Cuál ha sido el impacto del conflicto armado en la salud del país

Cuál ha sido el impacto del conflicto armado en la salud del país

La Comisión de la Verdad realizó este jueves un acto público de reconocimiento.

Acto La Verdad desde la Salud

César López, canta una canción en recuerdo de las víctimas, dentro del acto 'La Verdad desde la salud', quinto acto de la Comisión de la Verdad por la dignidad de las víctimas.

Foto:

César Melgarejo. EL TIEMPO

Por: Justicia
25 de septiembre 2020 , 08:56 a. m.

Desde Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria, monumento creado por la artista Doris Salcedo, se llevó a cabo este 24 de septiembre el acto de reconocimiento del impacto del conflicto armado en la salud: 'La Verdad desde la Salud'.

"Este encuentro La Verdad desde la salud, es el quinto acto de reconocimiento a la dignidad de las víctimas que hace la Comisión de la Verdad en cumplimiento de su mandato", dijo Saúl Franco, comisionado encargado de dar la bienvenida al acto, que comenzó a las 10 de la mañana y fue transmitido por EL TIEMPO.

La jornada tuvo como objetivo escuchar los testimonios de diferentes trabajadores de la salud -incluidos los sabedores ancestrales-, que han seguido trabajando con convicción "pese a estar expuestos a las condiciones adversas expuestas por el conflicto armado", indicó Franco. 

En una breve introducción, Franco recordó efectos del conflicto armado: "Contamina nuestros ríos y el agua que tomamos en pueblos y veredas, destruye nuestras selvas y montañas, daña la salud de nuestro cuerpo y nuestra mente, amenaza desplaza, viola y asesina a nuestros médicos y a nuestras médicas, incluyendo a los tradicionales, y a enfermeras, auxiliares (...) Se apropian los actores armados de los dineros destinados a la salud ".

Después de un video que mostró el panorama de la salud, en el que la voz de Divian Segura, médica del Putumayo, evidenció que aún ahora, después de pasar por un proceso de paz, sigue la zozobra: "A veces no se puede preguntar la ocupación o el nombre de un paciente -dijo la médica-, es sentir las amenaza de sus compañeros si no sobrevive a sus heridas (...) es llegar a cada turno orando para que no lleguen pacientes víctimas de este flagelo que azota a nuestro país". 

Intervino también el comisionado Francisco de Roux, que manifestó: "Lo sagrado no son las instituciones, no son los bancos ni el Estado ni el ejército, ni la guerrilla. Lo sagrado es la vida como debe ser".

De Roux subrayó que "Un soldado está para proteger la vida de un muchacho, un policía está para proteger la vida de una niña de Colombia, eso nos lo enseñan los trabajadores de la salud (...) que han arriesgado todo para proteger la vida entre nosotros. Ojalá lo comprendiéramos así".

Y señaló que lo que engrandece las instituciones es proteger la vida, mientras que lo que les da sinsentido es atacarla.

Se dio un espacio para que el músico César López interpretara una canción en la que nombró a muchas de las víctimas cuyas muertes han causado conmoción en el país, desde Luis Carlos Galán hasta Dylan Cruz, pasando por José Antequera y Jaime Garzón, y desde los 11 diputados de Cali hasta la bomba en la Escuela General Santander. "Hay que encontrarla verdad, hay que buscar la salida, hasta que amemos la vida", cantó el vocalista conocido por su  apoyo a causas sociales.

Un pueblo sin atención médica

La primera víctima en tomar la palabra fue Astrith Gualtero, enfermera y lideresa sindical Anthoc, quien relató hechos del 26 de junio del 2002, en Puerto Lleras (Meta), cuando el frente 43 de las Farc, decidió desplazar a todos los trabajadores del hospital.

