Gobernadores sin presencia del Gobierno, expresaron alerta por orden público

En el marco de la Cumbre de Seguridad Nacional por los Territorios, a la que fueron citados los gobernadores de los 32 departamentos, varios mandatarios regionales, así como el Fiscal y la Procuradora General, expresaron varios reparos por la situación de orden público que se vive en todo el país.

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A la cumbre de mandatarios no llegaron los representantes del Gobierno que estaban invitados.

El gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, aseguró que para nadie es un secreto la situación del país, la cual consideró "es compleja en orden público".

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El Gobernador añadió: "Tenemos problemas con 5 grupos armados al margen de la ley, diferentes estructuras que hacen más delicada la situación, todos los caqueteños tenemos miedo y zozobra porque no sabemos qué va a pasar con Caquetá".

De igual forma, señaló que cuando se firmó el cese el fuego bilateral, "el Ejército cumplió, pero los grupos al margen de la ley no".

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Gasca dijo que  son 32 gobernadores y 1.102 alcaldes "preocupados por la situación del país, de seguridad, ya el Presidente tendrá tiempo de explicar".

Para Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, es importante el rediseño de la 'paz total'. "Obviamente no va bien, tiene enormes vacíos y lo que queremos es que funcione, claramente no está funcionando", dijo.

Gaviria señaló que se ha presentado un daño por que los grupos armados "han aumentando el control territorial, se han extendido pero más vale tarde que nunca, siempre es momento para corregirlo".

Añadió que esta reunión es para reafirmar a la institucionalidad, que el problema de seguridad en el país no es menor, debe ser abordado desde la óptica más integral.

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De hecho, para el gobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, la mayor preocupación "es el crecimiento del accionar de las disidencias, ya no solamente son extorsión, secuestro, intimidación, sino que quieren intefenir en las elecciones. Necesitamos pasar a la ofensiva, no solo a palabras cordiales".

Al preguntarle sobre si tenía confianza frente a algún decreto de cese al fuego, el Gobernador Zuluaga respondió: "No hay ningún tipo de confianza, durante todo el tiempo que el Gobierno lo ha anunciado, no ha habido una manifestación por parte de estos grupos. Ahora el Estado, con el uso legítimo, debe defender a los ciudadanos, no podemos permitir que esta situación siga creciendo".

Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, afirmó que se deben garantizar los derecho a la vida y al medioambiente.

"Venimos a reafirmar nuestro compromiso, decirle al país y el mundo que el enemigo nuestro no es la institucionalidad, son los actores armados", aseguró el Defensor.

En esa línea dijo que, "nos concentramos como institución de derechos humanos en seguir emitiendo las alertas tempranas, seguir realizando los análisis y sistematizando la información que muestren los escenarios de riesgo de vulneración a los derechos humanos".

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Camargo, señaló que el Gobierno tendrá que defenderse frente a las acusaciones que le sean endilgadas: "nosotros desde la institucionalidad no nos dejamos desconcentrar, seguimos trabajando de la mano de las comunidades y reafirmando nuestro compromiso con el fortalecimiento de la democracia, por eso estamos aquí para decirle al país como venimos trabajando, estamos de cara a un proceso electoral que nosotros vamos a emitir la alerta electoral que no es presentarle al país un mapa de orden público sino cuáles son los riesgos en los que se encuentra nuestro sistema electoral".

A la cita de ayer, realizada en un hotel en Bogotá, también acudió la Procuradora Margarita Cabello, quien hizo fuertes críticas al Gobierno: “¿Qué está pasando con la seguridad en este país, alto Gobierno?”.

En su presentación, Cabello apuntó que el tema se debe saber manejar bien y definir “cómo vamos a plantear soluciones. Tener claro cuáles son las responsabilidades de cada una de las entidades, como son la seguridad ciudadana en cabeza de autoridades territoriales, la seguridad nacional del Gobierno frente a todos los grupos ilegales, y la defensa nacional que ya es tema del Gobierno”.

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De igual forma, la Procuradora Cabello se preguntó: “¿Qué está pasando? Estamos viendo una total desarticulación, tenemos equipos analizando en 8 puntos y evidentemente hay una total desarticulación entre seguridad nacional y ciudadana”.

A su turno, en la intervención ante los gobernadores, el Fiscal Francisco Barbosa dijo que ha venido escuchando una suerte de repetición permanente sobre las preocupaciones en temas de seguridad nacional en los territorios, algo que también ha percibido la Fiscalía.

“Tenemos 3.291 órdenes de captura que se lograron a través de jueces y no se han podido materializar por la Fuerza Pública, por la circunstancia de la expedición de decretos de cese del fuego con multiplicidad de organizaciones, gran parte de esos decretos derogados por su ineficacia", dijo Barbosa.

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Esa cifra se divide en 448 órdenes contra homicidios de reincorporados, sus familias y líderes; 160 por masacres y 2.683 por homicidio doloso.

REDACCIÓN JUSTICIA

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