Cultivos ilícitos en territorios indígenas: un callejón con salida

Cultivos ilícitos en territorios indígenas: un callejón con salida

Hay casos que muestran que la sustitución voluntaria de cultivos es posible.

Cultivo en la comunidad de Guambia

Colombia no es hoy un país afectado por la producción de amapola. En la foto, un cultivo en la comunidad de Guambia, municipio de Silvia, Cauca.

Foto:

Rodrigo Arangua / AFP

Por: Alejandro Triana Sarmiento - Razón Publica
14 de septiembre 2019 , 10:40 p.m.

Hay más coca: ¿qué hacer?

En el cuarto punto del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc se acordó construir un plan integral para solucionar “el problema de las drogas ilícitas”. Con dicho plan se buscaba aproximarse a las realidades rurales y atender las principales causas por las que las comunidades tienen cultivos ilícitos.

Con el acuerdo de paz, el gobierno Santos pasó de un enfoque de intervención punitivo –aspersión aérea, erradicación manual forzosa, extinción de dominio, etc.– a una mirada con enfoque territorial. El objetivo de este nuevo enfoque era diseñar soluciones sostenibles para evitar la reincidencia en esta práctica ilegal.

A pesar de esta nueva aproximación, la producción de cultivos ilícitos ha aumentado. Desde 2012 –año en que se iniciaron los diálogos de La Habana–, hasta 2018 –dos años después de la firma del acuerdo–, la producción de cultivos de coca creció 3,4 veces.

Según cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), eso quiere decir que los cultivos de coca pasaron de ocupar 47.788 hectáreas a ocupar 169.000 hectáreas (la cifra de EE. UU es mayor).

Ante esta realidad, se han expuesto varias hipótesis para explicar el resultado negativo que ha tenido la solución planteada en La Habana: algunos afirman que el incentivo que propuso el Gobierno para las familias con cultivos ilícitos se volvió un incentivo inadecuado; otros han dicho que el aumento ha sido causado por la reacomodación y formación de grupos armados ilegales y de narcotráfico, que están interesados en tomar el control del negocio en las zonas donde hacían presencia las Farc, y otros simplemente explican el aumento en los cultivos de coca por las complejidades que ha tenido el proceso de implementación del acuerdo en materia de drogas.

Actualmente, el Gobierno Nacional enfrenta una crisis en materia de seguridad, relacionada con el aumento del poder del narcotráfico, y otra crisis en materia de salud pública, por el posible incremento en los niveles de consumo de drogas en el país.

En ese escenario, el gobierno de Iván Duque ha propuesto reactivar el enfoque punitivo, implementar planes de erradicación manual forzosa y retomar las aspersiones con glifosato. El rechazo que ha producido esta última medida se explica por:

1. Las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los impactos negativos que produce este agroquímico en las personas.

2. El fallo de la Corte Constitucional sobre el principio de precaución frente a los riesgos en la salud de las comunidades.

3. Y el hecho de que los territorios afectados están mayoritariamente en contra de las aspersiones con glifosato.

Los inga: un caso exitoso

En la actualidad, Colombia no es un país fuertemente afectado por la producción de amapola. Si bien este cultivo tuvo un auge a mediados de los años noventa, cuando se calculó que había 20.000 hectáreas, hoy solo se registran 462 hectáreas, según la percepción de los reconocimientos aéreos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Por lo tanto, aunque los cultivos de amapola no representan un problema de la misma magnitud que los cultivos de coca, se trata de un fenómeno sostenido y concentrado particularmente en Cauca y Nariño.

Para profundizar en los estudios técnicos sobre las características de este cultivo, el pasado mes de marzo el Ministerio de Justicia y la UNODC publicaron el informe ‘Caracterización agrocultural del cultivo de amapola y de los territorios afectados’. El objetivo del informe era conocer las realidades territoriales que viven las comunidades inmersas en esta economía ilegal.

Una de las secciones sobresalientes del estudio documenta la historia del origen, auge y abandono voluntario de la producción de amapola en el resguardo indígena de la comunidad inga.