"Eran 46 trabajadores a los que les dieron la orden de renunciar -indicó Gualtero-. Le cerraron la posibilidad de acceso a la salud a una población. Además vulneraron el derecho al trabajo. Tuvieron que salir con lo que tenían puesto hacia Villavicencio. Inmediatamente hicimos un cerco de protección de nuestros compañeros. Ellos fueron desplazados por más de 72 horas. Cuando se logró, por parte la Cruz Roja Internacional, de la misma comisión de paz que existe en el departamento y del mismo secretario de salud que no aceptó las renuncias de estos trabajadores": 

Según Gualteros estas personas fueron los únicos trabajadores de la salud en ser reconocidos como víctimas de "este conflicto armado que no nos ha llevado a nada". La enfermera y líder enfatizó en que a los médicos y otros trabajadores del sector no les interesa saber quién quien llega: "Después de que cualquier actor entra a un hospital, a nosotros nos interesa saber quién es, lo único que nos interesa es salvar la vida de estas personas".

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Relató que el proceso de regreso de los trabajadores a la población y el seno de sus familias no fue fácil. Y la tensión que viven sigue hasta estos momentos: "Hoy, nuestra sede en Villavicencio no cuenta con un teléfono fijo, porque ahí mismo recíbiamos amenazas, que no querían ver un guerrillero en nuestra sede (...). La vida hay que defenderla, sino aprendemos a defender la vida, no somos nada". 

"Cuando hablamos de no repetición -agregó Gualtero-, queremos pedirle primero al Estado que no vulnere los derechos de los ciudadanos que no reciben salud, porque la ley 100 (...) ha matado a más colombianos que el mismo conflicto armado. En época de pandemia lo vivimos porque llegamos a ser héroes indefensos porque no tenemos cóm prestar un servicio, porque los  recursos están quedando en manos de unos pocos".

La salud en la Costa

En un video con diferentes relatos, se mostró un panorama de los hecho en diferentes ciudades de la Costa, un territorio, en el que según el informe presentado los recursos de la salud terminaron financiando el conflicto y el crimen.

"Donde ellos sabían que estaba el grupo contrario no dejaban llegar a los médicos a los grupos de brigadas de salud", decía uno de los profesionales médicos citados. 

Se habló desde la apropiación de recursos de la salud, por parte de los actores del conflicto, en poblaciones como Soledad Atlántico.Dichas apropiaciones implicaron amenazas, desplazamientos y asesinatos y masacres pero, según decían los testimonios, quitarles a los niños el derecho a la salud es también un crimen de lesa humanidad. 

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Varias voces coincidían en este video al hablar de las formas de amenaza a los trabajadores y sus familias. Incluso, una mujer que prefirió permanecer anónima contó como después de una jornada de atender heridos, se le acercaron y le dijeron: "Ahora viene su otro trabajo" y a lo largo de una noche fue violada por tres hombres. La mujer afirmó que a consecuencia de este hecho fue abandonada por su esposo, despedida de la EPS donde trabajaba y obligada a salir de Sincelejo y que aún ahora, 20 años después, sigue sufriendo las consecuencias. 

Otra mujer, de San Onofre, dijo haber visto como actores armados, se llevaban el dinero que era para pagarles por su trabajo en el hospital.. Otros testimonios hablaban de cómo algunos pagaron con su vida al descubrir empresas fachada de actores armados, con las que captaban rentas de la salud.

Un sistema de salud indígena

El comisionado Franco recordó que años atrás, el pueblo Zenú creó una empresa promotora de Salud Indígena llamada Manexka EPS, que pronto "se vió envuelta en la vorágine del conflicto, con implicación de un líder indígena en el fenómeno de la parapolítica, lo que derivó en la desnaturalización y el debilitamiento del sistema indígena de salud propio e intercultural". 

En video, José Luis Mendoza, líder indígena zenú, habló de su experiencia,  al llegar en 1997,  como promotor de la creación de la EPS indígena en su resguardo. Querían que la EPS, pues hospitales y administradores de los mismos se negaban a darles atención gratuita. Mendoza relató que la EPS comenzó dándole apoyo a su gente, tanto en lo laboral como en la atención de salud. Pero entre los años 2010 y 2017, empezaron a llegar políticos, a meter a sus recomendados. "Llegaron no a construir sino a ver qué hay ahí para ver cómo acabamos", dijo.

