Este miércoles, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad retoma, en su segunda fase, los Diálogos para la No Repetición.
Al dar inicio al diálogo, el presidente de la Comisión, Francisco de Roux, señaló que se busca comprender aquello que no se ha terminado de comprender y que hace que la violencia, aunque transformada, continúe en el país.
Las personas invitadas a este diálogo son, como moderadoras, la comisionada Marta Ruiz y la periodista Gloria Ortiz, directora del proyecto Colombia2020 del diario 'El Espectador', y como panelistas, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; el procurador general, Fernando Carrillo; la directora del diario 'La Opinión' de Cúcuta, Estefanía Colmenares; la gobernadora indígena de Toribio, Ana María Ramos; el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín y el periodista y columnista de EL TIEMPO, Ricardo Silva Romero.
La Comisión informó que en esta segunda fase de diálogos priorizará la discusión sobre el Cauca, el bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo en Norte de Santander y el bajo Atrato chocoano.
"Es un problema ciudadano, no solo institucional" detener la violencia que se ha ensañado contra líderes sociales en regiones específicas del país, indicó la comisionada Marta Ruiz.
Vivanco, tras hacer un diagnóstico de la situación en las cuatro regiones, donde persiste la confrontación entre grupos como el Eln, el Epl, los 'Caparros' y disidencias de las Farc, señaló que entre las causas está el vacío institucional.
"En las zonas más remotas del país no hay opciones económicas" para amplios sectores de la población, dijo. Además, que miles de personas en estos territorios viven sin los servicios esenciales.
El narcotráfico que ha financiado a los grupos armados, según Vivanco, ha contribuido a que persista el vacío institucional y ha llevado a que se cometan atrocidades. Asimismo, señaló que Colombia ha seguido el libreto de la "fallida guerra contra las drogas", pero que la situación no ha mejorado.
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"Los programas de sustitución de cultivos y los planes de desarrollo integrales son un paso importantísimo y deben tomarse medidas urgentes para que las comunidades campesinas sientan que realmente están siendo apoyadas por el Estado en estas iniciativas", apuntó el director de Human Rights Watch.
Finalmente, emitió varias preguntas sobre el papel de la Fuerza Pública en Colombia, como si además de estar preparadas para enfrentar a grupos armados lo están para proteger a la sociedad civil, si no debe reformarse frente al cambio de dinámicas del conflicto y si no debe abandonar las "prácticas corporativistas" en las cuales, ante posibles violaciones de derechos humanos, se defiende a la Institución por encima de las víctimas, entre otros interrogantes.
Después de la exposición de Vivanco, la comisionada Ruiz le preguntó al procurador general, Fernando Carrillo, por la situación del vacío institucional.
Carrillo dijo que "lamentablemente" hay que comenzar por lugares comunes que no se han resuelto. Dijo que el acuerdo de paz no terminaría el conflicto, pero que este se acentúa en determinados territorios por ausencia, pero también por incapacidad o "falta de fuerza institucional" del Estado.
Aseguró que la violencia se ha ensañado contra los líderes sociales porque "son los protagonistas de ese nuevo país" que se trató de plasmar en los acuerdos de paz. Dijo que las causas de esa violencia no se combatieron, que hay nuevas consecuencias.
La presencia del Estado, dijo Carrillo, tiene "cuatro patas": la Fuerza Pública, que "no se puede sobredimensionar"; la oferta social e institucional como médicos, educadores, entre otros; tercero, la justicia a nivel local, que se ha concentrado en reformas desde Bogotá para las altas cortes, y no en lo que toca a lo regional; y finalmente, la generación de convivencia "con las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil".
#EnVivo La Comisión de la Verdad retoma, en una segunda fase, su estrategia de #DiálogosParaLaNoRepetición
Publicado por Comisión de la Verdad en Miércoles, 8 de julio de 2020
El asesor de seguridad del Gobierno, Rafael Guarín, fue consultado sobre la dificultad para que el Estado llegue a ocupar los territorios que las Farc dejaron tras su dejación de armas.
Guarín dijo que coincidía en gran parte con lo dicho por José Miguel Vivanco y que en el Plan Nacional de Desarrollo se define como principal amenaza a la seguridad del país "los espacios vacíos de institucionalidad".
"No hemos terminado en Colombia e construir la Nación y el Estado", dijo Guarín. Adicionalmente, agregó, hay espacios geográficos donde no se están garantizando no solo los derechos fundamentales, sino tampoco los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos.
El concepto clave, dijo, es la construcción de legitimidad democrática y de Estado Social de Derecho. "Eso parece teoría, pero significa un cambio frente al pasado" en la concepción del gobierno, que se basa en la idea de "seguridad multidimensional".
Señaló las "zonas futuro" dentro de la apuesta del Gobierno para que allí haya un plan único de seguridad que permita dinamizar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).
Ana María Ramos, gobernadora indígena del pueblo Nasa en Toribío, Cauca, contó desde allí que están viviendo el recrudecimiento del conflicto. "Como pueblos indígenas somos defensores de derechos humanos y defensores del territorio, también buscamos el respeto a la identidad cultural", dijo.
Para ellos el territorio es su Madre Tierra, dijo la gobernadora. "Como pueblos organizados nos mantenemos en defensa de la vida", añadió.