Este resguardo se encuentra ubicado en el municipio de El Tablón de Gómez, Nariño, una de las regiones más golpeadas por el narcotráfico y el conflicto armado. La comunidad inga vivió el auge de los cultivos ilícitos impulsados por la presión violenta de los grupos armados ilegales en la década de los noventa.

Por esa época, la producción de amapola se convirtió en un medio de aumento de ingresos económicos y del poder adquisitivo de los indígenas, pero también en el motor de la violencia, de la deforestación, del consumo de drogas, del embarazo a temprana edad y de la deserción escolar.

Para responder al problema del narcotráfico a inicios de este siglo, el Estado combinó la erradicación manual forzosa, la aspersión aérea y el impulso de programas de desarrollo alternativo en el municipio donde se encontraba el resguardo.

A pesar de la implementación de estas medidas, la comunidad continuó produciendo amapola. Sin embargo, cuando algunas familias empezaron a vender sus predios, la comunidad reflexionó y se dio cuenta de en qué se había convertido el resguardo, de la pérdida de su identidad cultural, del daño que les estaban haciendo a las futuras generaciones y a la naturaleza.

Por eso, con el liderazgo del entonces gobernador del resguardo, Hernando Chindoy Chindoy, toda la comunidad inició un plan de recuperación del territorio tomado por la ilegalidad. Entonces, establecieron acuerdos voluntarios para abandonar la producción de la amapola, resistieron de manera pacífica las acciones violentas de los grupos armados, y se propusieron restablecer los principios culturales, el respeto por la madre naturaleza y el cuidado y la defensa del territorio inga.

Además, el programa de Familias Guardabosques –que se dio de manera diferenciada por solicitud del cabildo– favoreció la decisión de las comunidades. Con ese programa, se redistribuyeron los recursos entregados a todo el resguardo, sin distinguir únicamente a las familias productoras de amapola.

A esto se sumó la muerte de alias Vallenato, un cabecilla de las Farc que controlaba el territorio, y la caída del precio del látex, el derivado de la amapola esencial para la producción de heroína.

Una salida

Como medio económico alternativo a la producción de la amapola, el resguardo concentró sus esfuerzos en la producción sostenible de café. La comunidad y las autoridades ingas lograron posicionar su marca de café Wuasikamas globalmente por medio de exportaciones que aún sostienen.

Gracias a la decisión de abandono voluntario de la amapola, el resguardo inga se convirtió en un referente nacional e internacional de una experiencia exitosa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y recibió el Premio Ecuatorial 2015, otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) por el avance social, económico y ambiental de su territorio. Durante más de diez años, el territorio inga se ha mantenido libre de cultivos de amapola.

Colombia enfrenta grandes retos en la reducción de los cultivos ilícitos. Las 169.000 hectáreas de coca reportadas por el Simci en 2018 representan un verdadero desafío para el Gobierno Nacional. Los cultivos ilícitos se concentran en territorios con distintas características y realidades. Pero del total de hectáreas de coca, los resguardos indígenas tienen 16.589 hectáreas, es decir, el 10 por ciento del total nacional.

Para aportar al debate sobre las medidas que debe tomar el Gobierno en esta materia, el resguardo inga es un caso exitoso que debe tenerse en cuenta. Es necesario comprender que la promoción de alternativas económicas y el uso de medidas coercitivas para erradicar los cultivos no son las únicas líneas de acción existentes para fomentar un abandono sostenido de esta práctica. Impulsar la recuperación de la identidad cultural y la cosmovisión indígena es fundamental para incidir en las comunidades, de modo que ellas mismas incentiven el abandono de la producción de dichos cultivos.

Quizás, profundizar e indagar más en estas buenas prácticas de abandono voluntario que se han dado en el país puede contribuir para tomar decisiones con enfoque territorial (ver ‘Sacha inchi: un súperalimento...’). Aunque tal vez eso no produzca resultados inmediatos, sí permitirá construir planes de atención que faciliten un abandono sostenible, y que eviten la reincidencia en esta práctica.

ALEJANDRO TRIANA SARMIENTO*
Razón Publica**
* Investigador de apoyo con énfasis en estudios territoriales del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). ** Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.

Descarga la app El Tiempo

Con ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias.

Conócela acá
Sigue bajando para encontrar más contenido

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.