Con el homicidio de Canas Velasco este fin de semana en zona rural de Toribío, norte del Cauca, son 36 los indígenas asesinados en lo corrido de este año en ese departamento –de acuerdo con cifras de la Fiscalía General–. Naciones Unidas señala que durante 2018 fueron asesinados 26 indígenas.
Estos crímenes, que afectan en su gran mayoría a líderes o integrantes de la Guardia Indígena, han sido perpetrados por integrantes de las disidencias de las Farc, de según los resultados arrojados en medio de las investigaciones.
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“Ha habido oposición del pueblo indígena al tema de cultivos de uso ilícito y a todas las actividades a su alrededor. Han realizado varias capturas de disidentes y les han incautado y destruido gran cantidad de armas y estupefacientes, lo que los convirtió en objetivo militar de estos delincuentes”, dijo a EL TIEMPO el director seccional de fiscalías en Cauca, Raúl González Flechas.
El fiscal señaló que entre las comunidades más afectadas por esta serie de asesinatos se encuentran los pueblos nasa y misak y los resguardos de Huellas, Toribío, San Francisco, Tacueyó y Las Delicias, ubicados en el norte de Cauca.
Las autoridades han logrado hasta el momento la condena de ocho personas, de las cuales cuatro han sido sentenciadas por la Jurisdicción Especial Indígena.
De acuerdo con la Fiscalía, son tres las estructuras de las disidencias –antiguos combatientes de las Farc que no se subieron al bus de la paz y siguieron por el camino de lo ilegal– los que están detrás de los crímenes de los indígenas.
La primera red fue identificada como la columna móvil ‘Jaime Martínez’, al mando de ‘Mayimbú’, quien integró el sexto frente de la otrora guerrilla y por quien hoy se ofrecen hasta mil millones de pesos por información que facilite su captura.
Además, a ‘Mayimbú’ se le sindica de haber participado en la llamada ‘masacre de Suárez’, que cobró la vida de la candidata a la alcaldía de ese municipio Karina García y de cuatro personas más.
En segundo lugar están los hombres al mando de ‘el Indio’ que integran la facción ‘Dagoberto Ramos’ y que mantienen una alianza con ‘Mayimbú’ para mantener el control de la zona.
La tercera red, que es la más pequeña, se hace llamar ‘Carlos Patiño’, de acuerdo con los informes de inteligencia, su jefe es alias el Mocho. Esta red, según las investigaciones, mantiene relación con los carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y los Zetas para la producción y venta de cocaína.
El director de fiscalías aseguró que “en Cauca no hay estructuras armadas de carteles mexicanos. Esos panfletos que hacen circular a nombre del cartel de Sinaloa son falsos, son una forma de intimidar. Aquí encontramos emisarios mexicanos que vienen a negociar la coca, a verificar la calidad del envío, a cumplir con los pagos y se van a su país, no se quedan”.
González señaló que se ha detectado que en algunas ocasiones los carteles mexicanos les pagan con armas de fabricación americana a las disidencias, estos artefactos ingresan al país por Buenaventura, Valle, o por las costas de Guapí, Cauca.
“Hemos incautado armas americanas en manos de las disidencias, y con el dinero que les entra producto del narcotráfico es que están dotándose con uniformes, radios, equipos y municiones”, señaló el fiscal, quien reiteró que ese es el motivo para estar asesinando a los indígenas.
“El hecho de que se opongan a este negocio criminal los deja en medio del fuego. Lo grave es que quien los mata también es indígena, lo que está generando divisiones en las comunidades”, puntualizó.
El norte de Cauca –que comprende 13 municipios– es el más álgido de la región porque allí se concentran los cultivos de hoja de coca y de marihuana tipo creepy, sumado al corredor natural que conforman la región del Naya y el cañón del Micay, que permite llegar a la costa Pacífica y de allí embarcar la droga hacia Centroamérica.
No en vano el 67 por ciento de los homicidios en Cauca se registran en la zona rural, por lo que el Ejército y la Policía han reforzado su presencia, respetando la soberanía territorial de los pueblos indígenas.
En 2016 se detectaron 236 hectáreas sembradas con marihuana en este departamento; de ellas, un 80 por ciento haría parte de la variedad creepy, con un alto porcentanje psicoactivo, que hoy tiene su precio disparado en el exterior, hasta 70.000 dólares por kilo.
Y el año pasado, Naciones Unidas detecto 17.117 hectáreas sembradas con matas de coca, cuyo kilo procesado a cocaína alcanza un valor base en México de 25.000 o 30.000 dólares.
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