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Seguimos usando la estigmatización como método, seguimos pensando que ser es prevalecer y aniquilar.
Después, tomó la palabra Estefanía Colmenares, directora de 'La Opinión' de Cúcuta, a quien la comisionada Ruiz le preguntó por el narcotráfico y su papel en el Catatumbo y el peso de la situación venezolana en esa región para el "reciclaje del conflicto".
"Para nadie es un secreto el tema del abandono estatal en este territorio ha sido notable, generando muchísima vulnerabilidad, muchos años de atraso, y no teniendo una visión integral de intervención donde se atienda el tema de la infraestructura, social, de la salud", dijo Colmenares.
Aseguró que la presencia de un pie de fuerza representada en más de 13 mil hombres no se ha traducido en mejorías en la seguridad y vida de los habitantes.
En la región se sintió la expectativa con los acuerdos de paz, pero tras la desmovilización de las Farc hubo "un incremento de la violencia súper fuerte" por la confrontación entre el Eln y el Epl y que pasa por el control de los cultivos de coca.
La periodista recordó que en el último informe de Naciones Unidas el Catatumbo fue una de las pocas regiones del país que mostraron incremento en los cultivos de coca.
"Estamos lejos de una mejora", sentenció la directora de 'La Opinión'. A esto añadió como un "agravante" la presencia de carteles mexicanos en el departamento de Norte de Santander y la vulnerabilidad de los ciudadanos venezolanos que los hace "una presa fácil" para los grupos armados que los reclutan o los usan en los cultivos de coca, y de explotación sexual en particular para las mujeres.
Colmenares terminó señalando el problema de confianza en el Estado desde la región: "Después de tantos años de promesas, la gente es escéptica", dijo.
El periodista y escritor Ricardo Silva Romero señaló que en la implementación, "tal vez no ha sido suficientemente fuerte el mensaje a las Fuerzas Armadas".
"La guerra nos ha empobrecido de modos imperceptibles", dijo Silva, y citó que desde la psiquiatría estaríamos en la fase de la "desilusión", que "somos sordos frente al conflicto en buena parte de Colombia".
"Seguimos usando la estigmatización como método, seguimos pensando que ser es prevalecer y aniquilar", dijo también el columnista, quien señaló la diferencia entre la convivencia y la "unidad" de Nación que no reconoce la posibilidad de la diferencia. "Sigue preservándose una violencia machista muy peligrosa", añadió.
La comisionada Ruiz le preguntó al consejero Guarín sobre la profunda desconfianza en las regiones priorizadas hacia la Fuerza Pública. Él respondió que el Gobierno tiene una política de "cero tolerancia" a las violaciones a derechos humanos.
El proceso de transformación en la Fuerza Pública "no es fácil, no es rápido, no es sencillo" porque también es cultural, pero según Guarín "está bien orientado".
Mientras Ricardo Silva señaló una "ambigüedad" frente a las Fuerzas Públicas, Guarín dijo que "de ninguna manera" esa ambigüedad existe.
La gobernadora indígena Ramos agregó que el capítulo étnico del proceso de paz "no se ha cumplido" y que, en efecto, tienen el problema de cultivos ilícitos "por falta de alternativas, por falta de lo estatal".
Ricardo Silva cerró señalando que cree en lo que puede hacer la cultura desde la literatura, el cine, la música, la televisión. "La ficción ha sido una especie de tierra de nadie", donde los colombianos se pueden encontrar para estar de acuerdo en que "si a alguien le asesinan al padre en la puerta de su cada no puede ponernos en desacuerdo nada al respecto", porque "es increíble que cierta violencia nos parezca posible".
"El arte colombiano se ha hecho siempre en medio de la guerra, como tratando de conjurarla, ofreciendo una especia de justicia simbólica", dijo Ricardo Silva Romero.
La comisionada Ruiz finalizó subrayando que mientras en algunos territorios el conflicto se profundiza, en otros la situación ha mejorado, y que hay voluntad de muchas partes para lograr que esta situación cambie. "Los territorios tienen derecho a su ciudadanía, a su paz, no podemos tolerar que haya territorios donde la ciudadanía siga presa de los fusiles".
Aunque inicialmente se llamaban 'Diálogos para la No Repetición', ante la continuidad de los hechos de conflicto armado en el país, la Comisión de la Verdad decidió agregarles, para el 2020, 'para la no continuidad'.
La Comisión buscaba llegar este año a territorios más alejados. El año pasado se realizaron seis diálogos en Arauca, Montería, Quibdó, Barrancabermeja y Bogotá.
Aunque inicialmente se llamaban 'Diálogos para la No Repetición', ante la continuidad de los hechos de conflicto armado en el país, la Comisión de la Verdad decidió agregarles, para el 2020, 'para la no continuidad'. Este miércoles, la entidad que busca esclarecer los hechos del conflicto y dar recomendaciones para que no continúe retoma este espacio de diálogo y puesta en común, desde la virtualidad.
"La Comisión sentará a líderes sociales, a empresarios, a Fuerza Pública, a delegados del gobierno y Estado, a medios de comunicación y analistas internacionales para profundizar sobre los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto armado, e identificar casos, a la luz de problemas actuales, que permitan entender por qué estos factores se han reactivado o potenciado en algunas regiones", señaló la entidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
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