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También llegaron las autodefensas. Según Mendoza "a decir qué gente tenía que ir direccionando (...), así fuimos perdiendo nuestra autonomía, la posibilidad de que la gente creciera con nosotros y empezaron a vincularnos, aunque el movimiento indígena en su totalidad, no estábamos de acuerdo". El efecto, dijo Mendoza, fue la desaparición de la EPS.

Ledis Ortega Guzmán, indígena del pueblo Zenú, agregó que la desaparición de la EPS vulneró varios de los derechos de la comunidad. El "derecho a la consulta libre e informada" fue uno de ellos. "Nos llevaron a la gente para todos lados -dijo- y nos pusieron en riesgo de extinguirnos, una extinción física y cultural, porque al estar las familias separadas, la cultura no se va a fortalecer de la misma manera que cuando estamos juntos".  Por lo mismo, Ortega -que señaló que hay unos 50 mil indígenas en alto riesgo- manifestó que el Pueblo Zenú está analizando, en conjunto con otras poblaciones indígenas, un nuevo reto, la construcción de un nuevo "sistema de salud propio, intercultural".

Otros testimonios

Alba Janeth García sobrevivió a la masacre de Santo Domingo (Arauca), el 13 de diciembre de 1998. En ella la población fue bombardeada por helicópteros del estado que, pese a percatarse de que sus operaciones militares estaban golpeando a la población civil, no se detuvieron. Los nombres de los 17 muertos y más de 27 heridos aparecieron durante la transmisión del acto de la Comisión de la Verdad. 

García relató como vivió la explosión, por la que quedaría herida de gravedad, y como se vio de pronto rodeada de heridos y muertos. Contó la forma como trató de refugiarse y luego como recogieron a los heridos para tratar de llevarlos a donde pudieran atenderlos. Finalmente recalcó que unos siete u 8 años después, el estado fue condenado a resarcir a las víctimas de este hecho y, según sus palabras, pese al fallo: "El Estado no ha hecho nada para resarcir a sus víctimas ". 

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"Queremos esa reparación -dijo García- y que no haya repetición d esto en ninguna parte y menos en nuestra Arauca", dijo. 

Después del testimonio de la víctima, en un video el comisionado Alejandro Valencia, detalló la evaluación que hizo como perito ante diferentes instancias judiciales en el caso de Santo Domingo. Sus conclusiones fueron cinco, sobre el ataque vivido por García: "1, no se tomaron precauciones en el ataque cuando se constató que el objetivo no era militar; 2, las víctimas y sus bienes no lo fueron como efecto colateral del conflicto sino que, 3, se trató de un ataque a la población civil. 4, el ataque fue realizado con municiones en racimo cuyo efecto es indiscriminado y 5. Cuando se recogían los heridos, la población civil recibió un nuevo ataque desde los helicópteros". 

Efecto en pueblos indigenas

El caso del pueblo indígena jwi, en la zona del Guaviare, también se presentó en video. Un pinjoen, médico tradicional del resguardo, explicó en su lengua la relación entre el territorio y la vida de las comunidades.

La relación entre las hierbas del territorio y la curación, por medio de su sabiduría ancestral. El hombre explicó la importancia del papel de un pinjoen como sanador y maestro en su pueblo y para otros pueblos a los que también enseña. Habló de cómo las Farc lo llamaban para que curara y rezara heridos sin darle un pago. A este sanador, el único que tenía el resguardo Barracón, no le importaba cobrarles o sanarlos, hasta que un día le mataron a su nieto. Lo acusaron de espiar para los enemigos porque había comprado un radio para oír música. La familia también fue amenazada y el pinjoen tuvo que huir. Así su comunidad se quedó sin el único médico tradicional que tenía.

Donde vive ahora no están las mimas hierbas con las que podía ayudar a la gente, tampoco es la misma comida porque el agua está contaminada. 

