¿Glifosato y dosis mínima? Pero olvidan a los niños y sus madres

¿Glifosato y dosis mínima? Pero olvidan a los niños y sus madres

Con el crecimiento de las siembras de coca, la violencia se ha agravado para la población rural.

Cultivos ilícitos

Según la ONU, en las zonas colombianas donde se produce coca, el 68 por ciento de los niños no van a la escuela.

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LEONARDO MUÑOZ / EFE

Por: Juan Gossaín
20 de septiembre 2018 , 12:17 a.m.

Confieso que estoy escribiendo con el alma en el suelo. Tengo ganas de echarme a llorar, pero no sé si es de rabia o de dolor; a lo mejor es una mezcla de ambas cosas.
Según las estadísticas más recientes de la ONU (nada menos), en las zonas colombianas que se dedican a producir coca el 68 por ciento de los niños no van a la escuela.

¿Por qué? Porque los colegios les quedan muy lejos, porque no hay aulas suficientes, por miedo a la inseguridad o porque sus propios padres los obligan a trabajar la tierra, ya sea para cosechar alimentos o, inclusive, para sembrar coca. Por eso mismo, el 36 por ciento de toda la población campesina que vive en regiones de alta densidad de coca no sabe leer ni escribir.

¿Qué país es el que estamos creando, por Dios Santísimo?
El debate está que arde.

Dosis personal, fumigaciones, glifosatos: empezó de nuevo la discusión. El Gobierno propone decomisar las dosis de narcóticos, aunque sean mínimas, que no estén amparadas por una orden médica. Y se decidió también que vuelvan las fumigaciones contra cultivos ilegales, ahora desde el propio suelo, para evitar los perjuicios del glifosato aéreo sobre la naturaleza y las personas.

El gran caos

Hay opiniones a favor y en contra. El tema retumba día y noche en la prensa y las redes sociales. Lo inundan a uno con mensajes electrónicos.

¿Y los campesinos? ¿Y los territorios afectados? ¿Y de la gente, qué? Nadie se acuerda de ellos. Son los olvidados de la tierra. Manuel Rincón, que podría ser su símbolo perfecto, es un labriego anónimo que tenía una finca en Arauca. De allí lo sacó la guerrilla. Se fue al Casanare, su tierra natal, y empezó de nuevo a sembrar. De allá lo sacaron los paramilitares. Regresó a su antigua finca de Arauca, pero ya no como propietario, sino como peón. Su historia se repite diariamente, como una cantaleta trágica, por todo el país.

Lo que se está formando en Colombia es una gran confusión y un enredo monumental. Cada quien tiene su propia solución. Por ejemplo: el crecimiento de las hectáreas sembradas de coca varía según el autor de la información. Unos lo afirman y otros lo niegan. Unos lo suben y otros lo bajan. Y ya la gente no sabe a quién creerle.

La llegada de Trump

Como si faltara un elemento más para subirle el tono a la discusión, a finales de este año llegará a Colombia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un hombre tan conflictivo y tan impredecible que algunos periódicos colombianos dicen que viene en noviembre y otros dicen que es en diciembre.

El señor Trump es famoso en el mundo entero, pero no tanto por ser el jefe del Gobierno más poderoso del mundo, sino por sus modales ariscos, por las peloteras que arma diariamente, por los gestos que hace, por torcer la boca, por despepitar los ojos.

Una de las claves centrales de sus conversaciones con las autoridades colombianas será, quién lo duda, el crecimiento de los cultivos ilegales y los estragos que se están viendo a lo largo y ancho del planeta.

No hay una cifra que coincida con la otra. Se los digo yo, que he pasado los últimos seis meses buscando diariamente información fidedigna en todos los rincones.

Las cifras verdaderas

Acogiéndome a las investigaciones más serias y a las estadísticas más confiables que he podido encontrar, en Colombia hay 221.000 hectáreas sembradas de coca, la cantidad más alta de nuestra historia, correspondiente al año 2017.

Le pregunto sobre el tema a Emilio Archila, el nuevo consejero presidencial para el posconflicto, que dentro de poco pasará a llamarse alto consejero presidencial para la estabilización y consolidación del territorio. (Ya usted sabe que a los colombianos nos encanta enredar el nombre de los cargos y volverlos un rompecabezas).

–En los doce años que van del 2000 al 2012 –me responde– se comprobó que Colombia había logrado una notable reducción de cultivos ilegales. Pero después, en los cuatro años que van del 2012 al 2016, el incremento de esas siembras fue de 200 por ciento.

Ante semejante realidad, el consumo de narcóticos siguió creciendo en todas partes del mundo, incluyendo Colombia.

Se calcula que aquí hay 500.000 drogadictos, el 1,1 del total de nuestros habitantes. El 94,5 por ciento de toda la cocaína decomisada el año pasado en Estados Unidos procedía de Colombia. De otros países solo venía el 5,5 por ciento. Los números hablan solos.

Las madres desplazadas

–El campesino ha sido la víctima tradicional de medio siglo de conflicto en Colombia –me dice Francisco Tulande, asesor de comunicaciones del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Y agrega: “Víctima no solo de la guerra, sino también del abandono del Estado”.

