Defensoría había alertado al Gobierno sobre riesgos en Mapiripán

La Defensoría del Pueblo, siguiendo su estrategia de alertas tempranas sobre posibles violaciones de derechos humanos en el país, ya le había advertido al Gobierno de posibles riesgos en la población de Mapiripán, Meta, donde este lunes ocurrió una masacre que terminó con la vida de seis personas. 

Esa advertencia fue hace cuatro meses, en agosto 3. Bajo la alerta 065, señala el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, no solo se advertían escenarios de riesgo en Mapiripán sino también en Puerto Concordia. 

La alerta era todavía más puntual sobre riesgos en la vereda Realidad, donde ocurrieron los hechos. "Específicamente advertíamos que en esa vereda existían dos escenarios de riesgo por dos asuntos: por el acceso y clarificación de la propiedad y, segundo, por el cultivo de hoja de coca y la comercialización de la pasta de coca".

Negret dice que dada la existencia de esos riesgos y de la presencia de dos actores armados ilegales, los denominados Puntilleros y la disidencia de las Farc, derivada del frente primero y del frente séptimo, le habían advertido "al Gobierno, al Viceministerio del Interior, sobre asuntos pertinentes que no se tomaron".

Fuentes de ese ministerio dicen que las autoridades judiciales han señalado preliminarmente que las víctimas no son de la zona; además, “evalúan varias hipótesis que hacen pensar que lo ocurrido en Mapiripán estaría relacionado con situaciones distintas a las consignadas en la alerta temprana remitida por la Defensoría”.

De otro lado, familiares de los asesinados rechazaron este miércoles que estos hayan sido vinculados con actos delictivos y pidieron a las autoridades que se condene a los responsables. El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro Jiménez, atribuyó la masacre a “una disputa por rutas de narcotráfico” que tendría como responsables a hombres de ‘los Puntilleros’ del Bloque Meta.

PAZ Y JUSTICIA
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