“Se tienen que ir de acá ya”, les dijo uno de los hombres armados, que presuntamente pertenece al Eln. Los pobladores del resguardo indígena de Murindó, muchos de los cuales no hablan español, necesitaron ayuda para entender la amenaza.

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“Instalaron 15 minas en la zona. Ese mismo día, las mujeres, quienes decidieron por el grupo, agarraron sus pertenencias personales y emprendieron el camino. Los bebés lloraban, era una situación difícil. Sentíamos miedo”, relató José William Domico, líder del cabildo mayor de Murindó, en Antioquia, de donde a principios de marzo fueron desplazadas a la fuerza más de 175 personas.

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La situación de esta comunidad ilustra el drama que han vivido –solo entre el 1.º de enero y el 7 de marzo de 2021– al menos 11.150 colombianos, según datos de la Defensoría del Pueblo. De esta preocupante cifra, el 90 por ciento pertenece a población afrodescendiente, negra o indígena.

La dimensión del desplazamiento forzado interno en Colombia es tal que, de acuerdo con el más reciente informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), nuestro país ocupa el primer lugar global en número de personas desplazadas. Según la Unidad para las Víctimas, desde 1985 hasta este año, más de ocho millones de ciudadanos (alrededor del 16 por ciento de toda la población nacional) han tenido que abandonar sus casas por cuenta de la violencia.

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En 2020, según información de la Defensoría, hubo en total 28.509 víctimas de este flagelo, lo que equivale, en promedio, a 78 desplazados al día. Pese a la alarmante dimensión de la cifra, en lo corrido del 2021 el fenómeno va a un ritmo muy acelerado pues diariamente estarían desplazando a por lo menos 168 personas, lo que equivale a un aumento del 115 por ciento en el número de víctimas, de acuerdo con la entidad.

Como alertó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, este año se han presentado en el país cuatro hechos de desplazamiento masivo por semana, lo que ha llevado a “una situación de revictimización de la población campesina y étnica, que ha quedado expuesta a confrontaciones, amenazas y riesgo de reclutamiento forzado por parte de los diferentes grupos ilegales”, informó la entidad.

Conforme a este organismo, las zonas más afectadas por este fenómeno en lo que va de este año son el sur del departamento del Cauca, el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño y chocoano, Buenaventura, el Catatumbo (Norte de Santander) y el Alto Baudó (en Chocó).

De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, entidad encargada de la atención humanitaria y de reparación a los afectados en estas situaciones, el Eln figura como el presunto responsable de la mayoría de los eventos, seguido por el ‘clan del Golfo’, el grupo delincuencial ‘la Local’ y las disidencias del frente ‘Oliver Sinisterra’ y el frente 30.

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Además, otro tema que ha llamado la atención es el de los confinamientos, que ya suman 40 en los primeros meses del 2021, en comunidades de Chocó, Cauca y la costa nariñense. Este fenómeno, impuesto por los actores armados, afectó al menos a 66.734 personas el año pasado, según la Defensoría del Pueblo.

Para Marco Romero Silva, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), las comunidades indígenas, afro y campesinas enfrentan un mayor riesgo por estar situadas en “los lugares más desprotegidos del país, donde el Estado nunca llegó, en los que no hay políticas de protección ni capacidad reguladora institucional”.

Frente a este fenómeno, la Acnur indica que “hay riesgos muy importantes para la protección de la población civil”, pues en algunas regiones los desplazamientos se han incrementado en zonas urbanas. De hecho, según los datos de la Defensoría, de los 30 eventos de desplazamiento masivo que se han presentado este año, 16 fueron intraurbanos y 14, rurales.

Para el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia, el fenómeno intraurbano se debe “a la presencia de grupos de delincuencia común que están propiciando que las personas se desplacen de barrio a barrio o de ciudad a ciudad”.

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Ante este panorama, Romero Silva afirma que es importante observar este fenómeno de forma sistemática y no aislada, pues deben tenerse en cuenta aspectos como el aumento de las masacres y los asesinatos de líderes sociales, situaciones que influyen en el desplazamiento.

“No se puede caer en una visión simplista de la crisis humanitaria, o asumir que su única causa es el narcotráfico”, argumenta el director de Codhes.

Respecto a las acciones del Gobierno para resolver y amainar este fenómeno, el defensor del Pueblo le reiteró al Ejecutivo la importancia de implementar medidas de protección y mitigación del riesgo de la población que puede sufrir desplazamientos. También solicitó “atención humanitaria de emergencia y restitución de derechos para las comunidades desplazadas, por medio de un retorno a sus lugares de origen con suficientes garantías de seguridad”.

De acuerdo con el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, cuando se presentan emergencias por desplazamientos se activa un plan de contingencia con los entes territoriales, para garantizar alimentación, alojamiento y demás necesidades básicas de la población afectada.

“Para los retornos, nos basamos en tres principios: dignidad, voluntariedad y seguridad. No presionamos a los habitantes a que se devuelvan a sus lugares, esto debe darse cuando las condiciones estén garantizadas y haya un plan de retorno, en el que diferentes entidades asumen compromisos y hacen seguimiento para evitar que estas situaciones se repitan”.

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En los procesos de retorno de las comunidades a sus territorios se han realizado planes de acompañamiento de la Policía y en algunos casos complejos incluso con la presencia del Ejército o la Armada.

Organizaciones como Codhes señalan que se requieren soluciones definitivas para evitar los desplazamientos de las comunidades y mejorar la articulación con las autoridades locales.

¿Cuál es el panorama de desplazamiento que enfrenta Colombia?

En lo que va corrido del 2021 se vienen presentando en promedio 4 hechos de desplazamientos masivos por semana.
Desde el 1.º de enero hasta el pasado 7 de marzo, en la Defensoría había reportados 16 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 eventos de desplazamiento masivo rural, los cuales afectaron a un total de 4.062 familias, que son 11.150 personas.
Desde 2017, los hechos de desplazamiento forzado se vienen concentrando en Nariño, Chocó, Antioquia, Córdoba y en el puerto de Buenaventura.

Comparada con el año 2020, ¿cómo está la situación en 2021?

En el primer bimestre del 2020 hubo 18 eventos de desplazamiento, que afectaron a 2.426 familias, mientras que en el 2021, en el mismo periodo van 31 eventos de desplazamiento, que representan 4.157 familias, lo que significa un aumento de 72 por ciento de eventos.

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¿Por qué aumentó el desplazamiento forzado?

Continúa siendo una estrategia de guerra por parte de los grupos ilegales. En relación con los periodos con índices más altos de desplazamiento forzado –en los años 2002 (777.000 personas desplazadas), 2005 (485.000), 2007 (484.000), 2008 (239.000), 2018 (259.000)–, se ve una disminución, pero sin importar la cifra, la vulneración de los derechos continúa y se refleja en el desplazamiento y confinamiento de poblaciones.

¿Cómo está trabajando la Defensoría para atender a la población afectada?

La Defensoría ha venido advirtiendo los riesgos de desplazamiento y ha activado las rutas de atención una vez han ocurrido los hechos.
Para que se lleven a cabo los procesos de retorno se debe cumplir con los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad. En tanto se prolonguen las causas del desplazamiento, como la presencia y disputas territoriales de grupos armados ilegales y la expansión de economías ilegales, no habrá un escenario de garantías para hacer sostenibles los retornos.

LEIDY PEÑA SOLANO Y JULIÁN RÍOS MONROY
Redacción Justicia
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