¿Qué hay de positivo y de negativo en crear una red de informantes?

¿Qué hay de positivo y de negativo en crear una red de informantes?

Las redes de participación cívica hacen parte de la estrategia de seguridad de Duque. Análisis.

Iván Duque

El presidente Iván Duque presentó la política de seguridad este miércoles en la mañana desde la base militar de Tolemaida.

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EFE

Por: Justicia
07 de febrero 2019 , 12:52 p.m.

La estrategia de seguridad que el presidente Iván Duque presentó el miércoles y en la que incluyó la creación de redes de cooperación cívica -o redes de informantes-, para crear canales de comunicación con la ciudadanía con el fin de desarticular la criminalidad, abrió un debate sobre qué tan beneficiosa sería esta figura. 

El presidente aseguró que esta red busca darle una participación mucho más activa a la ciudadanía, facilitando herramientas de comunicación para que se informen sobre posibles actividades delincuenciales. 

De hecho, estas redes ya vienen funcionando desde finales del año pasado en departamentos como Meta, Tolima, Cauca, Guaviare, Antioquia, Atlántico, Huila, y en algunas ciudadanas principales. En estas zonas la Policía les ha entregado a ciudadanos, empresas de vigilancia, gremios e instituciones, medios tecnológicos como celulares y radios para que puedan informar actividades sospechosas. También se han establecido canales para obtener de una manera más pronta videos de las cámaras de seguridad. 

Aunque la propuesta ya está en marcha, expertos consultados por este diario hablaron sobre los efectos negativos que podría traer, y sobre sus similitudes con la Red de Cooperantes que hizo parte de la política de Seguridad Democrática del gobierno del expresidente Álvaro Uribe. 

Camilo Echandía, experto en conflicto urbano, afirmó que llama la atención que esta parezca una "revisión de la misma propuesta política de Uribe, y que copie incluso la cifra de un millón de personas en la red de informantes (...) Esto es una copia al carbón de la política de seguridad democrática", aseguró. 

"Lo primero que uno se pregunta es ¿por qué esa cifra de un millón? ¿por qué no se tiene en cuenta al conjunto de colombianos, si es un deber de todos los ciudadanos ayudar a las autoridades en la denuncia de la comisión de delitos?", cuestionó.

Esto es una copia al carbón de la política de seguridad democrática

Según Echandía, no es claro si finalmente habrá o no un pago de recompensas para los ciudadanos que entreguen información, pago que desdibujaría ese deber ciudadano de colaborar para mantener la seguridad en el país.

También dijo que en condiciones de conflicto armado, violencia y crimen organizado como las que tiene Colombia, hay regiones en donde "muchas veces las personas son rehenes de quienes hacen presencia en esos territorios", por lo que es limitada la posibilidad de que la información que brinden sea fidedigna y confiable. 

"Esta estrategia en el pasado llevó a capturas masivas, donde se denunciaba a una cantidad de gente por su presunta participación con grupos al margen de la ley, y esas personas en su inmensa mayoría tuvieron que ser liberadas porque la justicia no tenía ninguna base probatoria para tenerlos tras las rejas", asegura Echandía. 

María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, afirmó que esta figura no es nueva pues la participación ciudadana en la seguridad existe en el país desde los 90, y está reglamentada desde el 2002.  Así, Llorente dijo que más que evaluar si la iniciativa de Duque es buena o mala, hay que medir qué tanto control se tendrá sobre esta red de cooperantes o informantes, y cuestionar qué tan efectiva ha sido esta estrategia en el pasado. 

"Es bastante lógico que hay que contribuir para tener un entorno más seguro. Es un deber ciudadano colaborar. Pero aquí el punto es ¿el Estado puede controlar el poder que les da a los civiles y a los privados para tener injerencia en la seguridad? La pregunta no es si hacerlo o no, sino saber si podemos controlarlo para que se cumplan los límites y no nos sobrepasemos", aseguró. 

Aquí el punto es ¿el Estado puede controlar el poder que les da a los civiles y a los privados para tener injerencia en la seguridad?

Llorente aseguró que en la propuesta de seguridad de Duque se han dado varios puntos de debate -además de la propuesta de crear estas redes de participación cívica-. Uno de ellos es el que está releacionado con el porte de armas en manos de particulares. Desde esta perspectiva afirmó que se debe tener en cuenta que el garante de la seguridad es el Estado, y que el monopolio de las armas lo tiene el Estado. 

La directora de la FIP también aseguró que antes de volver a retomar estas formas de cooperación ciudadana en la seguridad, lo que se debería plantear es una revisión sobre qué tan efectivos han sido estos mecanismos en el pasado. Recordó que en los 2000 la Cámara de Comercio de Bogotá hizo una revisión sobre los resultados de este tipo de redes, y encontró que "no eran tan positivos en términos de eficacia". 

El coronel (r) Alfonso Velásquez, profesor en la Universidad de la Sabana, aseguró que, en principio, ve negativa la propuesta de la red de cooperación cívica de Duque por la difusión que ha tenido. "Difundir la estrategia, hacerle tanta propaganda, lo que facilita es que gente con no propiamente buenas intenciones se meta allí. A veces, buscando obtener beneficios, inventan información o usan este mecanismo para sus venganzas personales. Estos asuntos hay que manejarlos discretamente", aseguró. 

Según Velásquez, lo ideal es que el ciudadano informe porque le nace, porque ve al Estado como legítimo y confía en él, y no porque le paguen o le den un beneficio.
El coronel (r) coincide con Echandía en que la propuesta tiene muchas similitudes con la que en su momento usó Uribe:

"Esto es para simpatizar con Uribe, porque él fue el que se la inventó. En la época de Uribe esto condujo a más problemas porque de allí se derivaron muchas irregularidades, incluso en su momento se vinculó este programa con falsos positivos", dijo. 

El general (r) Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía, aseguró que aunque este tipo de estrategia es muy importante en su desarrollo no se puede improvisar porque si se deja en manos de ciudadanos que no están preparados, el plan puede salir mal. 

"Esta estrategia hay que compartimentarla por sectores, es decir, implementarla por zonas o barrios en los que se encuentre a un líder que debe ser capacitado, y que

Muchas veces se pierden los esfuerzos porque la información no es verdadera, no está bien dirigida, o porque no hay una respuesta efectiva de la justicia

Según Gilibert, los ciudadanos cooperantes no pueden quedar al garete, sino que deben "recibir información, debe ser una labor de tiempo completo, y depender del Gobierno ya sea municipal, departamental o Nacional". 

El riesgo de que no haya un control sobre los ciudadanos que entregan la información, aseguró, o que no estén articulados y preparados, podría llevar a que los esfuerzos se dilapiden y no se vean los resultados esperados. "Muchas veces se pierden los esfuerzos porque la información no es verdadera, no está bien dirigida, o porque no hay una respuesta efectiva de la justicia". 

JUSTICIA

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