grupos a reconsiderar su proyecto de vida y el de sus familias, y los invitamos a externar su voluntad de acogerse a los beneficios vigentes para su tránsito a la legalidad.
¿Cuáles consideran que son los problemas más graves de violencia que afectan al país?
Desde nuestra apreciación son tres: el conflicto armado, la criminalidad y la inequidad. Hemos constatado que estas violencias coexisten e impactan, de manera directa y reiterada, a la población que habita áreas rurales y profundas, donde la presencia del Estado aún no es suficiente, y en donde grupos armados ilegales accionan a través de disputas armadas o de alianzas criminales.
Estas expresiones de violencia tienen su principal combustible en el narcotráfico, un flagelo de dimensión transnacional que pone en peligro a comunidades enteras, a liderazgos sociales y funcionarios públicos, que profundiza las desigualdades en la sociedad y que causa un daño irreparable al medioambiente.
Los grupos armados ilegales se configuran como agentes de violencia que vinculan a niños, niñas y adolescentes, siembran minas antipersona, imponen medidas de control social, extorsión y justicia de facto, confinan y desplazan poblaciones, entre otras afectaciones. De esta manera generan graves impactos humanitarios que obstaculizan el desarrollo social, económico, político y cultural de las comunidades, así como la llegada y eficacia del Estado.
¿Los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc cómo lo analizan?
Con alta preocupación, por supuesto. Desde 2009, a través de informes directos al Estado colombiano y de informes públicos ante el Consejo Permanente de la OEA, hemos venido alertando sobre las afectaciones a liderazgos sociales en el país. Hemos señalado que el perfil de las víctimas se corresponde, mayoritariamente, con líderes y lideresas que adelantan un importante rol de reclamo, denuncia y visibilización de afectaciones en sus comunidades. Se trata de liderazgos comunales, de víctimas, indígenas, afrodescendientes, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras e impulsores de la sustitución de cultivos ilícitos. De hecho, en informes recientes hemos señalado que quienes habitan en zonas de sustitución voluntaria o erradicación forzosa enfrentan un mayor riesgo.
Entre los factores que configuran este fenómeno está, principalmente, el accionar de los grupos armados ilegales en territorios donde ejercen un fuerte control o donde desarrollan disputas. Todos estos factores se exacerban en la vigente situación de aislamiento que impone la covid-19.
También nos genera preocupación las afectaciones contra exintegrantes de las Farc que han dejado las armas y avanzan en procesos de reincorporación. La seguridad de los liderazgos y excombatientes es fundamental, no solo para el éxito del proceso de paz, sino para el logro de una paz completa. En ambos casos, la lucha contra la impunidad, así como la oportuna y adecuada administración de justicia constituyen un desafío permanente.
La Misión insiste en la urgente necesidad de armonizar los numerosos esfuerzos del Estado, de las comunidades, organizaciones sociales, autoridades étnicas y entes territoriales, observando los aspectos diferenciales de esos fenómenos, a fin de lograr acciones más coordinadas, efectivas y contundentes.
Hacemos el llamado a los miembros de estos grupos a reconsiderar su proyecto de vida y el de sus familias, y los invitamos a externar su voluntad de acogerse a los beneficios vigentes
Frente al tema del reclutamiento de niños y adolescentes, ¿qué han encontrado y qué grupos mantienen esta práctica?
Lamentablemente, todos los grupos armados ilegales reclutan menores de edad. Niños, niñas y adolescentes son obligados a vincularse a las filas o son utilizados como vigilantes, cobradores de extorsiones e incluso como reclutadores de otros menores. También son víctima de violencia sexual, minas antipersonal y desplazamientos forzados. Hemos advertido que estos grupos emplean diversas estrategias para reclutarlos, desde el ofrecimiento de armas y dinero hasta la presión psicológica y las amenazas para atentar contra sus vidas o las de sus familias.