Otro indígena jwi contó que después del nieto del médico tradicional, Saúl Enrique Niño, asesinaron también al único promotor de salud que tenían. Se trataba de Luis Carlos González. Había sido nombrado por el gobierno, prestaba servicios de vacunación y atención a embarazadas. Cada 15 días tenía que ir a San José del Guaviare abuscar medicamentos y desinfectantes para después ir a vacunar a las personas en las veredas. Cuando se encontraba con los paramilitares lo acusaban de que esos medicamentos eran para la guerrilla y la guerrilla lo acusaba de lo contrario, ayudar a los paramilitares, a su regreso. Fue asesinado también y su muerte generó un desplazamiento masivo de la comunidad". 

El reconocimiento desde el partido Farc

En el acto de reconocimiento, Mauricio Jaramillo, del partido Farc, hizo una declaración, también en video, en el que saludó a las víctimas de la confrontación armada y dijo: "Todas  (las víctimas) tienen reconocimiento desde el hoy partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc.

"Hoy queremos reparar y devolver la dignidad a las víctimas, luchar por la recuperación de sus derechos políticos, económicos y sociales  y trabajar incansablemente por la conciencia de no repetición -dijo Jaramillo-. Estamos abiertos y dispuestos al reconocimiento de responsabilidades tanto individuales como colectivas (...) Desde ya pedimos que se nos honrre con el perdón, en este acto de reconocimiento, pedimos perdón por las amenazas contra las personas que ejercieron la misión médica (...), pedimos perdón por el asesinato del promotor de salud de la comunidad jwi, en Barranco Colorado, en agosto del 2002, hecho que tuvo relación con el asesinato del docente Saúl Enrique Niño, lo que propició en ambos casos el desplazamiento forzado desde este resguardo. Los responsables de estos lucutuosos hecho fueron miembros del frente 44, integrante del antiguo bloque oriental de las antiguas Farc".

Jaramillo añadió que esos hechos jamás debieron suceder y que su deber como revolucionarios es pedir perdón.  "El perdón es un proceso largo -añadió-, lo sabemos. No descansaremos hasta lograrlo. Somos conscientes de que en este proceso estamos al mismo tiempo construyendo las nuevas bases de la convivencia y la no repetición", concluyó a nombre su yo y de Jaime Alberto Parra Rodríguez.

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La carta de Char Navas sobre la corrupción en la Costa

La comisionada Alejandra Miller, leyó después una carta del exsenador David Char Navas, quien fue acusado por la Corte Suprema de Justicia por vínculos con las autodefensas, a propósito de las alianzas entre políticos y paramilitares que afectaron los recursos de la salud particularmente en la Costa Atlántica.

"Para mí no puede entenderse el impacto que tuvo este conflicto en el sector de la salud sin referirse a la corrupción -manifestó Char en la carta leída por Miller-. Durante mucho tiempo los recursos de la salud les servían a los bolsillos de unos pocos". 

Miller agregó que "la comisión espera" que Char Navas y otros actores "reconozcan a fondo su participación en los hechos", como vía para establecer mejores controles y mecanismos de no repetición.

Siguieron testimonios como los de las parteras del Pacífico y la forma como tenían que sortear a los actores armados para atender a las madres a punto de dar a luz. Así como el panorama dado por Darwin Duque, de Anthoc, organización sindical que agrupa al personal médico constituida en 1973, que reiteró los peligros vividos por sus miembros. También habló el ministro de salud, Fernando Ruiz Gómez, sobre la evaluación hecha del problema y las medidas que se han dispuesto en este sentido.

El comisionado Carlos Beristaín se encargó de una reflexión basada en los testimonios anteriores, para decir que "la paz es posiblemente la mayor medida de salud en Colombia. Se han dado pasos. En este informe hemos escuchado el grito de muchas comunidades defendiendo sus demandas de salud, el reconocimiento de los actores armados, hemos visto algunos reconocimientos iniciales en este encuentro. La salud es también espacio clave para la reconstrucción de la convivencia en el país". Y reiteró la naecidad de ver "el sector salud como herramienta fundamental de la paz".  

REDACCIÓN JUSTICIA

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