En una investigación hecha sobre 353.351 hechos de violencia, se encontró que hubo 262.000 muertos y más de 80.000 desaparecidos

Entre Tulande y yo nos ponemos a rebuscar esos datos. Las cifras que tiene el Centro de Memoria Histórica son aterradoras: en una investigación hecha sobre 353.351 hechos de violencia, se encontró que hubo 262.000 muertos y más de 80.000 desaparecidos. La inmensa mayoría provino del campo: soldados, guerrilleros, paramilitares y civiles inermes.

Con el crecimiento de las siembras de narcóticos, el problema de la violencia se ha agravado para la población rural. La Unidad de Víctimas reporta 8 millones de desplazados. Ocho millones, imagínese usted: el 17 por ciento de la población completa del país.

Y eso no es todo. Miren esta cifra monstruosa: el 85 por ciento de las madres desplazadas son cabezas de sus propias familias. Pero nadie se acuerda de ellas cuando empieza la discusión. Ellas caen en el abismo del olvido. Díganme si eso no clama justicia al cielo y a los hombres.

En las fronteras

Hay una pregunta que desde hace mucho tiempo me viene dando vueltas y revueltas en la cabeza. (Y hay que ver que yo la tengo bastante grande). La pregunta es esta: ¿si la región colombiana de mayor producción cocalera es la frontera con Ecuador, por qué en Ecuador no siembran coca y en Colombia sí?

Por fin pude encontrar la respuesta, que es simple y hasta envidiable: porque en Ecuador el labriego es dueño de su predio. Si siembra algo ilegal, se lo expropian.
Emilio Archila, que mide cuidadosamente sus palabras y maneja con rigor sus cifras, me dice:

–Los departamentos de Nariño, Putumayo y Norte de Santander contienen el 63 por ciento de la coca cultivada en el país.

Luego me explica que la tercera parte de toda el área sembrada se encuentra en regiones de comunidades negras, resguardos de pueblos indígenas y parques naturales. Los colombianos más pobres.

Vuelven las fumigaciones

Le pregunto al señor Archila si la reanudación de fumigaciones con glifosato no va a afectar los acuerdos y las gestiones de paz con las Farc. Y si no va a provocar la reacción de las regiones implicadas, teniendo en cuenta los daños químicos a la naturaleza y los seres vivos.

–La nueva programación se va a hacer cumpliendo los parámetros que señaló la Corte Constitucional –contesta él–, cuyo fallo no prohibió las fumigaciones, sino que las condicionó a que se respeten unos requisitos. Los vamos a cumplir estrictamente.
Entonces le pregunto qué es más efectivo y más realista: fumigar esos cultivos, arrancarlos a la brava o ponerse de acuerdo con la gente para erradicarlos.

–Ese es un falso dilema –me responde, de manera rotunda–. En cualquiera de los tres casos se requiere de una reforma integral que recupere los territorios. Por eso es que ya empezamos a organizar los PDET.

170 municipios

Al ver mi cara de asombro se detiene para explicarme qué son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Se trata de los 170 municipios colombianos más afectados por la violencia y el narcotráfico.

–Tenemos que transformarles la vida –agrega Emilio Archila–. El plan no trata de someterlos, sino de recuperarlos con programas para el ámbito rural, la salud, servicios básicos, educación. Planes de desarrollo. Modernización para poder vivir la vida del siglo XXI.

Para lograrlo, es necesario que todos los ministerios, agencias y entidades del Estado se articulen entre sí, formen parte del programa, colaboren en forma armónica. Y también se necesita, para conseguirlo, el respaldo y la unión de los ciudadanos en toda la nación.

Los 170 municipios seleccionados son aquellos en los que confluyen los indicadores más dolorosos: altos niveles de pobreza extrema, necesidades básicas que nunca se remedian, los efectos del conflicto armado, estupefacientes y otras economías ilícitas.

–¿Otras? –lo interrumpo–. ¿Cómo cuáles?

–No es coincidencia que la minería ilegal aparezca en los mismos territorios donde está la coca. Ambos son productos de bajo costo de producción, no necesitan mano de obra sofisticada, tienen poco peso para transportarlos y se venden carísimos.

Epílogo

Me lo quedo mirando un largo rato. Me conmueve su convicción y me parece sentir en su voz un acento apostólico.

–¿Esa es la misión que usted se ha impuesto en la vida? –le pregunto.

–Sí –me replica, tajante–. Porque si no recuperamos esas comunidades, volverán a ser objeto de violencia. Eliminar la coca no elimina las condiciones para que la violencia vuelva a esas regiones. Si no estabilizamos esos 170 municipios, más temprano que tarde volveremos a estar en el infierno.

Nuestra entrevista ha terminado. Se levanta de la silla. Toma su maletín para ir al aeropuerto. En una hora regresa a Bogotá. Antes de entrar al ascensor se detiene un instante.

–Yo les pido a los colombianos –me dice– que no olviden esto: muchas veces hemos tenido violencia en Colombia. Y nunca el sufrimiento ha sido solo de quienes habitan en esos territorios lejanos. El dolor ha sido siempre de todos los colombianos en todas partes. No lo olvidemos.

JUAN GOSSAIN
ESPECIAL PARA EL TIEMPO

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