Además, hemos identificado que las comunidades afrodescendientes e indígenas y la población migrante son fuertemente impactadas por el reclutamiento forzado. Niños y niñas de nacionalidad venezolana, por ejemplo, enfrentan alto nivel de riesgo, pues los grupos aprovechan la informalidad de su residencia para evadir la acción de la justicia.
¿Cuáles son las regiones que más llaman su atención?
Municipios de unos 22 departamentos enfrentan dinámicas diferenciadas de conflicto y criminalidad, y por tanto son de especial atención de la Misión. Actualmente nos genera particular preocupación la reiterada violencia en el Cauca, en municipios como El Tambo, Argelia, Buenos Aires y Santander de Quilichao. La semana pasada alertamos sobre el asesinato de cinco liderazgos sociales en un lapso de seis días. También repudiamos la masacre de un líder comunal y su familia ocurrida el miércoles en Mercaderes. Estamos haciendo seguimiento a estos casos, así como a los nuevos planes anunciados por el Estado colombiano, que confiamos traerán mayores garantías de seguridad a estas poblaciones.
Otros departamentos como Chocó y Putumayo, y zonas como el Pacífico nariñense, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y la franja fronteriza con Venezuela también son de actual inquietud, principalmente por los impactos humanitarios que generan las acciones de grupos ilegales.
El Eln dio por finalizado su cese unilateral, ¿cómo se puede retomar el acercamiento entre Gobierno y guerrilla?
La paz se construye con hechos, principalmente con aquellos que generan alivio a la población civil. En este sentido, valoramos el desempeño del cese al fuego unilateral del Eln durante el mes de abril, pues observamos alivios sustanciales en no pocas comunidades. Tras la reciente declaración de ese grupo armado, la MAPP / OEA reitera su enfático llamado a esa guerrilla a retomar el cese al fuego y a detener todas las afectaciones contra civiles.
Fuente: Ministerio de Defensa.
Infografía / EL TIEMPO
¿Y al Estado?
Al Gobierno lo llamamos a redoblar los esfuerzos tendientes a la implementación de acuerdos y políticas de paz. Consideramos también que, así como se nombraron dos promotores de paz, la designación de gestores contribuiría a mejorar las condiciones para avanzar hacia la paz completa. Tanto para el Estado como para el Eln, nuestro mensaje ha sido y seguirá siendo: la paz es un imperativo, y el camino es el diálogo efectivo hacia acuerdos concretos. Desde nuestro punto de vista, no existe justificación alguna para continuar con el ejercicio de la violencia en Colombia, y sí innumerables motivos para detenerla definitivamente.
En la pandemia, ¿qué ha identificado la Misión?
La vigente pandemia ha evidenciado las vulnerabilidades estructurales de aquellas regiones donde confluyen factores de violencia armada, inequidad e insuficiente presencia del Estado. Por un lado, a pesar de las medidas de aislamiento social, los grupos armados han aprovechado para ampliar su control territorial y social, generando confrontaciones que impactan en la integridad de las comunidades. Asimismo, se observan procesos comunitarios y sociales que trabajan para evitar la propagación del virus en los territorios.
La Misión ha observado la continuidad de esfuerzos institucionales en la implementación de los acuerdos de paz, también en numerosas iniciativas para combatir las afectaciones contra el liderazgo social y de excombatientes. Las acciones de la Fuerza Púbica siguen concentrándose en el combate a los grupos armados ilegales y, un tanto, en la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Esto último incrementa las tensiones sociales con la población campesina, pues escala la percepción de incertidumbre económica ante la vigente coyuntura.
Además de implicar una crisis de salud y económica, la actual pandemia representa un desafío institucional, político y social. Desde la visión de la MAPP / OEA, también es una nueva oportunidad para acercar posiciones, alcanzar acuerdos y cumplirlos con los efectos transformadores que la realidad exige.
ALICIA LILIANA MÉNDEZ
Periodista de Justicia
En Twitter: @AyitoMendez