Este martes, cuando las Naciones Unidas reciban la lista de bienes y propiedades de la guerrilla y sus testaferros, empezará un proceso tendiente a financiar la reparación de las víctimas de las Farc, que será uno de los termómetros definitivos sobre el real compromiso de esa organización con una segunda etapa de los acuerdos de La Habana y el Teatro Colón.
Tras casi cuatro años de proceso, las Farc han cumplido en temas críticos: mantener el cese de fuego unilateral durante los dos últimos años de la negociación; concentrar sus fuerzas en las zonas de ubicación debidamente verificadas y delimitadas y, especialmente, con la entrega de armas, que también está terminando con la extracción de los contenedores de Naciones Unidas de los puntos de entrega.
Así, podría decirse que la guerrilla le cumplió al país y al mundo con la promesa de desaparecer como organización armada ilegal, un hecho histórico después de más de medio siglo de guerra y centenares de miles de muertos.
Cumplida la etapa de desmovilización y desarme, que son críticas y sin embargo han salido adelante, empieza una en la que el Estado deberá garantizar la seguridad de los desmovilizados y su plena reinserción a la vida política y económica del país. Las leyes ya aprobadas y las que vienen en camino están enfocadas en esas metas. Y para los ex-Farc empieza una fase en la que deberán honrar el acuerdo de revelar toda la verdad acerca de sus actividades en la guerra.
Mientras se implementa la Justicia Especial para la Paz, JEP, tribunal donde deberán confesar todos sus crímenes, la entrega de bienes a través de su enumeración en el listado entregado a Naciones Unidas es un proceso que debería avanzar más rápido.
En este aspecto, el fiscal Néstor Humberto Martínez ha sido bastante fuerte en insistir que las Farc deben entregar todos sus bienes, de los cuales ya se han logrado incautar propiedades por más de 1,7 billones de pesos este año.
Entre el patrimonio ilícito se han detectado 400.000 reses, que están en baldíos, especialmente en los Llanos Orientales.
Salvo en el proceso de paz con los paramilitares, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, en ninguno de los otros intentos de paz en la historia de Colombia los grupos desmovilizados entregaron sus fortunas ilegales, ni para reparar a las víctimas ni como sanción.
En el caso de los paramilitares, la reparación a las víctimas es tal vez el compromiso más incumplido.
Mientras en materia de Justicia y Verdad hay hechos para mostrar y ya la mayoría de desmovilizados han obtenido libertad condicional por cumplir con los compromisos y una pena alternativa de ocho años de prisión. En reparación solo han entregado 303.003 millones de pesos en bienes, según el Fondo para la Reparación de las Víctimas, que es administrado por la Unidad de Víctimas. Este dinero sería destinado para las 386.413 víctimas del paramilitarismo, según reportó la Fiscalía en su momento.
En el inventario hay 1.524 bienes, entre estos títulos judiciales, inmuebles, automotores, armas, muebles y enseres, sociedades, cooperativas, acciones y dinero. Del total de bienes, 340 cuentan con extinción de dominio.
La cifra más alta la representan los inmuebles rurales ($ 196.000 millones) y le siguen los inmuebles urbanos ($ 65.000 millones, según informe hasta el 30 de septiembre del 2016).
En sociedades y cooperativas están: Coproagrosur, con 21.000 millones; la Sociedad Complejo Turístico Ocaso Caribe, con $ 717 millones, e Inculsol S.A., con $ 150 millones.
En cuanto a vehículos, motos y embarcaciones, se han recibido 219 millones de pesos.
El reporte de entrega se ha efectuado desde el 2007. Las autodefensas campesinas de Puerto Boyacá han entregado 123 bienes; el Bloque Central Bolívar, 146, y Casa Castaño, 108, entre otros.
JUSTICIA
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